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Demandan al Estado uruguayo por el cierre de Pluna y exigen US$ 800 millones

Ocho años después del cierre de la aerolínea Pluna, trasciende que una empresa panameña demandó al Estado uruguayo por presunta responsabilidad en la suspensión de la compañía.

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Mediante un comunicado de prensa, el directorio de la aerolínea informó el jueves 5 de julio del 2012, que Pluna suspendía indefinidamente sus operaciones debido a la situación económico-financiera de la empresa luego de la abrupta salida del inversor privado, Leadgate Investment.

Según publica en esta jornada el diario El Observador, una empresa panameña de inversiones que tenía acciones en Pluna presentó una demanda por US$ 800 millones contra el Estado uruguayo para obtener una compensación financiera por su presunta responsabilidad en el cierre de la aerolínea de bandera nacional, en 2012.

El 9 de julio el Poder Ejecutivo envió al parlamento un proyecto de ley que líquida Pluna debido a su situación de «insuficiencia patrimonial», la imposibilidad de la aerolínea de acceder a la liquidez y la carencia de financiamiento, dejando a Uruguay sin aerolínea de bandera. Sus aviones quedaron en el Aeropuerto de Carrasco.

El reclamo de la compañía Larah fue presentado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, según informó la entidad internacional en su sitio web. El tribunal que juzgará el litigio ya fue conformado. Está integrado por el francés Alexis Mourre (que será el presidente), el colombiano Eduardo Zuleta y el mexicano Eduardo Siqueiros.

El periodista Nicolas Scafiezzo, indicó en la nota que aunque el Gobierno declaró confidencial la información sobre el juicio salió a la luz que se contrató para la defensa al estudio Foley Hoag, de Washington DC, el mismo que defendió al Estado –y lo hizo ganar– en los juicios presentados por la empresa minera Aratirí y la tabacalera Philip Morris –litigio que también se resolvió ante el Ciadi.

Ante una solicitud de acceso a la información pública realizada por el periodista Víctor Bachetta, el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, indicó que no era posible brindar información acerca de los “registros de las actuaciones del Poder Ejecutivo con respecto a la demanda de la empresa Larah” por tratarse de información “clasificada como confidencial por la Resolución de Presidencia de la República P/88 del 24 de marzo de 2020”.

En representación de la compañía demandante están Freshfields Bruckhaus Deringer, de la ciudad de Nueva York, el estudio uruguayo Ferrere y el Dechamps International Law, con sede en Londres y Buenos Aires.

Finalmente indican que para tasar el monto a reclamar se tuvo en cuenta el valor proyectado que la aerolínea tendría hoy y el valor de los aviones Bombardier que eran propiedad de Pluna y que fueron subastados como parte del concurso de acreedores.

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