El gobierno respira con alivio ante la evidente liquidación judicial del caso Astesiano, un caso de corrupción sin precedentes en la historia reciente de nuestro país, que concluye, en la práctica, con un acuerdo abreviado con el exjefe de la seguridad del presidente, y sin ningún político de este gobierno indagado. Ninguno, pese a la abundante evidencia que habría permitido investigar a la plana mayor del Poder Ejecutivo. Pero además el gobierno respira y hasta sonríe porque el caso culmina con una contraofensiva por múltiples vías, cada una un poco más rebuscada que la otra. Todas insólitas o, mejor dicho, demostrativas de las capacidades del poder real. Una contraofensiva contra la oposición política – judicial – mediática en pinza que incluye el relanzamiento del caso Morabito, la indagatoria a Gustavo Leal por encubrimiento en el caso Astesiano, y las demandas por difamación e injurias interpuestas por la fiscal, Gabriela Fossati contra Fernando Pereira, el director de Caras y Caretas, Alberto Grille, y tres usuarios de la red social Twitter.
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Por supuesto que ha sido mucha la contribución mediática a este enterramiento de la causa de asociación para delinquir enquistada en la torre ejecutiva y a la singular operación judicial que termina sentando como acusados a los opositores, pero todo debe analizarse en un sentido político mucho más profundo que una simple estratagema grosera de distracción. Lo que estamos presenciando es mucho más que eso: es el funcionamiento aceitado de un dispositivo de poder dirigido a rescatar el proyecto gubernamental de la derecha en el seno de la opinión pública y a frenar de un saque el crecimiento sostenido de la izquierda que, en las últimas encuestas que circulan, ya le saca más de 15 puntos al Partido Nacional y se proyecta ganando la mayoría parlamentaria en las elecciones del año que viene.
No cabe esperar de ahora en adelante que una ejecución sistemática de esta estrategia, causas judiciales contra la izquierda, dirigentes sentados en el banquillo de los acusados, operaciones mediáticas permanentes y una gestión ultraconcentrada en la propaganda, comenzando por los propios anuncios del presidente, cuyo propósito es indudablemente congraciarse con la ciudadanía por la vía de bajar impuestos, aunque, naturalmente, bajen contribuciones que afectan a la minoría que percibe mayores ingresos, porque son de derecha hasta para repartir.
La izquierda, entonces, se enfrenta a un nuevo escenario dentro de este período. Un gobierno debilitado en la consideración ciudadana, sin nada que mostrar en una gestión que ha sido consistentemente de clases altas, pero con un poder de fuego desusado, sobre todo en el ámbito de los medios y, lamentablemente, en el terreno judicial también, como, en opinión extendida, ha quedado demostrado de manera palmaria en el megacaso terrible del cual salieron todos impunes.
¿Qué hará el Frente Amplio de ahora en adelante? Es anticipable que intentará mantener la indagatoria en el ámbito parlamentario, pero una cosa es sostener pedidos de información o llamados a sala cada vez que aparezca nueva información que comprometa autoridades, y otra cosa es sostener en el debate público un caso que los medios van a sacar masivamente de sus tapas, aunque queden todavía algunos medios dispuestos a seguir informando y luchando por la verdad en este escándalo que sofocaron de la manera más grotesca que cabía imaginarse. Con todo, el caso ya tiene un saldo en la mente de la mayoría de la gente, y es muy difícil que después de todo lo que se ha visto, una porción significativa del pueblo no haya llegado ya a una conclusión irreversible sobre la escasa probidad de las autoridades.
Esto último, con ser justo, no debe ser tranquilizador, porque un gobierno tan ranciamente de derecha no va a ver cómo se deshilacha y se desvanece cualquier posibilidad de reelegirse sin recurrir a todo el arsenal de barbaridades que puedan disponer. Veremos aflorar los maledicentes, las operaciones de enchastre, las persecuciones judiciales y, por supuesto, los grandes medios jugarán en sintonía total: no importa si se persigue a opositores y periodistas por ejercer su derecho democrático a la libertad de expresión y pensamiento. No hay ni códigos ni escrúpulos, hay una disputa subyacente por el poder y todos saben en qué lado de la mecha se encuentran. No hay lugar para los cándidos.