Amparándose en el vago argumento de «hechos de apariencia delictiva” la mayoría oficialista del directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) presentó una demanda penal por supuestos sobrecostos en la construcción del Antel Arena. “Habrá que analizar la responsabilidad civil y/o penal de las personas involucradas”, dijo el abogado del organismo, Gustavo Bordes.
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“El circo montado tiene más que ver con una campaña de comunicación política que con la buena gestión de la cosa pública. En base a una auditoría inconsistente se degradó durante un año este valioso patrimonio”, sostuvo el director en representación del Frente Amplio (FA), Daniel Larrosa, en su cuenta de Twitter.
Precisó luego, en conferencia de prensa, que “en ningún momento dice que haya hechos de apariencia delictiva, ni demuestra que haya algo que se haya comprado con sobrecostos y tampoco demuestra que algo que figura como comprado no esté».
El circo montado tiene más que ver con una campaña de comunicación política que con la buena gestión de la cosa pública
Larrosa agregó que el departamento de Jurídica de Antel «nunca dijo que hubiera algo de apariencia delictiva».
“Todo el proceso de denuncia ha sido manejado por un estudio privado contratado”, aseveró el jerarca.
Obra necesaria
Destacó que el Antel Arena es una «obra muy necesaria para Uruguay» y remarcó que fue construido “dentro de las potestades que Antel tiene para hacer obras”. Incluso “está dentro del giro de la empresa hacer ese tipo de obras que tienen que ver con Marketing basicamente, además de todo un impacto social en Uruguay”.
Sostuvo que en el análisis realizado para efectuar la denuncia “encontramos algunas omisiones y errores graves”.
Indicó que entre estas “no se tomó en cuenta la inflación”, “se omitió que en el plan de negocios había tres escenarios”, y que “se mezclaron gastos e inversiones, cuando la comparativa que se hace es con inversiones”.
Todo el proceso de denuncia ha sido manejado por un estudio privado contratado”
Señaló que el plan de negocios tenía «tres escenarios». El «base” era de US$ 66 millones de «inversión», otro de US$ 74 millones y un tercero de US$ 82 millones. «A nuestro entender, si uno hace las cuentas deflactándola y toma en cuenta solo la inversión estaríamos dentro de esos tres escenarios», precisó. La auditoría manejó un costo de US$ 118 millones.
“Al menos unos US$ 35 millones, US$ 40 millones se han puesto de más en la auditoría», subrayó.