Trata y explotación sexual: ¿Dónde están nuestras gurisas?

Florencia* se crió en el INAU. A los 18 años quedó en situación de calle. Le ofrecieron techo y comida en una casa cualquiera. No le gustaba, pero peor era el desamparo. Empezaron a facilitarle drogas. Comenzó el ablande: consumo, explotación sexual, golpes y amenazas con pistolas. Si no se prostituía, no comía.

Pedía plata en la calle para no volver. Lograba alejarse unos días, pero la calle solo le ofrecía más violencia. El techo, la comida y sus pertenencias estaban en la casa, y ella volvía.

Un día, dos mujeres encontraron a Florencia visiblemente golpeada. La acompañaron a un centro de salud, donde se constató que estaba sufriendo violencia física y psicológica. Ella les contó su historia y le ofrecieron acompañarla en el proceso de denuncia por trata.

Lunes, 9 de la mañana. Las mujeres llegaron al edificio de Fiscalía de la calle Cerrito y les dijeron que no podían entrar, que debían dirigirse a otra sede. Esperaron una hora en la calle, expuestas a que alguien viera que Florencia pensaba denunciar a sus explotadores y proxenetas.

A las 10 ingresaron y se sentaron en el hall. No había nadie para tomarles la denuncia. Pasó media hora, una, dos. Florencia estaba cada vez más nerviosa y empezaba a sentir la abstinencia. Esperar en un lugar público era peligroso. Una trabajadora social se percató de la situación y les dio una sala privada. Apareció alguien a tomarle la denuncia. De ahí, en un vehículo al Instituto de la Mujer.

Otra vez la espera. Las atendieron de forma adecuada e intentaron tranquilizar a Florencia. La abstinencia iba en aumento, ella lo comunicó en busca de ayuda. El tiempo seguía pasando y ellas seguían ahí, inmóviles. Florencia no soportó más, tuvo una crisis y se fue.

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La trata de personas se define en la ley 19.643 como “la captación, el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción o el hospedaje de personas, dentro del territorio nacional o a través de fronteras, aunque mediare el consentimiento de las mismas, con fines de explotación”.

En la misma norma se dice que explotación sexual es “inducir u obligar a una persona a realizar actos de tipo sexual, con la finalidad de obtener un beneficio económico o de otro tipo para sí o un tercero. Esto incluye los actos de explotación a través de la prostitución, la pornografía u otras actividades de naturaleza sexual”.

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Eva vio una convocatoria para movilizarse en Pando por la desaparición de Milagros Cuello Baladán. Decidió ir con una compañera. Allí conoció a Nancy, la madre de Milagros, que acompañada de unos pocos amigos y familiares cortaba rutas, salía a hacer ruido y volanteaba para encontrar a su hija.

Esa tarde, Nancy les dijo que sospechaba que el caso de su hija estaba relacionado con la explotación sexual. Les contó, además, las omisiones de la Justicia desde que denunció la desaparición.

Luego de esa charla, Eva llamó a otras conocidas y amigas con el objetivo específico de ayudar a Nancy. Mejoraron los volantes, hicieron convocatorias y se movilizaron dos veces en la Intendencia de Montevideo. A esas instancias se acercaron más familias que buscaban a gurisas desaparecidas. “Eso fue un click”, dice Eva. Significaba que la situación de Mili no era aislada. Mujeres pobres, muchas veces menores, desaparecidas hace años; familias sin acceso a expedientes, sin posibilidad de pagar abogadas y sin información del proceso.

Fue en el Encuentro Nacional de Mujeres de 2017, en una mesa sobre trata y explotación sexual, que Eva pasó un papelito para que se anotaran las mujeres que estuvieran interesadas en hacer algo. Entre ellas estaba María. No tenía conocimiento previo del tema, pero después de participar de esa instancia pensó “algo tengo que hacer”, no porque pensara que podía cambiar algo, sino porque era todo “demasiado siniestro como para quedarme quieta”.

Así surgió ¿Dónde están nuestras gurisas? (DENG), un colectivo que busca difundir las desapariciones de gurisas, acompañar a las familias y generar consciencia sobre esta problemática a nivel social, sobre todo en su vinculación con la explotación sexual y la trata de personas.

Al principio se juntaban para conocer un poco más sobre el tema y ver si efectivamente había algo a su alcance. Las reunió la preocupación y la certeza de tener que accionar. Muchas de ellas no sabían que esta problemática estaba tan presente en Uruguay.

Empezaron a investigar qué organizaciones ya trabajaban en Uruguay el tema, cuál era la legislación vigente. Esta primera etapa se dio en paralelo a las primeras acciones con Nancy por el caso de Mili.

La difusión se convirtió en el primer objetivo del colectivo. Contactaban a las familias, hacían placas con información sobre las gurisas desaparecidas, seguían el caso de cerca dentro de sus posibilidades. Ahora, además, gran parte de su trabajo militante es acompañar a las familias y a las gurisas sobrevivientes en los procesos.

Este año decidieron hacer una denuncia colectiva en la Institución Nacional de Derechos Humanos. Varias familias con gurisas desaparecidas se encontraron, conversaron y decidieron ir en conjunto a pedir que sus denuncias no queden en la nada.

Aunque la INDDHH no es un órgano resolutivo, sus recomendaciones tienen consecuencias. Los casos se agilizaron, aunque sea un poco. “Fue un primer paso que ayuda a potenciar a las familias en la lucha”, dicen las integrantes de DENG, pero recuerdan que no deberían tener que hacer algo así para obtener respuestas.

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El Registro de Personas Ausentes del Ministerio del Interior en internet está desactualizado e incompleto. Hay fichas activas de personas que ya aparecieron, lo que significa, para DENG, “una gran revictimización”. También faltan fichas de personas desaparecidas.

La información no está segregada por género y, en muchos casos, los datos son imprecisos. Por ejemplo, en el punto “Último lugar donde se lo vio” algunas fichas dicen: “En el domicilio/Montevideo/Vía pública/Durazno”.

En 2018, el jefe de la sección Registro y Búsqueda de Personas Ausentes, el subcomisario Francisco Guillama, aseguró a Sudestada que la Policía no tenía registro de ninguna “organización criminal vinculada a la trata de personas que intente captar a mujeres y trate de sacarlas del país o explotarlas internamente”.

Sin embargo, en octubre de este año la Justicia estaba investigando si la desaparición de Mili, que fue en 2016, estaba vinculada a una red de trata en Pando.

No hay cifras oficiales de gurisas desaparecidas. DENG ha registrado, entre 2017 y 2019, cerca de 45 casos. Saben que la cifra no manifiesta la realidad, hay muchos casos de los que no se enteran.

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–Del 1 al 10, ¿cuánto se sabe en Uruguay sobre trata?

–Tres, capaz. Muy poco –aseguran Eva y María–. En los medios, que no son el único medidor, pero sí uno importante, no se difunden todos los casos. Hay pocas personas dentro de la clase política que se movilizan por este tema. Así se crea la idea de que esto pasa en otro lado, nunca acá. No se sabe qué es la trata, qué implica, qué modalidades tiene.

–Intuyo que el trabajo que hacen requiere grandes niveles de implicación personal. ¿Cómo lo han vivido?

–Moviliza. Moviliza acompañar a las familias, todos los días te enfrentás a la ausencia, a la desaparición. Moviliza acompañar a gurisas sobrevivientes. Lo que hace este recorrido es profundizar un poco la sensación de que la violencia sexual de una forma u otra nos atraviesa a todas. Las gurisas más chicas están mucho más vulnerables, pero es una vivencia que con diferentes formas es compartida.

Eva conoció de cerca historias de violencia antes de estas experiencias. Adolescentes de su entorno le han contado que les pusieron algo en sus tragos en un boliche. Su prima fue a bailar y, tras una situación similar, quedó inconsciente. En todos los casos, Eva vio cómo las denuncias quedaban en nada.

–¿Las gurisas te contaban esos relatos conscientes de la violencia que habían vivido?

–Son gurisas chicas, de 14 o 15 años. Lo contaban con extrañeza, pero también con eso medio intuitivo de saber que estaban en peligro.

Estar en contacto con estas situaciones también significó para ellas revisar sus propias experiencias. María recuerda lo natural que era al salir a bailar que una del grupo tuviese que transar con el patovica para entrar. Ahora, dice, podemos sembrar alertas y pensar qué pasaba ahí.

Su postura no es de privación. Creen que las gurisas y mujeres tienen que seguir haciendo su vida de forma normal. Apuntan a la precaución, a brindar herramientas de autocuidado e información para que tanto las gurisas como el entorno puedan estar al tanto.

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Las modalidades de explotación sexual y captación no son solo las que usualmente se conocen (una camioneta que aparece de repente, mujeres que quedan encerradas por años en un cuarto). Aunque esos casos existen, no son usuales.

En la mayor parte de los casos el captor aparece como un enamorado. Puede empezar a acercar a la gurisa a la prostitución y la explotación sexual, puede primero alejar a la gurisa de su entorno. Este alejamiento bajo la promesa de una vida mejor, que a veces es simplemente salir de la casa, un lugar de mucha pobreza y vulnerabilidad, es una de las formas más frecuente de secuestro y explotación. Son estrategias que tienen mucho que ver con una necesidad de fondo, económica y de contención.

Hay gurisas que aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Hay una modalidad de captación que está relacionada con la explotación en fiestas privadas, en eventos puntuales. Trasladan a las chiquilinas y después vuelven a sus casas.

Uruguay, afirma Andrea Tuana, de la ONG El Paso, es país de origen, tránsito y destino de trata de personas. En casos de adolescentes, lo que más sucede es trata interna, no internacional.

Muchas veces las llevan de un departamento a otro, o de un barrio a otro. Van y vuelven, no necesariamente se quedan. El tema es moverlas de sus lugares de referencia, que no sepa cómo moverse, que vaya quedando aislada. Generalmente, las inician en las drogas. Son mecanismos que generan dependencia, para que la gurisa no pueda salir de esa situación, incluso cuando vuelve a su casa.

Aunque cada caso es diferente, hay ciertos síntomas que suelen aparecer en casos de explotación sexual; no son normas, pero son indicios. El relato directo de las adolescentes, la aparición de personas adultas (generalmente hombres) ajenas al círculo familiar, que la gurisa reciba dinero, regalos o ropa nueva, comportamientos hipersexualizados o, por el contrario, de gran retraimiento.

Para DENG “hay una naturalización muy grande” de estas situaciones “y cierto estigma sobre la pobreza”. Si se ve a una menor con un hombre adulto incluso se habla de la víctima como victimaria, como que se está aprovechando del “pobre viejo”, en lugar de poner el foco sobre el explotador. Incluso pasa con las gurisas que son explotadas en las calles, en los estadios, cerca de las obras. Se genera, a nivel social y discursivo, un sentido común que habilita estas prácticas.

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Una gurisa se acercó a ellas para que la acompañaran en el proceso de denuncia. Se había subido a un taxi con un amigo. Cuando llegaron, su amigo se bajó mientras ella esperaba el vuelto. Entonces, el conductor arrancó con la puerta todavía abierta, hizo un giro en sentido contrario y aceleró. Ella llegó a tirarse del taxi.

Le contó a su madre la situación y le restaron importancia. A los días, sin embargo, empezaron a dimensionar el peligro. Decidieron denunciar. En la comisaría les dijeron: “Pero vos creés que te quiso secuestrar”. Y quedó por esa.

–¿Cuál es el mayor aprendizaje que han tenido?

–La inoperancia del sistema de Justicia, la insuficiencia, lo mal que funciona. En algunos casos queda por asumir que hay intencionalidad, porque no se explica que haya casos que no se mueven, expedientes que no se abren. Hubo un caso en el que se hizo denuncia en la comisaría y al ir a Fiscalía a ver en qué estaba, no existía el expediente. No lo habían elevado.

No hay un protocolo de acción formal cuando alguien desaparece o hay un intento de secuestro. Eso decanta en la dificultad de las familias para saber a dónde ir, tener acceso al expediente y poder seguir el caso.

Lo que sí abundan son los mitos. Entre ellos, el de la supuesta necesidad de esperar 24 horas para denunciar. Al contrario: es esencial que la denuncia se haga de forma urgente.

Desde DENG elaboraron con abogadas y fiscales una guía para denunciar, como forma de cerrar un poco la brecha de desinformación que se traduce en falta de acceso a la Justicia. En ella recuerdan que cualquier persona puede denunciar en cualquier comisaría o directo en Fiscalía. Se debe otorgar a la persona denunciante un número de seguimiento y un comprobante.

El recorrido de este documento es el resultado de los acompañamientos que han hecho, del conocimiento de las compañeras, y de las historias de las gurisas y mujeres sobrevivientes.

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A Florencia, luego de que salió corriendo de Inmujeres, le perdieron el rastro. Una compañera del colectivo fue llamada a declarar a Fiscalía por su caso meses después. Preguntó por Florencia y le dijeron que no la habían llamado a declarar porque no sabían dónde estaba. Ella fue a denunciar la desaparición a la comisaría, sospechando que Florencia podía haber vuelto al lugar donde la explotaban sexualmente. Ahí se enteró de que estaba presa por un delito que cometió luego de la denuncia de trata.

Por ley, las víctimas de trata son inimputables por otros delitos. Pero el proceso en Fiscalía no había comenzado, no la habían citado, entonces no tenía resguardo.

En un marco de ausencia estatal, más mujeres en situación de explotación y trata empezaron a acercarse al colectivo. En estos casos “la realidad te choca mucho más de frente”, en primera persona, dicen.

No existen dispositivos que comprendan la complejidad de la problemática. Lo que hay es insuficiente. No hay albergues específicos para mujeres que quieren salir de una situación de trata y explotación sexual. No hay perspectiva de género en el aparato judicial. “Lo más frustrante” para ellas es que las mujeres y gurisas siguen en los círculos de explotación porque no tienen salidas.

Ellas, desde su militancia y con las herramientas que fueron adquiriendo en el proceso (que igual les parecen insuficientes frente a esta realidad), apoyan a las mujeres, las sostienen. “Nosotras no podemos darles una salida a esa situación, es muy duro”, cuentan. Las abogadas, que trabajan para ayudar a estas mujeres de forma honoraria, por militancia, no pueden con todos los casos que les llegan. Esta es una de las limitaciones materiales más fuertes a las que se enfrentan.

Sobre la ley de prevención y combate de la trata de personas, opinan que es buena, pero no se está aplicando. El caso de Florencia es un ejemplo. Se enteran de cómo está si van a preguntar a una comisaría. No tienen forma de contactarla.

NOTA: *Florencia es un nombre ficticio.