Se necesita el VAR para saber quién es quién

El abogado Víctor Della Valle reconoció en una llamada telefónica grabada sin autorización que él y su socio Alejandro Balbi son amigos del Dr. Enrique Rodríguez, el fiscal que investiga la entrega de un pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset, quien estaba preso en una cárcel de Dubái luego de procurar ingresar a Emiratos Árabes con un pasaporte falso. Tal vez sea más preciso decir que Della Valle alardeó de esa amistad.

En verdad, la llamada fue anterior al episodio del pasaporte, por lo que se puede descartar que se trate de una triquiñuela del experimentado jurista que podría querer apartar del caso al fiscal.

Si fue un exceso de franqueza, una distracción telefónica en que lo tomaron de sorpresa, un alarde de poder o un sentido absoluto y hasta cierto punto irresponsable de la verdad, es difícil de saberlo aún.

Lo cierto es que no sabía que lo grababan.

Eventualmente, semejante afirmación podría justificar el apartamiento del mencionado magistrado de la causa que investiga, si damos por cierta la relación de amistad con el profesional involucrado.

El fiscal ha minimizado la cercanía de la relación y el fiscal de Corte, Juan Gómez, ha declarado su absoluta confianza en el mencionado profesional.

Si se tratara de un hecho cierto, la mencionada amistad supondría una circunstancia suficiente para que el magistrado optara por excusarse, máxime que la actuación de Alejandro Balbi en el citado episodio es por demás curiosa.

Pero Uruguay es así, alcanza con la confianza cuando esta se superpone o se contrapone con los hechos.

Al menos hasta que alguien traicione esa confianza y el traspié del inocente sea muy escandaloso.

Balbi gestionó el pasaporte de Sebastián Marset, trató de agilizar los trámites, buscó las vías para enviarlo rápidamente a Dubái y lo entregó a la persona que ofició de correo.

Marset, más temprano que tarde, utilizó el pasaporte para fugarse y desaparecer en un destino desconocido, en donde dice gozar de protección.

Balbi parece creer, y otros abogados consultados también, que su intervención no se contrapone con la ética ni con la ley y, es más, tampoco es una infracción a las costumbres ni al código profesional porque, según me dicen, “cualquiera lo haría”.

Su reunión con Carolina Ache, la elegante subsecretaria de Relaciones Exteriores, se ha presentado como una gestión casi ingenua, en el mismo despacho de la funcionaria, que por otra parte alega inocencia.

La intervención de Balbi tampoco llamó la atención de la viceministra, que por otra parte es también abogada.

Nadie se preguntó en calidad de qué actuaba Balbi.

No sabemos si en su función de abogado defensor, como amigo, gestor o apoderado.

No se ha conocido si tenía un poder, qué tipo de poder tenía, desde dónde se solicitó el documento, quién lo solicitó y los pasos administrativos que se dieron para otorgarlo. Tampoco quién tuvo conocimiento de las advertencias y quién dispuso otorgarlo a pesar de ellas.

Habiendo sido su abogado defensor, Alejandro Balbi no ignoraba que Marset era un peligroso delincuente que había estado condenado en Uruguay por diversos delitos, encausado por homicidio e investigado en varios países, que viajaba con pasaporte falso y que estaba preso en Dubái.

Balbi sabía que no era un fubolista uruguayo como parecen haber creído los dos ministros involucrados que creíamos que de tontos no tenían un pelo, pero que, de ser esto cierto, no hay cómo no reconocer que nos equivocamos.

Es más, Balbi, con experiencia en el trato con delincuentes y policías, y con el mundo de los que viven a uno u otro lado de la ley, sabía que Marset no tenía otra ocupación conocida que el delito.

Obviamente, no ignoraba que el pasaporte sería usado por Marset como un instrumento para desplazarse por el mundo, escapar de la Justicia y delinquir en el comercio internacional de drogas que es el único que conoce.

De ingenuidad ni hablemos.

Tampoco sabemos si Balbi cobró honorarios, si los facturó, ni quién le solicitó hacer la gestión.

Supongo que los investigadores encontrarán respuestas y sabrán si lo que hizo está o no dentro de las atribuciones de un abogado, sus derechos y obligaciones o si lo actuado está más allá de sus límites éticos y legales.

Por lo que yo sé, es un tema objeto de deliberación en la academia y en la Justicia y por lo tanto no quiero cargar las tintas sobre Alejandro Balbi, aunque tal vez esta nota lo enoje.

Alejandro Balbi es un personaje muy apreciado en algunos círculos, muy mediático, simpático, agradable y exitoso. Los hay mucho peores.

Aunque es comúnmente aceptado que en la actuación procesal el abogado defensor puede recibir dinero de su defendido sin preguntar siquiera de dónde provienen los fondos, dicha prerrogativa, con ser lógica, al menos resulta curiosa.

No se necesita ser muy astuto para suponer que el dinero con que paga el narcotraficante no proviene de una “fábrica de chicles”, al menos no de la misma fábrica tabacalera que lo empaqueta al presidente.

Marset fuma otra cosa y también lo puede hacer abajo del agua.

La actitud ante los honorarios de los abogados y el origen de los fondos de los mismos resulta incongruente con otras situaciones, pero es tal cual lo escribo.

Un escribano debe reportar un origen sospechoso del dinero que le paga un ciudadano común y honesto que le compra un auto usado, pero un abogado no debe hacerlo si se trata de un narcotraficante o un sujeto procesado por lavado de dinero, un homicida o un modesto ladrón

La sola pregunta parecería que vulnera el derecho del infractor de la ley a tener una defensa adecuada.

Está muy lejos de mi intención sospechar sobre los extremos que pudieran atribuirse a Balbi; mi único propósito es llamar la atención sobre los abogados penalistas y sobre las atribuciones que se arrogan algunos de ellos que creo que están más allá de los límites de la actuación procesal y del legítimo derecho de cualquier persona de tener una defensa competente.

Diego Durand sacó tres veces el Cinco de Oro

Diego Durand es el actual vicepresidente de Ancap y un dirigente relevante del Partido Nacional, asesor de seguridad de Luis Lacalle Pou y, paradójicamente, militante destacado de Aire Fresco.

Con el precio que cuesta el Rolex que compró con su primer honorario y con el que mira la hora en que termina la reunión del directorio de Ancap, le ponemos nafta al auto un mes.

Es muy conocido por haber sido abogado del Betito Súarez, uno de los delincuentes más famosos y peligrosos de nuestro país y cabecilla de una familia en la que su padre y sus hermanos han estado vinculados a múltiples homicidios, hurtos, falsificación de documentos, tráfico de estupefacientes , lavado de dinero y otros delitos, quienes han sido condenados a muchos años de prisión y han pasado la mayor parte de la vida en la cárcel pese a que sorprendentemente han recuperado varias veces su libertad tempranamente siendo protagonista de intentos de suicidios, fugas, accidentes graves de tránsito y hasta cursos de yoga y meditación realizados exitosamente para obtener la libertad anticipada. Dicen las lenguas largas que su especialidad en seguridad ciudadana la recibió en clases particulares que recibía de su defendido.

En 2014 la actuación de Diego Durand tuvo un intenso tratamiento mediático luego de que el jefe de Policía de Canelones, el inspector Sergio Guarteche, frustrara lo que calificó como una operación para posibilitar la fuga de Betito Suárez y de Rodolfo Auscarriaga, dos peligrosos narcotraficantes que se hallaban condenados en el Penal de Libertad y que el actual director nacional de Inteligencia y en ese entonces comisionado para el Sistema Penitenciario ordenó trasladarlos a la cárcel de Treinta y Tres, desde donde Guarteche creía que se planificaba su fuga de la cárcel y del país por la frontera muy cercana con Brasil.

Alvaro Garcé tuvo en ese entonces graves enfrentamientos con dos altos oficiales de la Policía: los inspectores Sergio Guarteche y Enrique Navas, quienes pasaron a retiro después de denunciar fuertemente los sorprendentes pedidos del comisionado parlamentario para el Sistema Carcelario para que se procediera al traslado de conocidos narcotraficantes.

En el caso del inspector Guarteche, el choque se hizo público en la prensa cuando el oficial insinuó cierta connivencia entre Álvaro Garcé y los narcotraficantes; cuestionó el reiterado pedido de Garcé para trasladar a los narcos a unidades carcelarias especiales en mejores condiciones de detención.

En esa ocasión, Guarteche manifestó que donde hay droga, hay dinero, y que cualquier movimiento de los presos vinculados a la droga debía manejarse con mucha prudencia.

Dos de los delincuentes cuyo traslado pedía Garcé en ese momento fueron Luis Alberto Suárez Correa (Betito) y Rodolfo Auscarriaga Caffaro (Tumán grande).

El primero de ellos fue condenado a 15 años de prisión y tiene antecedentes por hurto, rapiña, uso de documentos falsos, porte de armas, tráfico y suministro de estupefacientes, y registra una fuga de la cárcel de Paysandú.

Auscarriaga, por su parte, tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes, asociación para delinquir y un delito de violación, y fue condenado por un delito continuado de lavado de activos en calidad de autor.

Lo curioso es que estos dos traficantes fueron en su momento, defendidos por el otro asesor de seguridad de Lacalle Pou, el abogado Diego Durand, de quien hablamos ya en esta nota y quien además defendía al hermano de Luis Alberto Suárez, Pablo Esteban Suárez Correa, procesado por copamiento, rapiñas reiteradas y homicidio muy especialmente agravado en el grado de tentativa en el año 2000 y condenado en segunda instancia con pena hasta el 16 de diciembre de 2017.

El mismo tenía antecedentes por autoevasión, una fuga de la cárcel de Paysandú en 2005 y un copamiento con toma de rehenes en 2001.

Durand también defendía a Nicolás Alejandro Benítez Correa, condenado a cumplir cárcel hasta mediados de 2016 por rapiña, asociación para delinquir y tráfico de estupefacientes; a Ricardo Damián Cáceres Correa, condenado hasta 2016 por reiterados delitos de suministro de sustancias estupefacientes, especialmente agravado por la participación en un grupo; Eduardo Cardozo, autor penalmente responsable de un delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercialización, al que en la operación Nash se le incautaron marihuana, cocaína y pasta base; y Fernando MacEachen Pórtela, también sometido a la Justicia Penal por tráfico ilícito de estupefacientes en las modalidades de importación y negociación.

Se sabía, además, que Garcé había intervenido en el traslado del Penal de Libertad a Cárcel Central de José Luis Suárez, el más notorio traficante de drogas preso en Uruguay hasta ese entonces.

También Garcé había procurado el traslado de José Bitar y Juan Vargas, que estaban en la cárcel de Canelones. Los dos habían caído con drogas en la operación Arca, en abril de 2008.

Garcé llamó ese día a Guarteche a su domicilio a altas horas de la madrugada para pedir el traslado de Betito y Ascasurriaga desde la cárcel de Canelones a la de Treinta y Tres. Esa ciudad era, precisamente, donde estas dos personas habían comenzado su carrera delictiva. Guarteche hizo averiguaciones y comprobó que en la cárcel de Treinta y Tres no sabían nada.

La doctora Durán, secretaria de Garcé, le explicó al inspector Luis Alberto Suárez, subjefe de Policía canario, en qué consistía el plan: “Se llevaba a los dos narcos hasta la ciudad de Minas, allí se hacía el trasbordo y los detenidos, ya en poder de la Jefatura de Treinta y Tres, serían trasladados a su destino final. Al llegar a Treinta y Tres tendrían contacto fluido con su familia”.

Oro negro

La vida continúo en estos años que al Betito y su familia se le hicieron largos y a Durán se le hicieron cortos.

Durán parece tener hoy una gran fortuna y es vicepresidente de una de las principales empresas públicas. Sin embargo, todo no son mieles para el exitoso abogado que suele amenazar a los medios de iniciar acciones legales de publicarse notas que lo involucren

Recientemente, la Administración Tributaria de Suiza le informó que se había iniciado una investigación a solicitud de un tercer país, que no identificó, para ubicar posibles cuentas bancarias y bienes en Suiza a su nombre.

Según informara Búsqueda, Durand, en su declaración a la Jutep, no informó cuentas bancarias en Suiza, declarando un patrimonio personal de US$ 1.400.000.

Sin embargo, las investigaciones realizadas por el semanario mencionado revelan que entre 2016 y 2017 Durán cobró de Henderson por su gestión en la venta de Tienda Inglesa la suma de 2.100.000 dólares, que depositó en un banco suizo girados por el estudio Guyer Regules. Diego Durand ha afirmado que no ha evadido impuestos por ese patrimonio, pero no ha explicado porque no fueron declarados en la Jutep estando obligado a ello.

Diego Durand es un hombre de suerte porque se casó con Silvia Cuello, una bellísima expolicía, hoy abogada, también especializada en derecho penal.

El matrimonio duró poco, pero la Dra. Cuello mantiene su popularidad entre narcotraficantes pesados que la eligen como su abogada y en los jerarcas policiales que se encargan de su custodia. Por su conocida eficacia en solucionar problemas, agilizar traslados y algunos éxitos en procesos judiciales complejos, tiene en su cartera a varios acusados o condenados por narcotráfico o lavado de activos y ha tenido a otros delincuentes famosos.

La Dra. Cuello ha sido abogada de José Domingo Viveros Cartes (Papacho), socio de Marset y muy conocido narcotraficante en varios países del continente.

Papacho es tío del expresidente de Paraguay. Como piloto voló por diez países de la región trasladando drogas con el supuesto amparo de la DEA, de la cual habría sido informante, hasta que un controlador aéreo ¿inadvertido? lo descubrió volando una avioneta en el departamento de Durazno y fue detenido, primero procesado por violaciones del Código Aeronáutico y luego por transporte e ingreso al país de un voluminoso cargamento de marihuana.

Una vez cumplida su breve condena, una serie de confusiones y malentendidos frustraron su extradición a Paraguay y fue puesto en libertad en nuestro país.

A Cuello se le atribuyen verdaderas hazañas, como la de haber logrado el traslado a Cárcel Central de Tito Camisa de la Banda del Río Uruguay en momentos en que la Dirección de Cárceles había decidido concentrar a todos los narcos en el Penal de Libertad.

Se dice también que logró reunir en Cárcel Central a Roque Morabitto con el narco mexicano Valencia, quien fuera luego extraditado.

A consecuencia de esa reunión parece haberse incubado una disputa de celos en que la esposa de Valencia denunciara a la Dra. Cuello por una presunta relación con su marido.

Silvia Cuello y Paula Gutiérrez, su socia, son parte de esa generación de abogados jóvenes que tocan el cielo con las manos. Disponen de recursos, visten las mejores ropas, viven en los barrios más elegantes y manejan autos de alta gama.

No se sabe quiénes de esos nuevos profesionales traspasan los límites, aunque hay casos en que se ha comprobado que se les ha ido la mano, facilitando contactos entre presos, prestándose a transferencias de dinero, introduciendo armas de fuego en el penal, prestando asistencia en asesoría financiera a sus clientes.

A veces se pudre todo, como es el caso de Sergio Invernizzi, a quien también defendía Silvia Cuello. Invernizzi, el “narco uruguayo del clan Marset”, era un curioso heladero de Mercedes que cayó con un cargamento de pasta base que, según dicen, sería del narcotraficante prófugo. A los tres días de ser apresado este joven, cuya abogada negociaba con Fiscalía un acuerdo para abreviar su pena, se suicidó en una celda de la Unidad de Diagnóstico y Derivación de Punta Rieles.

Dicen algunas fuentes que, aunque se trataba de un sujeto con antecedentes cuyas inversiones llamaban la atención en la ciudad de Mercedes y los alrededores, al parecer nunca se le había relacionado con la pasta base y en esta ocasión solo prestaba un favor a Marset que desde el lugar en donde guarda refugio le pidió semejante traslado a cambio de una deuda que tenía con él.

Los abogados andan volando.