¡Basta de ingresos a dedo!

Es evidente que el rechazo de los legisladores blancos no obedece a ningún problema de constitucionalidad, como adujeron en el Parlamento, sino a la presión de los intendentes nacionalistas, un factor de poder notable en esa colectividad, que quieren mantener un régimen cuasi feudal en sus departamentos, que les permite distribuir cargos municipales a troche y moche de forma discrecional, directa e incontrolable, como forma de sostener una estructura francamente clientelar que alcanza extremos insólitos, con departamentos donde más del 70 % y hasta el 90 % de los funcionarios han sido designados de forma directa, sin concurso ni sorteo alguno, inflando plantillas que escandalizan a cualquiera con una mínima noción de administración justa y evidente de la cosa pública.

Así es como en buena parte del país las intendencias son las empleadoras de primera instancia, con asombrosas tasas de funcionarios por número habitantes y la barbaridad de que es un empleador con sesgo político, que contrata adeptos y simpatizantes y los obliga a una especie de militancia rentada donde se superpone el partido con el Estado y el caudillo político, con un patrón y, a la vez, un gobernante.

Todo el sistema político rechaza esta práctica naturalizada en las intendencias y alcaldías blancas y, lamentablemente, ahora que los blancos gobiernan en el país, extendida a las empresas públicas y los entes autónomos, en lo que ha sido un verdadero festival de acomodos de militantes, cuadros medios, incluso con cargos políticos simultáneos, como los ediles acomodados en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y, presuntamente, también en la del Río Uruguay.

Para los caudillos nacionalistas del interior, que no se apruebe una norma como esta es crítico para sostenerse en el poder. Mientras puedan administrar las intendencias como cotos privados, tendrán sometida a una parte de la población a un fenomenal chantaje que condiciona el empleo a la continuidad política de las administraciones. Con ello, la gente ya no tiene la libertad de disentir, ni siquiera de no exponerse en la refriega político electoral, porque de la victoria de un caudillo o del sector de un caudillo depende nada menos que el sustento material inmediato.

La propuesta de plebiscitar el proyecto, presentada por Robert Silva, que tuvo la desagradable actitud de transformar el sepelio de Peña en un acto político autopromocional, aunque parece puramente oportunista, como denuncia otra parte del Partido Colorado e introduce un nuevo plebiscito para esta elección, ya sobrecargada, tiene la virtud de insistir con algo que tiene que ser resuelto de manera inmediata y que, mientras los blancos tengan la posibilidad de bloquearlo en el Parlamento, lo van a hacer, porque simplemente les va la vida a sus intendentes en sostener esta ordinariez.

Como sea, no puede haber un nuevo período de gobierno sin que se resuelva esto, que es un atavismo de un Uruguay que ya no existe más, donde la gente tenía que pedir en los clubes políticos hasta que le pusieran el teléfono o le tramitaran la jubilación. Hay que superar estas rémoras del Uruguay caudillesco y clientelar y es, ante todo, una responsabilidad para el próximo gobierno, que será de la izquierda y que durante sus 15 años de gestión a nivel nacional y más de 30, si se considera desde la primera vez que accedió al gobierno de Montevideo, ya dio lecciones de cómo cambiarlo e introducir procedimientos transparentes, justos y concursales para el ingreso a la función pública. Hacerlo será bueno para la administración, para la modernización, para la sociedad y para la democracia.