El Presidente de la República ha manifestado que no revocará el decreto que autoriza la caza nocturna y ha reconocido que el mismo fue una iniciativa de “los empresarios del turismo de caza”, una modalidad que se ha desarrollado en los últimos años y que invita al disfrute de turistas que no pueden practicar o encuentran restricciones más severas para la caza en su país.
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El decreto que emitiera el Poder Ejecutivo modificó la reglamentación para los permisos de los cazadores y autorizó la caza nocturna.
El decreto que tiene el visto bueno del presidente ha generado reacciones de entidades naturalistas y ambientalistas que objetan el “mal llamado deporte de caza” y ha concitado apoyos de entidades rurales que advierten sobre la extensión de la plaga del jabalí que parece ser el objeto más preciado por éstos turistas norteamericanos y europeos que contratan costosas excursiones, pernoctando en establecimientos de campo.
El legislador Eduardo Lust, pidió la revocación del decreto que autoriza a “matar animales, incluyendo aves migratorias”
El mismo también fue criticado por el ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Carlos María Uriarte, quien recordó “que el mundo tiende a limitar la caza deportiva porque resulta inadmisible considerar una actividad deportiva el matar animales, salvo que estén declarados plagas y por ende exista una razón para hacerlo”. “No compartimos para nada esta decisión”, declaró Uriarte.
Sumado a las consecuencias obvias de la matanza de especies autóctonas, otras consecuencias han sido señaladas por quienes rechazan el decreto.
La primera es el riesgo para los propios cazadores y empresarios quienes confundidos con intrusos pueden ser repelidos a balazos por los propietarios de los predios al percatarse de la existencia de personas armadas en el mismo, condición establecida por la recientemente aprobada LUC.
Lust también argumentó que al desregularse y liberar la caza, especialmente la deportiva, “se retrocede en la protección de especies autóctonas”.
El nuevo decreto que aprobó el presidente señala que la “caza deportiva podrá practicarse en todo el territorio nacional, con la excepción del departamento de Montevideo”, en las condiciones y limitaciones establecidas.
“El consentimiento para practicar la caza por parte de los propietarios u ocupantes de los predios rurales, podrá ser otorgado en forma verbal o escrita, sin requerir ninguna formalidad especial y su constancia no podrá ser exigida por la autoridad competente como requisito previo al otorgamiento del permiso de caza”, añade el texto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou y los ministros Adrián Peña y Fernando Mattos.
La normativa sostiene que la “caza deportiva es una actividad regulada, de carácter tradicional, ampliamente desarrollada en el país, especialmente en el medio rural, contribuyendo, además, al fomento del sector turístico”.
“La actividad de caza de especies zoológicas silvestres, debidamente controlada, al fomentar el turismo interno en el medio rural y el turismo internacional, constituye una importante fuente de recursos para el país”
Así como han aparecido críticos a este curioso decreto, el editorialista del El País Martín Aguirre lo apoyó entusiastamente en su editorial del pasado domingo.
Aguirre descubre que las diferentes posturas sobre el decreto son causadas por dos sensibilidades claramente delineadas pero que no constituyen aun una grieta, la sensibilidad rural y la urbana
Los tradicionalistas, entre los que él, se contaría gustan del asado de carpincho, la mulita al horno, las perdices en escabeche y las milanesas de tararira. Los urbanos gustan del teatro, el ballet, el salmón con salsa de roquefort y la carne Angus Premium envasada al vacío.
Martín Aguirre, una vida entera contando juncos en los bañados de Carrasco, se ubica entre los primeros y recomienda cazar jabalíes y perros salvajes hasta con ametralladora.
El legislador de Cabildo Abierto, más metropolitano seguirá adelante en su propósito de dejar sin efecto el decreto del Poder Ejecutivopor considerarlo perjudicial en materia de seguridad pública.
En ese intento luego de presentado el recurso de revocación, puede “ampliar pruebas” y eventualmente, en última instancia recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pidiendo la anulación del mismo si este fuera considerado ilegítimo.