La declaración del jefe de Estado se produjo el pasado lunes 26 de diciembre en la residencia presidencial de Suárez y Reyes y solo se filtró su comparecencia esta semana. Del contenido no ha trascendido nada, salvo que la fiscal dispuso la reserva o el secreto o el sigilo sobre el testimonio por cuarenta días prorrogables. Fossati ya había actuado de la misma manera en oportunidad de declarar ante su sede el secretario general de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés. El presidente, como había sucedido con Delgado y Ferrés, declaró en calidad de testigo, lo que ha despertado la molestia de las defensas de varios de los llamados a declarar hasta el momento que no entienden el criterio utilizado para la fiscal para distribuir roles (testigos o indagados), y sospechan que hay un criterio político detrás.
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La molestia de los otros involucrados es completamente comprensible. Aunque la fiscal puede invocar muchos motivos por el cual el presidente y otros jerarcas son llamados como testigos y no como indagados, entre estos, que considere que no hay elementos para otra cosa, ha sido tan insistente en su prédica exculpatoria de Lacalle Pou, llegando al paroxismo de salir a defenderlo ante el evidente espionaje de la exesposa solicitado por Astesiano, y fue tan peculiarmente hostil en un interrogatorio ridículo a la exsecretaria de José Mujica, cuyo contenido salió publicado en el diario más oficialista de todos -El País- y el día de mayor tirada -un domingo-, que presumir una conducta parcial, más bien proclive a la reducción de daños, de parte de ella es bastante razonable y hasta inevitable. Tampoco es fácil de entender, bajo la hipótesis republicana de que nadie es más que nadie, por qué dispone la reserva de algunas declaraciones y no de otras, ni por qué abrió una línea especial de investigación sobre las filtraciones, como si las filtraciones fueran episodios de gravedad comparable con los hechos que se investigan.
Como sea, ya no es mucha la gente que cree que esta causa vaya a llegar a fondo en la Justicia. El escepticismo existe en la población y también en la Fiscalía. La propia fiscal parecía tenerlo claro cuando quiso dejar el caso. Su conducta y sus declaraciones, y sus continuos tuits en la red del pajarito, no han hecho otra cosa que incrementar esa sensación de vía muerta, de callejón obligatorio.
Pero donde sí prospera es en el ánimo condenatorio de la gente. Por eso la popularidad del presidente se ha desplomado en los últimos meses, incluso en los estudios de opinión pública de las encuestadoras que miden para la Torre Ejecutiva. La aprobación cae a la par que se conocen nuevas filtraciones. Y las filtraciones por conocer pueden ser abundantes. Y aunque no lo fueran, ya no es mucha gente la que le cree ni acá ni en el exterior, como surge de titulares en portales internacionales tan influyentes como The Financial Times.
Tan empinada es la caída, tan difícil de revertir, y es tan poco lo que tiene el gobierno para mostrar en cuanto a logros de gestión, que Lacalle Pou ha debido desandar en la camino de la petulancia y pedirle a Pepe Mujica que lo acompañara a la asunción de Lula (el único que importaba, porque la invitación a Julio María Sanguinetti solo puede explicarse como un mecanismo de no hacer tan dolorosa su derrota al diluirla en un sospechoso criterio de expresidentes con vida) para intentar aquietar las aguas y calmar la beligerancia del adversario. Muy lejos quedó aquel raid de medios en Argentina, donde llegó a la soberbia de preguntar al periodista de un medio extranjero qué era el Frente Amplio y puso en duda si seguía existiendo.
A la caída pronunciada de popularidad por los casos de Astesiano y Marset, ya irreparables y posiblemente todavía en curso, hay que añadir la caída que va a producir la aprobación de una reforma jubilatoria altamente impopular y el tercer año consecutivo de caída del salario real. El gobierno intenta que esa reforma se produzca, ya sin expectativa electoral. Es más, da la sensación que ya gobierna asumiendo la derrota y, simplemente, intentando avanzar en su proyecto lo más posible, porque perdido por perdido, ya no hay cálculo electoral que valga. Para la izquierda eso es un desafío, porque un gobierno que se sabe en caída libre se bate en retirada dejando todo en la cancha, puede hacer mucho daño, toda vez que la única contención era su esperanza de reelección, ahora disipada, desdibujada, casi extinta.