Durante el encuentro, la coordinadora nacional de CLADEM Uruguay, Ana Lima, subrayó la urgencia de “abrir espacios de diálogo y formación dirigidos a mujeres, con especial énfasis en quienes ocupan espacios de decisión, para fortalecer su incidencia en la generación de leyes y políticas públicas no discriminatorias”.
La presidenta de la Asamblea General, Carolina Cosse, llamó a “aprender de las prácticas en otros países e implementar un sistema integral en el cuidado de la infancia en su conjunto”. Cosse mencionó además el estudio de la derogación de artículos de la Ley de Tenencia Compartida, y reflexionó sobre “la crisis de la democracia a nivel mundial, la búsqueda del poder, desde las mujeres, para transformar el mundo y cambiar la sociedad”.
No son denuncias falsas
Por su parte, la directora de programas de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado, señaló la necesidad de “amplificar la voz con esta temática y buscar consensos políticos, en un marco de avances legislativos y en políticas públicas en derechos humanos”. Furtado expresó preocupación por las reacciones que “cuestionan, relativizan o menoscaban estas leyes con el argumento de las denuncias falsas”, lo que —advirtió— “obstaculiza el acceso a la justicia para las mujeres y perpetúa la impunidad”.
La publicación coordinada por Amoroso aborda leyes y políticas sobre “alienación parental” en la región, el rol de la Convención de La Haya y las experiencias comparadas en Sudamérica. Según explicó, el texto “busca aportar herramientas para el debate desde una perspectiva de derechos humanos, con mirada regional y con especial atención al impacto diferenciado que esta figura tiene sobre las mujeres y las infancias”.
La directora de la asociación civil El Paso, Andrea Tuana, destacó que la “alienación parental” ha sido “instrumentalizada para revertir denuncias de mujeres que buscan proteger a sus hijos e hijas”, práctica que —advirtió— “termina desacreditando a las víctimas y revictimizando a las madres protectoras”.
Desmontar la “alienación parental” como argumento jurídico
En tanto, Sofía Quiroga, representante de Equality Now, apuntó que el principal desafío es “la fragmentación del sistema de justicia, donde aparece la desacreditación del testimonio de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; casi siempre protegidos por una figura femenina frente a la agresión de un hombre, en general el padre”. Quiroga propuso tres niveles de acción: el legislativo, para generar normas con enfoque de género; el judicial, para formar a operadores del derecho; y el social, para fortalecer la incidencia de la sociedad civil.
Las organizaciones convocantes coincidieron en que la “alienación parental” se ha transformado en una forma de violencia institucional y de género, al revertir los avances en derechos humanos y protección de la infancia. Alertaron que, mientras esta figura continúe siendo admitida en procesos judiciales, seguirá utilizándose para silenciar denuncias, castigar a las madres protectoras y perpetuar desigualdades estructurales.
El encuentro cerró con un llamado a desmontar la “alienación parental” como argumento jurídico y reemplazarla por políticas públicas que prioricen la escucha activa, la protección efectiva y la reparación integral de las víctimas de violencia.
