El agro uruguayo: de los incentivos para el desarrollo a la incertidumbre actual

Los datos que vamos a difundir fueron obtenidos en los informes de transición que el último gobierno realizó para el gobierno actual y refieren a los tres períodos de gobiernos del Frente Amplio.

En los quince años de gobierno se atendieron 21.988 unidades productivas familiares, que representan a 38.509 productores con sus respectivas familias, lo que eleva la cifra a 57.283 personas vinculadas a dichas unidades productivas. Este primer dato, de por sí muy trascendente, es seguido de otros muy impactantes.

Como apoyo ante las dificultades del cambio climático, para la asociación de agua para la producción y fortalecimiento de diferentes cadenas de producción se llevaron adelante 5.853 apoyos por un monto de 35.703.000 dólares. Fueron respaldadas 354 organizaciones de productores familiares medianos y pescadores artesanales. A su fortalecimiento y desarrollo se destinaron 13.718.000 dólares.

En convenio con el Banco de Seguros del Estado se volcaron en forma de subsidios contra las inclemencias del clima que debieron afrontar diferentes sectores agropecuarios una cifra que oscila, desde el año 2012 en adelante, de 3,5 a 4 millones de dólares. Esto hizo que, por ejemplo, en uno de los sectores más débiles de la producción agraria como es la frutihorticultura se pasara de tener muy pocos predios asegurados a alcanzar entre el 60% y el 80% de las áreas de producción aseguradas.

Como decíamos al comienzo, estas son solamente algunas de las cifras disponibles, hay muchas más. Sin embargo, aunque parezcan enormes, sus consecuencias trascienden largamente lo económico. El impacto social y cultural que alcanzaron fue mucho más importante que las cifras en sí mismas y el cambio que generaron en el interior profundo del país también lo fue.

Así, pasamos de tener familiares de productores rurales que emigraban a los cordones de pobreza de la ciudad por no poder mantenerse en el campo a una nueva realidad, la de familias enteras que permanecieron radicadas aquí, con nuevas generaciones de productores familiares.

También se produjo un cambio muy importante en referencia a este verdadero éxodo que se producía del campo a las ciudades. Antiguamente, en una familia de productores pequeños o medianos que tenían dos, tres, cuatro hijos, lo usual era ver que al crecer se fueran como decíamos a las ciudades a encontrar cualquier trabajo, muchos de ellos en la construcción o en otros rubros laborales.

Este fenómeno causaba mucha tristeza, desazón, desmoralizaba a las familias de productores que toda la vida habían trabajado en el campo y que se encontraban con que no podían mantener a sus familias unidas, o por lo menos trabajando en el mismo rubro familiar.

Fue un gran cambio, un enorme cambio. Muchos hijos de productores emigraron del campo a la ciudad pero ahora con un título universitario debajo del brazo, porque sus familias lograron que accedieran a estudios terciarios. Eso no tiene precio, porque ahora no solamente el hijo no se despedía de la casa con tristeza y sin tener un rumbo cierto, sino que lo hacía con una doble herramienta: la cultura productiva y un título universitario o terciario.

La gran mayoría de ellos se va, desarrolla su carrera fuera del predio familiar pero no se desprende del mismo: muchos vuelven y se vinculan nuevamente con el sector agropecuario, sea como ingenieros agrónomos, como tecnólogos, en diferentes campos del quehacer rural y otros con carreras diversas.

Hubo más cambios. Cuando el Frente Amplio asumió en 2005, muchas Sociedades de Fomento Rural estaban fundidas o no funcionaban. Algunas ni siquiera existían, fueron promovidas a partir de ese momento. En pocas palabras, fueron muchas las organizaciones de productores que empezaron a funcionar nuevamente o se crearon a partir de la instalación del gobierno frenteamplista.

Sin embargo, la forma en que el nuevo gobierno multicolor está afrontando los requerimientos del campo implica volver a lo viejo, a que cada productor vaya con su mochila a cuestas al banco, cada uno por su cuenta en lugar de trabajar asociados. La tendencia que asoma es volver a lo que existía antes de 2005, ya que, salvo excepciones, no hay incentivos para que las organizaciones de productores sigan funcionando como lo hicieron entre 2005 y comienzos de 2020. Y eso debilitará nuevamente a los productores, especialmente a los pequeños y medianos. Por tanto, desde nuestro rol de productor rural llamamos a la reflexión ante estas situaciones que están comenzando a ocurrir.

Todos estos respaldos que se lograron nos benefician a los productores y, lo más importante, benefician al país. No entendemos por qué aquellos instrumentos que han sido tan importantes para tantísimos productores pequeños y medianos ahora se están desmantelando. Las diferentes organizaciones de productores debemos reclamar y solicitarle al gobierno nacional retomar el camino del fomento a la ruralidad, antes que las consecuencias sean irreversibles para todos nosotros.

Dos ejemplos preocupantes

En 2020 acontecieron dos sequías muy severas en el territorio nacional. La manera en que el nuevo gobierno las afrontó no difiere del manejo con el que se está moviendo en otros temas: mucho ruido, mucha publicidad y poco apoyo. En lugar de respaldar a las asociaciones de productores como lo hacía el Frente Amplio, se los dirigió al banco, a solicitar créditos en ambas oportunidades. Ya incluso hay productores que han tenido que “reperfilar” sus créditos, o sea, que no están pudiendo pagarlos.

Por otra parte, en el final del tercer gobierno frenteamplista se creó el proyecto “Más agua para el desarrollo”, destinado a que pequeños y medianos productores pudieran construir reservas de agua y nuevas perforaciones que permitieran optimizar la distribución de aguas para riego. Era una inversión prevista de entre 15 y 20 millones de dólares. Una de las primeras medidas del gobierno multicolor fue anular dicho proyecto. Hoy, ante el reclamo de los productores rurales implicados, se habla de una inversión de 2 a 3 millones de dólares, una cifra absolutamente insuficiente para atender a tantos productores rurales necesitados.