El BCU nos contesta y más preguntas siguen vigentes

En síntesis, el Banco Central del Uruguay (BCU) dice que promovió un juicio por daños y perjuicios contra diversas personas físicas y jurídicas por integrar el personal superior de Banco de Montevideo SA y haber sido partícipes en operativas presuntivamente dolosas y por ser personas jurídicas que participaron en algunas operaciones de esas características o conformar el denominado grupo Velox o grupo Peirano. Previo al juicio, el BCU obtuvo medidas cautelares genéricas respecto de los patrimonios involucrados, así como específicas sobre un conjunto de bienes conocidos en aquel momento.

El referido juicio se encuentra en etapa de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Agrega que la Sra. Letizia Vejo es notorio que no tuvo responsabilidad alguna en los eventos que produjeron la liquidación del Banco de Montevideo.

El BCU obtuvo embargos cautelares respecto de empresas a ella vinculadas y de bienes propiedad de las mismas. Pero la Justicia civil desestimó la demanda en dos instancias por entender que los bienes involucrados habían ingresado legítimamente al patrimonio de esas empresas.

La sede penal archivó las denuncias referentes a la Sra. Vejo.

Sobre Juan Salustiano Peirano Vejo, el BCU dice que no forma parte del elenco de demandados en el referido juicio.

En cuanto a a las empresas uruguayas Imusol SA y Seriway SA, el BCU no tiene elementos que las vinculen con operativas dolosas con perjuicio para Banco de Montevideo SA (en liquidación). Ni que las liguen con las personas codemandadas en el citado juicio. Tampoco hay elementos que permitan ejercer acciones contra las sociedades extranjeras Freedom Pass y HOPE Inc.

Respecto a los bienes en Argentina, el BCU informa que se encuentran a cargo de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario. Y que esta eventualmente puede obtener información a través de los estudios jurídicos argentinos a quienes la liquidación del Banco les encomendó el seguimiento.

Precisiones del BCU

A continuación, el texto completo de la respuesta del BCU: “El BCU oportunamente promovió un juicio por daños y perjuicios contra diversas personas físicas y jurídicas por: a) integrar el personal superior de Banco de Montevideo SA y haber sido partícipes en operativas presuntivamente dolosas que contribuyeron a causar el desequilibrio económico financiero de dicha institución; b) ser personas jurídicas que participaron en algunas operaciones de esas características; o c) conformar el denominado grupo Velox o grupo Peirano. Todo al amparo del artículo 24  del Decreto Ley 15.322, el artículo 23 de la Ley 17.613 y del artículo 391 de la Ley 16.060. Previamente al juicio, el BCU requirió  -y obtuvo- medidas cautelares genéricas respecto de los patrimonios involucrados, así como específicas sobre un conjunto de bienes conocidos en aquel momento.

El referido juicio se encuentra en etapa de casación ante la Suprema Corte de Justicia, después que la Justicia Civil -en las dos instancias previas- condenó al pago de suma ilíquida a varios de los codemandados y absolvió a otros.

Específicamente con relación a la Sra. Leticia Vejo es notorio que no tuvo responsabilidad alguna en los eventos que produjeron la liquidación del Banco de Montevideo, por lo que su responsabilidad sólo podía surgir en caso de que fuera titular de bienes obtenidos con el producto de la maniobra perpetrada en el citado Banco. El Banco Central promovió -y obtuvo- embargos cautelares respecto de empresas a ella vinculadas y de bienes propiedad de las mismas que presumiblemente podían estar en la situación antes descrita. Sin embargo, la demanda fue desestimada por la Justicia civil en dos instancias por entender que los bienes involucrados habían ingresado legítimamente al patrimonio de esas empresas, situación que ha pasado en autoridad de cosa juzgada. En consecuencia, la Justicia levantó los embargos trabados en bienes que figuraban en el patrimonio de las empresas de las que era titular la Sra. Leticia Vejo, entre los que se encuentran algunos de los mencionados en la nota periodística: estancias Santa Eusebia y Santa Eufemia, El Churrinche y Pilares, además de otros que no se mencionan en la nota.

Con referencia a la situación penal de la Sra. Vejo en la jurisdicción nacional, la sede penal competente archivó las denuncias a su respecto.

Por su parte, y en relación con Juan Salustiano Peirano Vejo, cabe decir que no forma parte del elenco de demandados en el referido juicio, al no existir elemento alguno que lo vincule causalmente a los eventos que determinaron la insolvencia de Banco de Montevideo SA.

Respecto a las empresas uruguayas Imusol SA y Seriway SA, este Banco Central no tiene elementos que las vinculen con operativas dolosas con perjuicio para Banco de Montevideo SA (en liquidación) ni que las liguen con las personas codemandadas en el citado juicio. Tampoco hay elementos que permitan ejercer acciones contra las sociedades extranjeras Freedom Pass y HOPE Inc.

Finalmente, y en relación con los bienes en la República Argentina y eventual información adicional al respecto, cabe agregar que la liquidación de Banco de Montevideo SA se encuentra actualmente a cargo de la Corporación de Protección del Ahorro Bancario y que esta eventualmente puede obtener información a través de los estudios jurídicos argentinos a quienes -en su momento- la liquidación del Banco les encomendó el seguimiento de determinados juicios de recupero en dicha jurisdicción”.

Denunciamos

El BCU no sólo no hizo nada para evitar el fraude del Banco Montevideo, sino que luego de la debacle se lavó las manos olímpicamente.
Está documentado que el BCU estaba en conocimiento de la existencia del Trade & Commerce Bank (TCB) y que era propiedad del grupo Peirano. No podía desconocer su existencia ya que no sólo los propios Peirano informaban en sus estados contables y en sus actas de asamblea, sino que el propio BCU les pidió a los Peirano, antes de la intervencion, que el TCB aportara US$ 45 millones para cubrir los problemas de liquidez del Banco Montevideo, ya que el Directorio del BCU había sido informado que el Banco Montevideo había asistido al TCB en esos montos.
La paradoja es que el BCU reconoce que el TCB era de los Peirano, que era del mismo grupo económico, y que inclusive podía asistir financieramente al Banco de Montevideo, pero, en cuanto a los ahorristas, pasa a desconocer estos hechos.

Este periodista fue declarante en el caso del procesamiento de los Peirano porque la auditoría que había realizado el BCU no la entregaba al Juez Pablo Eguren y una copia de ella había llegado a Caras y Caretas.

Los ahorristas

Existen más de 500 ahorristas del Banco Montevideo que han quedado en el limbo legal. El BCU los desconoce como ahorristas y manifiesta que son del TCB. ¿En qué se basan? En documentación emitida por el Banco de Montevideo, entidad bajo su supervisión. Pero nunca preguntaron si esos ahorristas tenían sus depósitos en el TCB. ¿Por qué? Porque saben la respuesta: Nunca los fondos de estos 500 ahorristas fueron enviados formalmente al TCB. Ninguna de estas personas nunca tuvo cuenta en el TCB.

Entonces no se entiende que el propio BCU reconozca que el Banco de Montevideo es acreedor del TCB, pero por otro lado obliga a sus ahorristas a reclamar a la liquidación del TCB en Caimán. Jamás el BCU se presentó en la liquidación del TCB y jamás requirió información de las supuestas cuentas de los ahorristas. ¿Con qué seguridad entonces negó el derecho a ser reconocidos acreedores del Banco Montevideo si no sabían a ciencia cierta si los depósitos estaban en el TCB?

Según acta notarial redactada por el Dr. Jorge Castagnola del BCU, preguntado el Cr. Dante Peirano sobre si instrumentó las órdenes impartidas por el Directorio del BCU, contestó:

“Formalmente no se instrumentó. La razón es que el TCB genera un serio problema comercial para Banco Montevideo cuyas consecuencias en caso de obedecer estrictamente la resolución citada no resulta posible medir. Dicha situación fue puesta en conocimiento el día lunes 10 al Cr. Xavier. Lo antes declarado debe hacerse extensivo a las acreditaciones en las cuentas de los clientes vinculadas a TCB, que si bien desconozco caso a caso, reconozco a través de mi hermano José. No sé como se instrumentó dicha solicitud ni tenemos documentación respaldante” (18.06.02).

Lo que es peor. ¿Por qué si el Banco de Montevideo era acreedor del TCB, no verificó su crédito?

Finalmente y el colmo del absurdo. ¿Cómo puede argumentar el BCU que no tiene alcance contra personas que no integran el directorio de una entidad en liquidación si la Justicia ha determinado un fraude? ¿No sabían que había una orden emitida por la corte de Caimán de congelamiento de activos por US$ 16 millones contra Letizia Vejo Mailhos, ejecutable en cualquier parte del mundo?

Esta persona se apropió de fondos indebida e injustificadamente de una entidad financiera del grupo Velox; ¿el BCU no puede hacer nada?

Ni hablemos de la observancia de las normas de prevención de lavado de activos ni el reporte de operaciones sospechosas.
Ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Ciddhh) ha ordenado la revisión de estos casos y sólo se han admitido 20 de 500 ahorristas, pagándoles US$ 3.000.

El problema sigue latente. Y las consecuencias se van a seguir pagando.

Álvaro Lecueder fue director del TCB

Según el acta firmada por la escribana María Nilda Ache de Lecueder, el 17 de abril de 1989, su esposo, Álvaro Lecueder, Roberto Peirano Peirano y Marcelo Pestarino se constituyeron en miembros del Directorio del Trade and Commerce Bank (TCB), asumiendo el argentino Pestarino como presidente y Roberto Peirano como vice. Posteriormente, Pestarino renunció.

Los Peirano poseen una estancia en Taubaté, Brasil, al lado de San Pablo, que vale US$ 6 millones. El dueño es Island Point SA, Brasil. Cuando se consulta el registro en Brasil, el accionista es Island Point View Ltd. de Islas Vírgenes Británicas. Y cuando se consulta el registro de accionistas en Islas Vírgenes, el dueño es Tarbet Trading SA de Uruguay, cuyo dueño es Álvaro Lecueder. El socio, amigo y gerente general de varias empresas de este tipo.

EL EXPEDIENTE JUDICIAL

Entre los 19 hechos reseñados por el juez en su sentencia están:

Colocaciones realizadas por el Banco Montevideo a favor de Juan Peirano Basso y de Velox Inv. Company por US$ 6 millones y U$S 1,5 millones, respectivamente. El BCU dispuso que el Banco Montevideo dejara de otorgar créditos a empresas del grupo y se recategorizarán a los deudores empresariales y familiares.

Al no obtener respuesta, el BCU ordenó al Banco Montevideo cancelar los créditos a empresas del grupo y que los propietarios constituyeran garantías para respaldar el traspaso de fondos del Banco Montevideo al TCB. A partir de febrero la exposición del Banco de Montevideo con las empresas argentinas del Grupo y el TCB aumentó en US$ 9 millones. El Banco de Montevideo pagó certificados de depósito emitidos por el BII Creditantstal por US$ 6,6 millones.

El BCU constató sobregiros a empresas del grupo y el Banco de Montevideo no presentó la declaración jurada que el BCU había pedido.

El Banco de Montevideo tenía en el activo papeles de Velox que no fueron renovados y al vencimiento fueron pagados por el Banco Montevideo por US$ 38 millones de dólares.

Dante y Jorge Peirano Basso utilizaron títulos depositados en custodia por clientes como garantía de una operación ante el Bank Boston por US$ 4 millones. La cifra se transfirió al Banco Alemán de Paraguay.

-Entrega de títulos por US$ 3,2 millones a Ignacio Rospide, que según el exgerente del Banco de Montevideo, Marcelo Guadalupe, eran propiedad del Banco Caja Obrera.

-Crédito del Banco Montevideo Royal Ahold utilizado como puente para que esa empresa destinara ese dinero a Disco Argentina, lo que aumentó la exposición del Banco Montevideo.

-Compra de 3.440.000 Euros del Banco Montevideo al Cambio Guaraní de Asunción (propiedad del grupo) mediante la venta de dólares, con aval de Guadalupe. El dinero nunca fue recibido por el Banco de Montevideo. En la mesa de cambios del Banco de Montevideo se retenían órdenes de clientes de giros al exterior, debitándolos a sus cuentas como si esos giros se hubieran realizado.

-Negociación entre el Banco Montevideo y Banco la Caja Obrera para la compra del paquete accionario del segundo y la integración de su directorio. Se concretó por la compraventa de títulos por US$ 32 millones. En esa operación, el Banco de Montevideo se desprendería de esos valores y recibiría efectivo, afectando el encaje del Caja Obrera que obliga a mantener el BCU.

En la mesa de cambios del Banco de Montevideo se realizaban operaciones con títulos de empresas financieras del grupo, lo que no está permitido por el BCU. Por esas operaciones se vendían títulos el último día del mes y se acreditaban el primer día del mes siguiente. Así se ocultaba al BCU la operación en la contabilidad.

Trade & Commerce Bank (TCB)

TCB de Islas Caimán era un banco perteneciente al Grupo Peirano. A pesar de que fue constituido en 1989, de acuerdo a lo señalado por el juez Eguren, no tuvo presencia en las Islas Caimán hasta fines de 2001. TCB jugó un papel fundamental en la operativa desarrollada por los Peirano.

Desde 1997 aparentemente, se transferían recursos de Banco Montevideo y de sus clientes hacia otras empresas del grupo, básicamente en Argentina, Paraguay y Caimán. Estas operaciones se incrementaron año a año e integraban parte de la oferta de productos que Banco de Montevideo ofrecía a sus clientes (colocaciones en Banco Velox, Velox Investment, TCB).

Durante 2001 se incrementa el traspaso de recursos de Banco Montevideo para el resto de las empresas del grupo, lo que fue detectado por los servicios técnicos del BCU.

A partir del corralito en Argentina, Banco de Montevideo asiste a las empresas vinculadas al Grupo Peirano. El proceso se agrava al producirse el retiro de depósitos en Uruguay en que el Banco de Montevideo se hace cargo de las colocaciones de clientes en otras de sus empresas.

Las operaciones con TCB provocan, desde diciembre hasta que se decide la intervención, recién a fines de junio de 2002, un incremento de la posición de Banco de Montevideo con TCB de 82 millones de dólares, llegando a un total de 175 millones de dólares. Los autopréstamos o préstamos a empresas del grupo ascendían al 17 de junio a 213 millones de dólares.

La utilización de recursos de Banco Montevideo para devolver depósitos en sus empresas vinculadas es un elemento clave a la hora de explicar el vaciamiento del Banco. Al mismo tiempo que Banco de Montevideo asistía a sus vinculadas, recibe asistencia del BCU, proceso que se dio prácticamente sin contrapartidas y al margen de la normativa.

EL MISMO GRUPO ECONÓMICO

La dirección del TCB la ejercían José Peirano Basso como presidente y José Iraola como director. Sus accionistas eran cuatro sociedades holding en las cuales Jorge Peirano Facio y Juan Peirano Basso son los principales accionistas (70% y 30% respectivamente).

Velox Investment Company tenía 64,42% de sus acciones por $ 25.234 argentinos al balance cerrado el 31.07.01, según página 5 expediente Nº 2002/0267, pieza 1. Compagnie D’Investissements SA.; Brac Financial Corp;

Trade and Commerce Holding Company (Fs. 635).