Trámites y empleo
Otro punto relevante es la simplificación de los trámites. La experiencia de la Ley 19.973 mostró que, pese a contar con incentivos, su uso fue menor al esperado. Se identificaron dificultades administrativas y falta de difusión como factores que limitaron su alcance. El nuevo proyecto incorpora estos aprendizajes y plantea procesos más ágiles para facilitar el acceso, en especial para micro y pequeñas empresas.
En este sentido, la iniciativa busca corregir una de las principales distorsiones detectadas: la concentración del uso de beneficios en empresas de mayor tamaño. El nuevo diseño prioriza a emprendimientos de menor escala, que tendrán mayor facilidad para acceder a los subsidios y mayores porcentajes de contratación en relación a su plantilla.
El proyecto también introduce mecanismos para evitar abusos. No se permitirá el uso del subsidio para sustituir trabajadores existentes ni para reducir costos laborales en empresas que no lo necesiten. Además, se establecen plazos definidos para los apoyos, con posibilidad de extensión en casos específicos.
Diálogo Social
Castillo también hizo referencia al Diálogo Social impulsado por el gobierno para obtener insumos para una nueva reforma del sistema previsional. La iniciativa recoge insumos de intercambios con actores del territorio, empresas, cooperativas y gobiernos locales. Esta lógica se proyecta hacia adelante, con la intención de continuar el debate en ámbitos tripartitos que incluyan a trabajadores, empleadores y el Estado.
El gobierno apuesta a que este proceso permita mejorar la implementación de la ley y generar consensos en torno a políticas de empleo. En paralelo, el diálogo también abarca otros temas vinculados al trabajo, como la organización del tiempo laboral y la adaptación a cambios tecnológicos.
