Proteger el Estado es proteger a la gente

Ahora bien, esa manía desestatizante no tiene base social significativa en Uruguay y, como no pueden avanzar mediante la persuasión, leyes ni privatizaciones francas, lo hacen mediante decretos, decisiones de los directorios de los entes, orientaciones de la OPP o de los ministerios y ajustes fanáticos, siempre evitando el debate público, entre cuatro paredes, mintiendo a cara de perro y actuando con hechos consumados.

En este período, han debilitado a Antel, otorgándole ventajas a sus competidoras y habilitando que los privados oferten servicios rentables utilizando la infraestructura desarrollada por el ente público; lo han hecho con Ancap, desmantelando sectores y quitándole negocios; lo hacen con OSE, privatizando el agua potable que se suministrará al aea metropolitana con el proyecto Neptuno y discontinuando la obra sobre el Arroyo Casupá, con el impacto catastrófico que tuvo durante este año ese dislate; y ahora también lo hacen con UTE, permitiendo por decreto que los grandes consumidores compren energía a generadores privados en el mercado spot, en condiciones increíblemente favorables, subsidiado el negocio por toda la población cautiva y mordiendo los ingresos de UTE en un porcentaje significativo de su volumen total.

Lamentablemente, todavía es muchísima gente la que no sabe el daño que le están haciendo a nuestras empresas públicas, principales empresas del país, altamente estimadas por la sociedad. Recordemos que cuando quisieron privatizarlas el pueblo les dijo que no, pero ellos siguen en su brega de desguace, como si ignoraran que están actuando en contra de las convicciones mayoritarias de la sociedad.

Un problema central que se le va a presentar a la izquierda cuando le toque gobernar será retrotraer estas operaciones dañinas para nuestro patrimonio. Habrá que ver qué se puede hacer y cómo, porque es evidente que los privados que ingresan en estos negocios después harán valer sus derechos adquiridos y no siempre el Estado tiene las de ganar en estas circunstancias. A veces podemos tener la idea equivocada de que un decreto se soluciona con otro, o los efectos dañinos de una ley se conjuran con su derogación. Pero no es así o, por lo menos, no siempre es así.

Dicho lo anterior, no vale excusarse en estas dificultades para no hacer nada, porque no puede admitirse este mecanismo de privatización en cuotas o encubierta y simplemente contentarse con que no avancen más allá. Cuando la izquierda recupere la conducción del país, debe buscar la mejor manera de devolverle a la sociedad lo que le están quitando, de fortalecer a nuestras empresas públicas, que son orgullo nacional y pilares fundamentales en el desarrollo de un proyecto de país más justo y de mayor bienestar. Sin patrimonio, sin empresas públicas fuertes, ni los servicios accesibles están garantizados para todos, ni el Estado cuenta con esas importantes herramientas que después permiten desplegar la industria, las pequeñas empresas, las fuentes de empleo y los suministros imprescindibles para la educación, el sistema nacional de salud y el sistema de cuidados.

Hay que recuperar al Estado de esta pestilencia que es el herrerismo gobernando; hay que recuperar sus herramientas y sus políticas orientadas a proteger a todos, sobre todo a los más débiles. Y hay que recuperarlo en la práctica, pero también en el debate hasta pedagógico que se impone, porque estamos en una época donde ya no se puede dar por saldada esta discusión, como lo ha estado por casi un siglo. La moda ultraliberal y ultraderechista avanza en la región, pero viene impulsada desde los poderes centrales del mundo, por canales que no están al alcance de ningún control. El individualismo rancio también penetra en nuestras viejas sociedades solidarias y lo hace por todos los costados, entre la incomprensión, la propaganda y la despolitización de la gente.