La investigación actualizada de la organización Open Democracy es de julio de este año y señala que en Uruguay el Estado uruguayo no blinda de la explotación sexual a menores bajo su amparo.
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La investigadora Angelina de los Santos ha llevado varias investigaciones en el país. Pone como ejemplo la crónica de una situación vivida en el departamento olimareño.
"En una cuneta de un barrio obrero de la ciudad uruguaya de Treinta y Tres, a 290 kilómetros de Montevideo, se encontró el cuerpo de una adolescente de 14 años con heridas en la cabeza, el cuello y la espalda. Otro de la misma edad apareció ahogado en una cantera. Una tercera murió por una infección posaborto en el hospital departamental. La fiscalía está investigando las tres muertes, pero las circunstancias que las rodearon aún son desconocidas. Sin embargo, es sabido que además de tener la misma edad, los adolescentes compartían una historia similar. Los tres habían estado o estaban bajo cuidado estatal, y eran víctimas de explotación sexual en el departamento de Treinta y Tres, al igual que otras 17 niñas, niños y adolescentes en amparo, según el estatal Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (Inau) y la organización Gurises Unidos", señala la investigación.
El presidente del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), Luis Purtscher expresó a la Organización que “Algo que saben los depredadores es dónde están los gurises más vulnerables” .
En una contextualización de la investigación enfatiza recogiendo testimonios que: "este delito está profundamente arraigado y “naturalizado” en este país, advierte Andrea Tuana, directora de El Paso, organización social en la que el estado terceriza la atención de las víctimas de trata desde 2011. La violencia sexual comercial tiene consecuencias traumáticas para niños, niñas, adolescentes y mujeres, principalmente aquellas de entornos vulnerados.Una investigación de openDemocracy de un año evidenció una de las consecuencias más alarmantes de este problema conquistado: la desaparición de adolescentes y mujeres jóvenes para el comercio sexual ante la omisión y negligencia estatal.
Según el comisario general Juan Rodríguez, que encabezó hasta marzo de 2023 la dirección de lucha contra el crimen organizado e Interpol del Ministerio del Interior, entre 2020 y 2022 no hubo ninguna mujer desaparecida que hubiera sido víctima de trata sexual. Pero la investigación de openDemocracy arroja serias dudas sobre los datos oficiales".
La investigadora no solo recoge el testimonio de las menores vinculadas al INAU, aunque la responsabilidad del Estado es mas clara en la salvaguarda, sino también el de jóvenes que desaparecen de barrios populares, como Pando en Canelones.
Entrevistada por el portal Hoy Canelones, De los Santos cuenta: "Milagros Cuello, una adolescente de 16 años que desapareció en Pando en el año 2016, fue la elegida para comenzar el relato del artículo publicado en openDemocracy. La periodista cuenta la búsqueda desesperada de Nancy Baladán, mamá de Milagros, por barrios peligrosos, terrenos baldíos, montes y un montón de lugares “de mala muerte”, en todos los departamentos del país. “Hoy y siempre, constantemente estoy dando vueltas, buscando, porque si no la sigo buscando yo, ellos no la van a buscar. Es cortito, no van a buscar nada”, expresó Baladán en el informe. La historia de Baladán y su hija no es la primera que De los Santos conoció, pero es una de las más representativas. “Hicimos una revisión de decenas de casos y el de Milagros Cuello surgió como uno de los más paradigmáticos, porque reúne muchísimos de los elementos que encontramos en todos los episodios. Queríamos elegir casos que fueran representativos de esta negligencia de acciones que el Estado comete al momento de buscar a estas chicas”.