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Editorial chats | fiscal | Gómez

Tela por cortar

Los chats que faltan

Si un nuevo equipo fiscal se hace cargo de esta causa, la más grande de corrupción de las últimas décadas, es indispensable exigir que se revise toda la investigación y se analice toda la prueba

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Los audios divulgados en Legítima Defensa desataron una tormenta, el alcance de cuyas consecuencias no podemos vaticinar. La fiscal Gabriela Fossati solicitó licencia médica y escribió al fiscal de Corte, Juan Gómez, para pedirle por segunda vez que la aparte del caso Astesiano. Gómez anunció que analizará los audios y el texto de la misiva y no adoptará resolución hasta el reintegro del fiscal el próximo 19 de marzo. Hasta ahí las repercusiones inmediatas de la divulgación de los audios, pero cabe esperar que el fiscal Fernando Romano, que atiende las denuncias que Fossati presentó contra Fernando Pereira, el director de Caras y Caretas, Alberto Grille, y el periodista Carlos Peláez -además de tres usuarios de redes sociales-, resuelva el archivo, toda vez que ya está claro que no solo no hubo difamación o injuria, sino que la realidad es todavía peor que la expresada por los denunciados.

Nadie puede saber qué hará el fiscal de Corte. Su pensamiento sobre el tema no se conoce y, más allá de los chisporroteos que ha tenido con la fiscal Fossati, que lo ha acusado varias veces de no apoyarla, Gómez siempre ha mostrado respaldo público a su trabajo. Por otro lado, tampoco es tan claro qué pidió la fiscal en su carta ni qué posibilidades formales hay de apartarla sin algún tipo de proceso disciplinario.

Dicho todo esto, sería sumamente necesario que otro fiscal tomara el caso, salvo que en el ministerio público se ignore que ya nadie en este país confía en el desempeño de Fossati, con la excpeción, por supuesto, de los políticos mencionados en los audios, de todos los organismos, que han visto cómo en la causa que lideraba ella ninguno fue imputado y todo se arregló con el acuerdo abreviado con Alejandro Astesiano y una garantía verbalizada de que ya no habría sorpresas.

Si un nuevo equipo fiscal se hace cargo de esta causa, la más grande de corrupción de las últimas décadas, es indispensable exigir que se revise toda la investigación y se analice toda la prueba, aunque para ello haya que destinar un equipo de voluntarios como en el juicio a las juntas de la Argentina en 1985. Y entre la prueba a analizar, no pueden excluirse nuevamente los chats de Astesiano con el presidente, si es que no los borraron todos definitivamente en esa maquinaria de encubrimiento que incluyó a todos los que tenían que investigar a fondo este escándalo. En la hipótesis que crece en la opinión pública, es muy probable que un análisis exhaustivo de la prueba y los chats, en los que se incluyan las comunicaciones de Astesiano con el presidente, demuestre que Lacalle Pou, lejos de no tener idea de lo que estaba pasando, está enterrado en el barro, como claramente lo está su entorno, de los cuales ya se conocen conversaciones e indicios.

El problema para el que agarre este caso es que es, efectivamente, una bomba atómica, como dijo la fiscal en los audios. Y es una bomba atómica no porque alcance a funcionarios policiales de diferentes rangos, de lo cual hay muchísimos precedentes en la historia y ninguno produjo un cisma institucional. Es una bomba atómica porque involucra al poder real, porque apunta hacia arriba y cualquier cosa que apunte hacia arriba, cuando se parte de una asociación para delinquir asentada en el piso cuatro de la Torre Ejecutiva, apunta al presidente.

En la entrevista concedida por Lacalle Pou a Blanca Rodríguez, seguramente planificada como parte de la contraofensiva que comenzó a gestarse con el acuerdo abreviado, la indagatoria a Leal, las denuncias a Pereira, Grille y Peláez, el discurso del 2 de marzo anunciando bajas en IRPF y IASS, el presidente no pudo esquivar los audios, que con su sola divulgación arruinaron toda su estrategia. Sus respuestas estuvieron, como siempre, plagadas de soberbia y cinismo. Hizo lo mejor que pudo, con ese estilo canchero y sobre todo “coacheado”, pero lo que hizo no le sirvió para mucho. La mayoría de la gente ya no le cree y, lo que es peor, la mayoría de la gente está convencida de que Astesiano no era un perejil ni un error de selección, sino un factor clave en un dispositivo para la joda, para la corrupción y la persecución política.

Por todo eso ahora hay que insistir en que un equipo fiscal dispuesto a llegar al hueso, a inmolarse si es necesario, agarre este fierro caliente e investigue todas las conexiones, así ya no se pueda revisar el acuerdo. Ninguna prueba puede ser excluida, mucho menos los chats con el presidente. Si se investiga así, con honestidad y profundidad, van a caer todos los concertados en esta maquinaria para delinquir. Y todos es todos, con todo lo que eso implica de doloroso para nuestro país, pero de desagravio para la democracia.

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