Ese viejo sesentista llamado Keynes

Desde tiendas nacionalistas, el senador Sebastián Da Silva respondió que "el gobierno de Lacalle Pou le dejó al gobierno de Yamandú Orsi, en términos económicos, una Ferrari. La tienen que cuidar, lustrar y saberla manejar, porque hace mucho tiempo que en el Uruguay no hay una estabilidad macroeconómica como la que hay hoy".

Consultado acerca de las expresiones de Díaz, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, consideró que la situación económica era la de un “país sólido”, admitiendo que la situación fiscal era “manejable pero frágil” y que el déficit fiscal se encontraba en niveles similares a los de 2019, previo al período de gobierno de Luis Lacalle Pou.

A esa altura ya era público y notorio que ASSE mantenía deudas millonarias con proveedores y que el Estado debía una cifra no menos impactante al consorcio encargado de la construcción del Ferrocarril Central. A esto se agregaban evidencias en todos los organismos de gastos adelantados y pagos diferidos, con la intención presunta de maquillar la realidad del déficit fiscal.

Entre los acreedores de ASSE se encuentran proveedores mutuales de salud, como es el caso del CASMU, que a su vez reciben presiones del mismo Estado para resolver sus problemas financieros, lo que evidencia el grado de distorsión que ese atraso provoca a lo largo y ancho de todo el sistema de salud. Ni que hablar de la deuda con el consorcio del ferrocarril, que casi le cuesta al Estado otro juicio internacional. De modo que no hubo más remedio que reconocer la situación y hoy todos sabemos que la administración actual heredó un déficit fiscal que supera marcadamente al dejado por la administración de Tabaré Vázquez.

Si Gabriel Oddone estaba hablando con exquisita prudencia para dar tranquilidad a las instituciones calificadoras de crédito, tal vez llegó la hora de decir la verdad, porque el pueblo tiene que tener conocimiento de lo que se viene, porque es el que tiene que estar preparado intelectualmente para las horas difíciles que se vienen en la economía, la sociedad y la política.

A medida que se acerca la discusión presupuestal, resulta imprescindible clarificar cuál es el verdadero estado de las finanzas nacionales.

Si la situación fuera de una fragilidad tal que no hubiera más remedio que plantear la desindexación de salarios, la suba de tasas de interés del BCU, mantener el atraso cambiario para que los ratios de deuda luzcan mejor ante las calificadoras y alterar la estructura impositiva para mejorar la recaudación, se impone poner los números en blanco y negro para poder explicarle a la ciudadanía que se viene un periodo de sangre, sudor y lágrimas.

Si, en cambio, la situación fuera en efecto “manejable”, no se entiende la necesidad de insistir con planteos que, si bien a priori podrían llegar a mejorar marginalmente la situación fiscal, con mucho mayor certeza irían en el camino cierto de arrestar ese crecimiento económico que, al menos nominalmente, es el objetivo principal de política económica.

Lamentablemente, no tenemos más remedio que recordar a nuestros lectores la profunda recesión en que el ministro Alberto Bensión había sumido la economía uruguaya con sucesivos ajustes fiscales previos a la crisis del 2002 y que, lejos de atemperar los efectos de la crisis que se producía en Argentina, los potenciaron.

El mix de política económica era muy similar al que lamentablemente se esboza en las expresiones del ministro de Economía. Una sobrevaluación cambiaria que se exacerba todos los días con una política monetaria contractiva, al tiempo que existen atisbos de una política fiscal que podría asumir una dirección contractiva. Sin pretender hacer exageraciones ni sembrar alarmas injustificadas, son políticas que en la historia económica nacional han conducido a fuertes devaluaciones, crisis de deuda y quiebras de bancos.

La preocupación de Oddone como principal responsable de las finanzas del Estado es absolutamente entendible. Todos entendemos que si un día vamos a Nueva York y no logramos vender los bonos, quedamos al borde de una eventual reestructura de deuda. Es por tanto comprensible que con las herramientas a su disposición intente reducir al mínimo las probabilidades de ese evento.

El problema radica en que si estas medidas no van acompañadas de un paquete que asegure un mayor crecimiento económico, la propia inercia recesiva va a afectar la recaudación, por lo que el objetivo de reducir el déficit va a ser una suerte de blanco móvil difícil de alcanzar.

Claramente nosotros no estamos descubriendo el agujero del mate. Desde Keynes a esta parte sabemos que la economía está manejada por lo que llamó “espíritus animales” mucho más que por cálculos racionales, y que explican por qué los mercados financieros son tan propensos a temores y corridas.

Si los agentes económicos estuvieran mirando todo el día el ratio de deuda como si fueran Fitch o Moody’s, entonces sí probablemente estaríamos más urgidos para hacer algún correctivo fiscal. Pero también el mero planteo sucesivo de posibles medidas de sesgo contractivo puede avivar temores de que la situación fiscal fuera mucho peor de lo que realmente es, provocando, en ese caso, un efecto totalmente contrario al que se plantea con ese tipo de medidas.

Concretamente, si alimentamos la incertidumbre hablando todo el dia de la necesidad de corregir el déficit, de desindexar salarios y hasta llegamos a poner en duda mecanismos como el de colonización que promueven la inversión en el sector medio de la agropecuaria, podemos asustar innecesariamente al sector privado, que puede retraer o posponer inversiones.

Al día de hoy no hay en vista una inversión de la magnitud de UPM2 o el Ferrocarril Central, ambas resultado de procesos de planificación que llevaron años.

Parecería entonces que la única alternativa que queda es la de promover inversiones en el sector empresarial medio, a la espera de un nuevo “malla oro” que nos exija exenciones fiscales de cualquier tipo.

Desde el punto de vista macroeconómico, si pudiéramos sustituir una inversión de mil millones de dólares por mil inversiones de un millón de dólares, el resultado sería más o menos el mismo, aunque se podría argumentar que el efecto en términos de empleo debería ser mayor, ya que las empresas pequeñas son relativamente más intensivas en la utilización de mano de obra respecto al capital físico. El problema es cómo motivar a mil empresas a realizar una inversión adicional cuando todos los días, por señales de humo o espejitos, les estamos diciendo que el país se puede enfrentar a problemas en el futuro.

El mayor problema es que la gente espera un gobierno proactivo que cumpla con las promesas, que hagan del Uruguay un país más habitable y que se abran perspectivas más esperanzadoras para su gente y especialmente para los más jóvenes. También se espera que se reduzca la pobreza, y sobre todo la pobreza infantil, que se encare con determinación y como una emergencia el problema de la marginalidad, que se asignen recursos suficientes para atacar la vivienda insalubre y precaria, que se comprenda que hay decenas de miles de mujeres jefas de hogar sin soluciones laborales, que las cárceles son un volcán a punto de entrar en erupción, que se prometió mantener el poder adquisitivo del salario, construir Casupá, reformular la reforma de la seguridad social, priorizar la inversiones en riego, realizar la segunda reforma de la salud, atacar la inseguridad y la delincuencia, el narcotráfico, la corrupción y el lavado de activos, y mejorar los salarios docentes en el curso de una política educacional consensuada con los actores principales de la enseñanza y con los recursos necesarios que el programa del Frente Amplio comprometió en el período.

Para hacer todo esto, el ministro Oddone y el presidente Yamandú Orsi recuerdan que se necesita crecer. Y para crecer, la economía necesita inversiones en montos superiores a las que se hicieran en el promedio histórico.

Estas inversiones están por verse, al menos en los montos necesarios para garantizar un crecimiento sostenido que permita hacer lo que se propone. Para darle una oportunidad al crecimiento hay que recurrir al ingenio, hay que utilizar los recursos materiales y políticos que tiene el Estado y hay que saber captar, convencer y comprometer a los actores privados, pero no debe olvidarse que hay que inyectar optimismo y sentido, y sobre todo exponer un relato esperanzador que fortalezca la voluntad política de nuestro pueblo para sobrellevar adversidades y adversarios.

Es por ello que hay que darle una oportunidad al crecimiento. Y para ello es necesario recordarle al MEF que la “e” del MEF está allí por la palabra “economía”. No nos basta con un ministerio de “finanzas públicas” que ponga los mandamientos del FMI y las calificadoras de crédito con la categoría de las tablas de la ley.

El programa del Frente Amplio está para ser cumplido y debieran adoptarse todas las acciones políticas y económicas para que, sin excusas, esa sea la ley primera.