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Editorial Punta | denuncia | Orsi

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La punta del iceberg

La denuncia se cayó de la mejor forma que podía caerse: se desmontó con la confesión de las autoras de que era todo una patraña.

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La denuncia contra Yamandú Orsi era a todas luces inverosímil, al menos desde la primera vez en que la denunciante Paula Díaz concedió una nota en la radio incurriendo en disparates insostenibles, como invocar como testigo a otra mujer trans que había sido asesinada dos años antes de los supuestos hechos, afirmar que había conocido quién era Yamandú Orsi unas semanas antes, o referir una procedimiento quirúrgico que no se usa para lo que ella dice que se le realizó.

Con todo, el escándalo mediático y en redes sociales, que incluyó la difusión mediante cuentas bots internacionales, obviamente contratadas para dispersar boatos, derivó en la apertura de una investigación judicial a cargo de una fiscal que, de arranque, afirmó que se iba a tomar su tiempo para tramitarla, como si no se diera cuenta de que la persona acusada estaba siendo perjudicada con un misil bajo la línea de flotación en el medio de una campaña electoral.

La denuncia se cayó de la mejor forma que podía caerse: se desmontó con la confesión de las autoras de que era todo una patraña. Pero a partir de ahí, nuevamente, la actuación de la fiscal llama poderosamente la atención. Primero, porque no archivó cuando supo de boca de la propia denunciante que era una denuncia falsa, sino que se decidió a archivar más de una semana después, cuando trascendió la información y la presión del equipo de abogados de Yamandú Orsi se le hizo insostenible.

Como la fiscal tiene antecedentes políticos –incluso fue candidata de Cabildo Abierto a la Fiscalía de Corte– y ha actuado de una manera tan extraña, poniendo bajo reserva toda las actuaciones e impidiendo que la defensa de Orsi accediera a la carpeta investigativa, por ejemplo, fue la defensa de Orsi la que comenzó a actuar informalmente para llegar a probar la inocencia de su defendido, algo que no es lo que debe dilucidarse en la Justicia penal, pero que cualquier acusado falsamente quiere alcanzar, sobre todo si es candidato a la presidencia de la República.

Por si fuera poco, cuando el exfiscal de Corte y actual abogado de Orsi, Jorge Díaz, declaró que la fiscal no le daba garantías habida cuenta su certeza de que había mantenido abierta la causa artificialmente y había impedido el trabajo de la defensa, la fiscal se defendió públicamente hablando contra el abogado en términos durísimos y mintiendo en relación con su conocimiento de la confesión de Díaz, lo que sólo puede indicar que realmente no ofrece garantías de ningún tipo.

Algunos podrán decir que ya no importa, pero importa y mucho, porque el presidente declaró un día después que la denuncia falsa era tan reprobable como la sugerencia hecha por Orsi de que tenía un móvil político partidario. Y aunque es probadamente falso que Orsi haya dicho eso, el mensaje del presidente hay que analizarlo en otros términos: como una presión directa a la Justicia para que la investigación sobre este escándalo se salde con las condenas a Romina Celeste y Paula Díaz, y nada más.

La operación contra Orsi

El problema central es que es absolutamente increíble que toda esta operación haya sido obra sólo de ellas dos, porque se ha venido a saber en los últimos días que la operación de esmerilado contra Orsi incluyó una indagatoria sobre su vida privada hecha de manera coordinada y metódica por gente organizada. Esa investigación ilegal supuso hilar hacia atrás en la vida de Orsi hasta su exesposa, recorrer comisarías y juzgados, tomar contacto con abogados de familia que actuaron en su divorcio, en suma, una salida de pesca buscando información para dañar la imagen personal del candidato a como dé lugar.

Pero además se conoció que Romina Celeste instruyó de manera precisa a Paula Díaz, ya no sólo sobre lo que debía decir, sino sobre cómo debía actuar ante pericias, interrogatorios y otras instancias judiciales, dando cuenta de un conocimiento muy fino sobre aspectos técnicos muy especializados que no son de dominio público.

Esta operación contra Orsi salió mal, pero tuvo un objetivo político evidente, porque Romina Celeste era titular hasta de una lista del Partido Nacional. Sin embargo, lo más grave es que hay una estructura atrás que financió y planificó esta acción y de esa estructura no sabemos nada. No sabemos si Romina y Paula fueron autoras intelectuales o fueron instrumentos de otros, no sabemos quién las preparó y asesoró, no sabemos si se hizo en el país o en el extranjero y, en suma, no sabemos si esta estructura presunta se mantiene activa y con capacidad operativa para seguir montando campañas de desprestigio basadas en inteligencia ilegal y noticias falsas. Lo que sí sabemos es que en este período de gobierno se ha espiado a senadores del Frente Amplio, al presidente del Pit-Cnt, al exdirector de Policía Mario Layera, a la propia exesposa del presidente, se han destruido expedientes públicos, se ha intentado borrar pruebas, “perder” celulares, incriminar inocentes, y todo dirigido desde algún piso de la Torre Ejecutiva y ejecutado por manos clandestinas. Y también sucedió que la principal fiscal que debió investigar estas cosas intentó redirigir la causa de manera insólita contra un militante del Frente Amplio y terminó siendo dirigente del herrerismo.

Hay muchos, pero muchos motivos para desconfiar.