La fiscal Gabriela Fossati tomó licencia médica de 15 días cuando se divulgaron sus audios y se reintegró antes de fecha, cuando supo que el fiscal subrogante Fernando Romano había interrogado en calidad de testigo a Alejandro Astesiano y se disponía archivar la indagatoria inexplicada, y por lo tanto arbitraria, a Gustavo Leal. Cualquiera se da cuenta de que utilizó la licencia médica como un comodín de salida y entrada, aunque haya conseguido médico que la certifique y médico que le otorgue el alta. Su zigzag grotesco abona la convicción masiva de que actúa con desviación de poder, pero además demuestra que la Fiscalía de Corte es tierra de nadie. Fossati hace y deshace sin preocuparse de las formas y, hasta el momento, nadie ha puesto coto a esta barbaridad.
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En la peregrina hipótesis de que las autoridades del Poder Ejecutivo fueran carmelitas descalzas engañadas en su buena fe por el maleante Astesiano, la fiscal ha hecho todo lo necesario para que nadie pueda secundar racionalmente esa potencial inocencia. En el mucho más verosímil escenario de que estuvieran hasta las manos tanto el presidente como su núcleo de la Torre Ejecutiva, la actuación de la fiscal ha contribuido a la impunidad judicial, que puede ser entendida como una victoria para el gobierno, pero victoria pírrica, al fin y al cabo, si ya nadie con dos dedos de frente puede creer en este proceso.
Estamos siendo testigos de una vergüenza nacional, una destrucción de cualquier resabio de prestigio del Ministerio Público, una demostración palmaria de que el poder es el límite de la justicia y una ostensible ineptitud para hacer el bien y hasta para hacer el mal. Fossati es ya un escándalo con cargo público y no debería permanecer en ese puesto ni un minuto más. Pero el fiscal de Corte, Juan Gómez, asombra por su debilidad para tomar el toro por las astas y dar un golpe de timón restauratorio, que devuelva un poco de confianza en la institución medular que tiene a su cargo. Digo esto último con pesar, porque Gómez parece una persona ecuánime, serena y bienintencionada, y es posible que la debilidad que exhibe sea el corolario de su forma de acceder a la jefatura, casi de rebote.
El gobierno tenía definida una estrategia para tomar “el centro del ring” a partir del acuerdo abreviado entre Fossati y Astesiano que, amén de enviar al susodicho a la cárcel, consagró la invulnerabilidad tribunalicia de las autoridades del Ejecutivo. La estrategia incluía todo: anuncios de rebaja de impuestos -por cierto, una devolución para las personas de mayores ingresos y nada para las amplias mayorías-, raid de entrevistas al presidente, campañas marketineras difundidas hasta el hartazgo por los medios y un reenfoque de la causa ahora orientada a imputar a sus opositores. Pero los audios de Fossati y la telenovela esperpéntica que sobrevino han dado por tierra con esa incipiente hoja de ruta y la demolición de su imagen es un hecho ya constatado por todos las encuestas de opinión pública, incluso las que la han sido habitualmente más simpáticas.
Sin embargo, cabe destacar la prácticamente nula estrategia de la oposición para manejar este escenario. Aunque es cierto que es prácticamente imposible controlar la agenda sin medios y diseñar un plan fino de acción ante un disparatario abrumador en el que de forma permanente se suceden episodios insólitos u obscenos, la izquierda no puede perder de vista que no estamos solo ante un conjunto anecdótico de situaciones escandalosas, sino ante una prueba de fuego para el sistema democrático. El caso Astesiano no es el caso Astesiano, ese es un nombre que se ajusta al principio de esta historia o a una teoría de caso completamente reduccionista e indulgente, el caso que nos importa refiere a una maquinaria corrupta en el seno de las instituciones cuyo vértice se intuye, pero no se conoce y sus ramificaciones son impresionantes y, eventualmente, todavía de alcance insospechado.
Las afirmaciones de Eduardo Preve en el programa La letra chica sobre la existencia de audios del presidente que todavía no se han divulgado, de manipulación y edición de la prueba en la carpeta fiscal, con sustracción de tramos en los chats, elevan a otro nivel la gravedad de este escándalo. Ahora sabemos que no solo la fiscal ha procedido de una manera inaceptable, no solo los que tenían que asistirla estaban todos mencionados, sino que la prueba que consta, que es solo una parte de la que debería, está manipulada y si está manipulada, está manipulada para proteger. Para proteger al poder.