El autobombo de Larrañaga

Los delirios de Larrañaga

Por su parte, el ministro del Interior se jacta de haber bajado rapiñas y hurtos con su excelente gestión.

Efectivamente, en marzo de 2020 se registraron 2.817 rapiñas y 10.508 hurtos, mientras que en marzo de 2019 fueron 3.013 rapiñas y 12.351 hurtos. La conclusión de Larrañaga es que ahora la Policía procede con más eficacia porque se siente respaldada. Ante tal distorsión de la realidad y burda manipulación, solo son aceptables dos hipótesis: o es idiota o nos considera idiotas a todos los uruguayos. No hay otra.

La pandemia ha llevado a que la inmensa mayoría de la población se encierre en sus hogares, lo cual, obviamente, no solo dificulta la tarea del virus, sino también de los rapiñeros y descuidistas. La ecuación es simple: menos gente en la calle, menos víctimas potenciales de los delincuentes. Menos trabajo, menos personas con dinero en la calle. Más casas con gente, menos posibilidades para los que se dedican a saquearlas en ausencia de los dueños. Menos comercios abiertos, menos posibilidades de asaltarlos.

Sin embargo, en el primer mes del nuevo gobierno se registraron 32 homicidios, mientras que en marzo del año pasado fueron 26.

Parafraseando a Bonomi

Hablando sobre las cifras de homicidios en el programa Desayunos informales, Jorge Larrañaga largó una justificación que no pasó inadvertida: “En la jerga policial me dicen que se la están dando entre ellos. Hay una lucha por territorio, un cobro de cuentas entre sí”.

Cuando Eduardo Bonomi dijo algo parecido, le cayeron con todo, como si hubiera blasfemado contra Alá en Irán; pero ahora lo dice él y no pasa nada.

La verdad es que Larrañaga no sabe un (¡pip!) de seguridad; lo que quedó totalmente demostrado cuando hace unos meses prometió que todos los cargos de jefes de Policía serían ocupados por oficiales de carrera. De haber estado un poquito informado, sabría que esto ha sido así desde que el Frente Amplio llegó al gobierno. Antes, tales cargos eran ocupados por políticos y no pocas veces por militares.

Quizá dentro de un año o menos, ya no podamos hablar de su ignorancia sobre el tema, porque es lógico esperar que aprenda; pero, hoy por hoy, recién está comenzando a aprender sobre las características de delitos y delincuentes, causas de la criminalidad y modos de reducir los índices de la misma. Pronto aprenderá que no todo se soluciona garganteando como el guapo del barrio. Pronto comprenderá que todos sus esfuerzos serán inútiles si otros ministerios no se unen al suyo en el combate al delito. Pronto comenzará a valorar la importancia de la tecnología aplicada a la seguridad y multiplicará las tobilleras electrónicas traídas por primera vez al país por Eduardo Bonomi, así como las cámaras de reconocimiento facial.

Ojalá comprenda que la mejor manera de combatir el abigeato no pasa por incrementar las patrullas rurales, sino por comprar drones (parte del costo lo podrían cubrir los mismos interesados) y trabajar en conjunto con el MGAP, en todo el proceso de trazabilidad, para combatir el crimen organizado que se encuentra detrás de este delito. El abigeato no se ataca solo cuando se mata o roba ganado de un campo, sino también cuando se lleva al mercado informal de faenado o a carnicerías cómplices. Mediante exámenes de ADN, en las redes y en los frigoríficos, se podrá detectar a través de la trazabilidad el origen de los animales.

Para que Larrañaga tenga éxito en su gestión, los poderes Legislativo y Judicial tendrán que cumplir con su parte. Quien rompa una tobillera electrónica debe ir a la cárcel. En 2019 vimos decisiones judiciales aberrantes en tal sentido, que terminaron en homicidio, lo que se podría haber evitado.

Cuidado con los socios y amigos

Algún día, y por el bien del país esperemos que sea pronto, Larrañaga comprenderá que los delincuentes no están solo en los barrios humildes. Detrás del abigeato hay personas de muy buena situación económica; pero no son los que se ensucian las manos carneando una vaca o una oveja en la noche, sino los que compran los animales, tanto faenados como en pie, como quedó demostrado en 2019. Son pocos los que salen del escritorio para participar directamente en las acciones. Hace pocos días, cuando la Policía de Salto realizó un operativo para desarticular una banda de abigeos, se llevó una sorpresa al comprobar que tanto el alcalde del municipio Rincón de Valentín (por el Partido Colorado y del sector de Germán Coutinho) como su hijo eran integrantes de aquella. Él y otra persona fueron procesados (ahora debo decir “formalizados”, lo cual me parece una huevada, pero ta) por tráfico interno de armas de fuego y municiones en calidad de autores. Otros cómplices cayeron por abigeato y varios más andan huyendo.

Delito no es solo una rapiña. Delito es también lo que motivó el procesamiento del banquero Andrés Betingo Sanguinetti, hermano del expresidente Julio María Sanguinetti. Según la Fiscalía de Colombia, habría creado cuentas para sociedades anónimas utilizadas por la empresa brasilera Odebrecht con el objetivo de pagar coimas en el marco de la red de corrupción y lavado de dinero más grande de América Latina.

Tal vez no sea delito (es discutible) lo que hizo el diputado colorado salteño Omar Estévez al votar y fundamentar, el 25 de marzo, una ley que transfiere 128.715.153 pesos al Fondo Citrícola, pese a ser empresario del sector citrícola. Tal vez no sea delito; pero los artículos 77 y 104 de la cámara a la cual pertenece son claros al prohibir a los diputados votar una ley que los beneficie individualmente. Puede que no sea un delito e incluso hasta es posible que lo votara por ignorancia del reglamento; pero conductas como esas promueven la inmoralidad como algo normal y arrojan a Uruguay al fondo de las republiquetas bananeras. ¿Con qué moral exigirle al de abajo que no robe cuando el de arriba lo hace descarada pero impunemente?

¿Cómo pretender tener buenos policías y militares cuando un senador de la coalición gobernante critica al Poder Judicial por procesar con prisión a un militar asesino y violador de los derechos humanos?

Está claro que un ministro del Interior no puede intervenir en todos estos casos, ya que algunos quedan dentro del ámbito político y ético; pero algún día comprenderá que todo tiene que ver con todo. Mientras tanto, un poco menos de soberbia y mucho más de humildad y disposición a aprender le vendrían bien, tanto a él como al país.

¿Cómo exigir ética a nuestros funcionarios públicos cuando en el Instituto Nacional de Estadística se designan mandos medios a dedo, sin llamado a concurso y violando la carrera administrativa? ¿Cómo exigir ética cuando el gobierno le da vida a un hotel que estaría cerrado si no fuera porque se trata de familiares de la dirigente nacionalista Verónica Alonso? ¿Cómo exigir ética a nuestros funcionarios públicos cuando oyen la grabación de un intendente blanco pidiendo sexo a cambio de una pasantía y su partido lo salva de un juicio político y lo respalda para su reelección?

¿Hubiera permitido Wilson que Manini Ríos llenara de militares varias reparticiones? ¿No hubiera saltado como quemado con leche hirviendo si se enterara de que entre los acomodados figura el ultrafascista Daniel García Pintos? ¿No hubiera hecho temblar hasta los cimientos al Palacio Legislativo si su partido le diera un cargo a Alejandro Bordagorri, firmante del oficio que deja al descubierto el seguimiento a abogados denunciantes de violaciones de derechos humanos en el Batallón 10 de Treinta y Tres y que en 2018 se negó a declarar en la comisión investigadora sobre actos de espionaje entre 1985 y 2016?

¿Hubiera permitido Wilson que un asesino como Radaelli juntara votos para su candidatura o le hubiera dicho: “Usted no tiene nada que hacer en nuestras filas porque tiene las manos sucias de sangre”?

“Dignidad arriba, regocijo abajo”, decía Aparicio Saravia.

“Estos son los blancos baratos de los que les hablaba, carajo”, diría Wilson.