El pasado martes se dictó la sentencia esperada contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. El tribunal que analizó el caso, conocido como causa “Vialidad”, la sentenció a seis años de prisión y dispuso la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos contra la principal líder política del país por el delito de administración fraudulenta, aunque los fundamentos del fallo recién se conocerán bien entrado el año 2023. Minutos después de conocerse el fallo, Cristina hizo un pronunciamiento público donde ratificó su posición de que era víctima de una estrategia de lawfare y anunció que no será candidata a nada en las próximas elecciones, por lo que ni bien culmine su mandato actual el 10 de diciembre de 2023, dejará de contar con fueros que la protejan de la condena.
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Dos días antes de que se conociera el fallo, una filtración de conversaciones en un grupo de Telegram integrado por jueces y operadores de justicia -entre ellos el juez Julián Ercolini, que tuvo a cargo la instrucción de la causa por la que se condenó a la expresidenta, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, entre otras personas del poder real, político, judicial y mediático- permitió conocer cómo jueces y políticos macristas concertaban para encubrir que habían viajado invitados por autoridades del grupo Clarín a una reunión secreta en la estancia de Joe Lewis, en Lago Escondido, con un nivel de desparpajo propio de una mafia que se sabe impune y que conforma una suerte de lado B del Estado, organizado para conspirar contra Cristina y a favor de los grupos económicos, políticos y mediáticos que verdaderamente tienen la sartén por el mango.
El contenido de la filtración es suficientemente escandaloso y obsceno como para poner en alerta a cualquiera que crea, tal vez por no haber seguido el caso en su larguísimo trámite, que Cristina Kirchner ha sido sometida a un juicio justo. No lo fue. Fue sentenciada en una causa que no resiste análisis de ningún tipo, que no se sostiene ni en pruebas ni en peritajes, ni aún los oficiales hechos durante el gobierno de Macri, y que finalmente produce una condena por un delito inaplicable para la titular de la presidencia -y distinto al propuesto por el fiscal, que era el de asociación ilícita- porque si no le cabe a la presidencia la administración directa de recursos, en ningún escenario puede haber incurrido en el delito de administración fraudulenta.
No debe analizarse esta causa ni este fallo en términos jurídicos porque la causa no tuvo nunca nada que ver con la aplicación de justicia. Es una causa, entre otras tantas, política cuyo propósito es sacar del juego a la líder popular más importante de Argentina desde la muerte del general Juan Domingo Perón. Cristina continúa siendo el centro de la política de ese país, tenga o no un cargo institucional, y continúa siendo lejos la dirigente política con mayor adhesión popular y mayor intención de voto. Sus gobiernos y el de su extinto esposo Néstor Kirchner constituyeron el período político democrático más largo y transformador en décadas, y gozó siempre del apoyo mayoritario de los argentinos. Cada vez que Cristina fue candidata a presidenta, ganó. Ganó también cuando integró la fórmula como vicepresidenta. Ha sido hasta el momento inderrotable en las urnas en las que duelen. Y ha ocupado todos los cargos electivos posibles a nivel nacional. Constituyente, diputada, senadora, presidenta y vicepresidenta. Siempre por el voto popular.
Más que la cárcel, el fallo busca la proscripción bajo la figura de la inhabilitación perpetua. Es un fallo político típico donde se le suprime el derecho a ser elegida y a una gran parte del pueblo argentino se le conculca el derecho a elegirla. Es la vía que encontró el poder para impedir que nuevamente se convierta en presidenta ella o el espacio que ella conduce. Pero Cristina tiene la peculiaridad de ser mucho más firme e inteligente que sus detractores y es desde esa singularidad que debe interpretarse su decisión de no presentarse a nada y de esquivar el beneficio del fuero que podría obtener sencillamente si decidiera ser candidata a cualquier cargo electivo en las próximas elecciones, cuando todavía el fallo no va a haber quedado firme, dadas las diferentes instancias de apelación que sobrevienen. Le bastaría ir al Senado, a la Cámara de Diputados, para conjurar las consecuencias de esta condena, pero no lo hace, porque está claro que Cristina está mirando los acontecimientos con una mirada política de largo aliento y no buscando una salvaguarda personal ante una injusticia insoslayable.
Una vez más el entramado político, mediático y judicial con el que opera la derecha en buena parte del continente ha quedado a la luz, como sucedió en Brasil en 2018, cuando el ahora electo presidente Lula fue condenado a cárcel en una causa completamente amañada, cuyos pormenores también se revelaron luego de una filtración de conversaciones entre el juez Sergio Moro, fiscales y operadores que dejaba en evidencia hasta qué punto el sistema judicial corrompido había actuado para impedir que Lula fuese candidato y triunfara, como finalmente sucedió cuando todas las causas cayeron y Lula recuperó su libertad y compitió y venció frente a Jair Bolsonaro y a una impresionante maquinaria estatal puesta al servicio de ese psicópata ultraderechista que gobernó los últimos cuatro años.
Lo que se viene en Argentina es imposible de anticipar, pero cabe recordar que Argentina no es Brasil y el peronismo es una fuerza mayoritaria y movilizada, por lo que es improbable que se pueda apresar a su líder más importante sin una reacción masiva de sus bases. Cuesta creer que Cristina pueda ir presa sin una consiguiente inestablidad total, abonada por la convicción de que se está cometiendo una injusticia y, además, una injusticia contra una dirigente impar, una de las más importantes de la historia de ese país y de América Latina.
La derecha ha jugado todas sus cartas, ha dejado huellas por todos lados de su falta de escrúpulos para orquestar una condena haciendo uso y abuso de la podredumbre de un poder judicial a su servicio y sistema de medios hegemónico, comandado por el grupo Clarín, con la capacidad, ya no de instalar agenda, sino de dar órdenes a políticos y jueces como si fueran lisa y llanamente sus empleados. La derecha aspira a recuperar el gobierno en las próximas elecciones, quizá lo hagan, pero la presencia de Cristina condenada, sin fueros, asumiendo con valentía y convicción las consecuencias de su firmeza y su doctrina va a terminar imponiendo un límite, que está mucho más allá de lo que lo que una mafia política y mediática puede superar. Más temprano que tarde, el pueblo argentino le va a dedicar a cada a uno el lugar que le corresponde y a Cristina le va a corresponder la historia, la historia grande, la que ocupan las contadas personas que han representado la esperanza de su pueblo. El resto se perderá entre la hojarasca del tiempo.