Obligaciones para los Estados
El tribunal fue claro: los gobiernos deben implementar políticas públicas, reformas legales, educativas y laborales para garantizar el ejercicio pleno de este derecho. Entre las medidas, menciona la redistribución equitativa de las tareas de cuidado dentro de las familias, el reconocimiento económico del trabajo no remunerado y la garantía de licencias —maternidad, paternidad y cuidado— junto con prestaciones familiares.
También subrayó la importancia de evitar que la sobrecarga de cuidado impida el acceso a la educación, especialmente en niñas con maternidades tempranas, y de capacitar a las personas cuidadoras (El País América).
Impacto en Uruguay
En Montevideo, el fallo fue seguido en transmisión pública en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, en una actividad convocada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y organizaciones académicas.
Para la directora de Cuidados, Valentina Perrotta, la decisión “aporta contenidos concretos” que obligan a los Estados y marca un momento clave para “bajar a tierra estos contenidos a la política pública” y fortalecer el SNIC (Mides).
Patricia Cossani, adjunta a la Secretaría de Cuidados, recordó que Uruguay fue pionero en la región con la aprobación de la Ley 19.353 hace una década, antecedente destacado por otros países en los documentos presentados ante la Corte. Según explicó, el modelo uruguayo se basa en tres dimensiones: el derecho al autocuidado, a recibir cuidados y a brindarlos en condiciones de igualdad y calidad.
La directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, destacó que el reconocimiento “es clave porque sabemos cómo los cuidados ayudan a la vida digna de las mujeres y favorecen al Estado cuando se propone desarrollarse y crecer”.
Precedente regional
El fallo de la Corte IDH vincula el derecho al cuidado con otros derechos fundamentales como la salud —incluida la salud sexual y reproductiva— y la autonomía personal. Para organizaciones como Center for Reproductive Rights, esta decisión es un paso crucial hacia la justicia social y la igualdad de género en América Latina.
Con este reconocimiento, Uruguay se encuentra en una posición estratégica para liderar en la región, siempre que logre traducir el marco jurídico en recursos, servicios accesibles y una cultura real de corresponsabilidad.
