Tal vez las autoridades de OSE y del gobierno subestimaron el impacto social y sanitario de modificar la fórmula del agua corriente al autorizar un aumento de la salinidad en el agua ofrecida para el consumo de la población porque, encomendados al principio del “si pasa, pasa”, habrán creído que el cambio podía pasar inadvertido. Pero lo cierto es que introdujeron una realidad inesperada y dramática en la vida cotidiana de la gente que difícilmente se olvide en años. Porque si bien es cierto que ha habido muchos gobiernos malos en la historia y muchas gestiones deficientes al frente de los entes públicos, nadie creía que llegaría el día en que la reunión de la ineptitud, la desidia, la imprevisión y la arrogancia, reunida en el contexto de un cambio climático, iba a obligar a los uruguayos –por lo menos, los que viven en Montevideo y el área metropolitana– a tomar agua salada, asquerosa, no potable y peligrosa para la salud.
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Es imposible soslayar que este gobierno decidió no avanzar con la obra de Casupá, cuya financiación ya estaba asegurada, y embarcarse en un proyecto muy cuestionado técnica, económica y ambientalmente, exclusivamente porque el proyecto y la obra venían del gobierno anterior y, especialmente, de manos del expresidente Tabaré Vázquez. Si no hubiesen desestimado ese proyecto, este problema no existiría. Pero lo hicieron, movidos por un motivo quizá hasta ideológico o vanidoso, y bastó una sequía pronunciada para que se produjera una catástrofe que todavía no alcanzan a dimensionar.
¿Qué sentido tiene acusar a las administraciones del Frente Amplio de no haber hecho las obras que impidieran este desastre? Hace más de cien años que el riesgo se conocía y, en ese entendido, las responsabilidades pueden ser distribuidas con generosidad. Pero así como es evidente que hubo alertas que se ignoraron, como las que insistentemente expresaba Fernández Huidobro hace menos de diez años, también lo es que esta administración ya lleva tres años de no hacer nada para mitigar el problema y, para colmo, luego de haber descartado una obra prefinanciada que, de haberse llevado a cabo, nos habría ahorrado este trago amargo o, más bien, salado.
Un costado adicional del problema es la increíble insensibilidad de las autoridades ante este tema. Desde el presidente de OSE, afirmando, suelto de cuerpo, que el agua no es potable pero es consumible, la vicepresidenta del organismo, llamando a no comprar Coca-Cola, hasta operadores del oficialismo cargando tintas contra una imaginaria conspiración de frenteamplistas de todos los rubros, como si hubiesen concertado denunciar que el agua es intomable y no sirve ni para cebar un mate.
La falta de reflejo de los jerarcas, que en comunicados ahora desmentidos, pero en su momento reales, sugerían saborizar el agua con menta o romero, para que los niños se la tomaran igual, contrasta con la velocidad de la Intendencia de Montevideo, que rápidamente acordó con Cambadu un mecanismo de distribución de agua embotellada para los usuarios de las policlínicas municipales. La reacción de la intendenta Cosse fue duramente criticada por el oficialismo, como si repartir agua potable fuera demagogia o clientelismo electoral y no una medida obligatoria de atención a la ciudadanía, pero fue ampliamente apoyada por la gente, que observó cómo las autoridades del departamento salieron decididas a enfrentar el problema con medidas concretas, correctas y oportunas.
Es posible que entre nuestros gobernantes haya muchos que nunca tomaron agua de la canilla, que no pueden salir de su microexperiencia de aguas envasadas y no tienen idea de la importancia del agua corriente para el consumo de la gente. Quizá ese abismo de pautas de consumo origine su incomprensión profunda y explique lentitud para adoptar medidas indispensables de compensación y mitigación del daño.
Es una muestra de que no conocen la sociedad que gobiernan, pero una muestra de una elocuencia alucinante.
Ahora cabe preguntarse si este fenómeno, que esperemos transitorio, no es un argumento contundente contra el proyecto Neptuno que el gobierno seleccionó contra la opinión de los informes técnicos, porque ahora todo el mundo pudo sentir en su paladar ese futuro advertido de sacar agua del Río de la Plata, un río con una salinidad muy superior a la admisible durante buena parte del año. Sería bueno que tomen este botón de muestra antes de empecinarse con un proyecto privatizador, ambientalmente complejo y que, probablemente, nos termine ofreciendo agua salada muchos meses por año.