¿Plebiscito sí o plebiscito no?

La propuesta resuelta por el PIT-CNT contará seguramente con el apoyo mayoritario del resto de las principales organizaciones de la Intersocial, pero no parece fácil que concite mayorías en el Frente Amplio, toda vez que el Movimiento de Participación Popular y los sectores que impulsan la candidatura de Mario Bergara no están de acuerdo con la iniciativa.

La discrepancia evidente entre la estrategia para enfrentar esta reforma y promover modificaciones al sistema previsional entre la izquierda social y la izquierda política contrasta con el acuerdo general de la inconveniencia de la reforma jubilatoria de la coalición. Sin embargo, todo indica que no será alrededor de ese acuerdo, sino alrededor de esa discrepancia que se va a desarrollar un aspecto importante de la campaña electoral que se avecina.

Por supuesto que el movimiento social debe resolver con independencia del Frente Amplio y, va de suyo, el Frente Amplio debe resolver con independencia de las posiciones del movimiento social. Ahora bien, más allá de esa trivialidad, la convergencia estratégica de las fuerzas sociales de la izquierda, sean las organizaciones políticas o los colectivos organizados de la sociedad, es una condición ineludible cuando de lo que se trata es de construir victorias y no perfiles o embarcarse en campañas testimoniales. Las luchas, sobre todo las luchas más complejas, requieren un esfuerzo común, especialmente porque la dispersión de las batallas facilita las cosas a los sectores conservadores.

Para ganar en un plebiscito que se dirime junto con las elecciones nacionales de octubre es prácticamente indispensable que los sectores políticos que coinciden en el contenido de fondo de lo que se propone, lo militen y ensobren las papeletas con sus listas. Si no lo hacen, la única posibilidad de que el plebiscito triunfe es un acto superior de indisciplina de un conjunto grande de la población. Sería algo así como esperar que cientos de miles de personas adoptaran la conducta de incluir una papeleta que no está en el sobre de las listas que pretenden votar. Y eso nunca ha pasado en un plebiscito de esta naturaleza.

Con esta decisión del PIT-CNT, el Frente Amplio tiene ahora por delante la obligación de discutir si acompaña o no. Y lo tiene que hacer sobre la base de una propuesta que, además, no es la propuesta de mínima, porque incluye cosas que están más allá de los acuerdos de base que revistan en la coalición. Dicho más claramente: todo el mundo en el Frente Amplio parece estar de acuerdo en que la reforma jubilatoria es mala, pero no hay ese mismo nivel de acuerdo ni en la edad de retiro, ni en la derogación de las AFAPs y, mucho menos, en la conveniencia de fijar estos puntos en el texto constitucional.

Procesar esta decisión unitariamente, buscar los espacios de acuerdo con el movimiento social y darse la oportunidad de alcanzar una estrategia común, aun cuando implique concesiones o nuevas valoraciones tanto de las organizaciones sociales como de los sectores políticos de la izquierda, es el único camino razonable que minimiza el riesgo electoral y maximiza las posibilidades de que esta empresa, si no resulta finalmente victoriosa, por lo menos acumule para el bloque de los cambios.

El gobierno mira la situación con temor pero también con optimismo. De algún modo, la convocatoria de un plebiscito pone en riesgo su reforma, que de todas maneras ya estaba en riesgo si la izquierda tiene la mayoría parlamentaria, pero, a la vez, al producirse esta divergencia presumible en el camino para revocarla, tiene la oportunidad de hacer campaña sobre esa brecha y poner e juego el capital del presidente que, ahora sí, va a considerar que tiene derecho a meterse de lleno en la campaña electoral con todas las herramientas del Estado.

Lo que se viene no es una discusión fácil. No es tampoco dramática, pero hay que resolverla con inteligencia, sin perder de vista que por más iniciativa plebiscitaria que exista, incluso más allá de su resultado, si en octubre o noviembre de 2024 la derecha logra conservar el poder, la situación de los trabajadores activos o pasivos no va a hacer otra cosa que empeorar. Porque la ley es la ley y la Constitución es la Constitución, pero a la hora de cortar el bacalao, el gobierno es el gobierno, y el poder es real; el resto es ilusión.