El Chile que Talvi no menciona

El descontento popular de los ciudadanos comenzó desde prácticamente el inicio de la Revolución Industrial. La emigración constante de personas del campo a la ciudad trajo también cesantes del norte a la capital, lo que aumentó la desigualdad social. Movimientos anarquistas y comunistas habían generado organización en las esferas sociales bajas que esperaban soluciones a sus problemas y los sindicatos comenzaron a proliferar rápidamente y trajeron a luz gran evidencia del descontento social. La Gran Depresión del año 1929 tenía a Chile clasificado como uno de los países más afectados con la crisis debido al gran endeudamiento generado por la gran expansión del gasto público.

Casi tres décadas después, el triunfo de la Unidad Popular con Allende a la cabeza, en noviembre de 1970, se conoció como la vía pacífica o constitucional de acceso al gobierno, asunto este, el de las vías de acceso al poder, bastante discutido por la fuerzas de izquierda en todo el mundo en aquellos años.

Es imposible comprender los dos mojones de gobiernos socialistas en Chile si no se toman en cuenta las brutales condiciones de explotación y de vida en que la oligarquía chilena tenía sometidos a los obreros del salitre y las minas de cobre y otros minerales, dos de sus recursos naturales más importantes.

Es imposible comprender la peripecia chilena si no se toma en cuenta la brutal contradicción que representa que una nación posea un recurso natural como el cobre, siendo el mayor proveedor del planeta, y que esa riqueza sea su condena.

El cobre es popularmente conocido como “el sueldo de Chile”. El país es el mayor productor del mundo, satisfaciendo las necesidades de 36% del mercado global, ​y cuenta con 28% de las reservas mundiales del mineral. La extracción cuprífera representa el 30% de las exportaciones chilenas (abarcó más de 60% de ellas en 1970).

El 11 de setiembre de 1973, la masacre militar fue el punto culminante de un prolongado período de intentos de desestabilización institucional y boicots económicos por parte de las clases dominantes.

La Democracia Cristiana (DC), que en principio se había acercado a la Unidad Popular, se terminó aliando con el Partido Nacional (PN), de derecha. Su primera acción conjunta se dio en la elección complementaria de un diputado en Valparaíso, en la que el candidato de la DC Oscar Marín ganó con el apoyo del PN.

En el aspecto legal, la DC y el PN aprobaron una reforma constitucional (Proyecto Hamilton-Fuentealba) que definió las tres áreas claves de la economía y colocó trabas al plan estatizador de la Unidad Popular, dejando sin efecto las estatizaciones y requisiciones efectuadas con anterioridad al filo de la ley. ​El presidente vetó el proyecto y la insistencia del Senado por aprobarlo creó un conflicto institucional. Las manifestaciones a favor o en contra del gobierno continuaban sucediéndose, llegando a producirse graves enfrentamientos callejeros.

La oposición se volvió más fuerte con el apoyo de la prensa opositora, parte de la cual era financiada por la CIA.​ Los diarios El Mercurio, La Segunda, La Tercera, Las Últimas Noticias, La Prensa, La Tarde y Tribuna atacaron sin cesar al gobierno.

La economía había dejado de crecer. El incremento de las remuneraciones del sector público, la expansión de los subsidios a las empresas públicas y el deterioro de la recaudación tributaria, no adaptada a un ambiente inflacionario, generaron un creciente déficit público de magnitud impresionante. Todo este gasto se financió mediante emisiones monetarias inorgánicas del Banco Central. El resultado fue un incremento de la cantidad total de dinero circulante de 173% en 1972 a 413% en 1973. La contracción del país llegó a ser -1,21% en 1972 y -5,57% en 1973;​ la inflación llegó en 1972 a 225% y en 1973 a 606%. Los salarios reales cayeron -11,3% en 1972 y -38,6% en 1973; el déficit llegó 25% del PGB y la deuda externa aumentó a 253 millones de dólares.

La fijación oficial de precios trajo consigo la escasez y el mercado negro, en el que se vendían los productos a precios multiplicados. La fijación gubernamental de precios -prohibiendo el sistema de precios libre- y el estancamiento económico causaron la desaparición de productos básicos de consumo en almacenes y supermercados, provocando largas colas de gente para obtener mercancías. Para enfrentar el desabastecimiento, el gobierno creó las JAP (Juntas de Abastecimiento y Precios), que repartirían canastas de mercaderías de acuerdo con las necesidades reales de las familias. Junto con ello, se creó, a finales de 1972, la Secretaría Nacional de Distribución, que centralizaría el comercio mayorista. Estos anuncios aumentaron el problema, puesto que las familias trataron de aprovisionarse de todo producto de consumo para enfrentar el futuro racionamiento. Las nuevas instituciones resultaron ineficaces por sí mismas, pues no existía la infraestructura necesaria para aplicar aquel sistema de racionamiento.

La grave situación económica y el temor de ser estatizados llevaron a la Agrupación de Dueños de Camiones, con el apoyo de otros gremios, a realizar un paro nacional en octubre, agravándose aun más los problemas de distribución. El paro contó con el apoyo monetario de la CIA, que conspiraba para hacer caer el gobierno de Allende, entregando también recursos a diarios opositores, principalmente a El Mercurio. La oposición y otros gremios profesionales se plegaron a la movilización, adhiriéndose ingenieros, abogados, odontólogos, médicos, profesores, estudiantes y muchos más; el país quedó virtualmente paralizado.

El Poder Judicial se sumó a la oposición; la guerra y desestabilización institucional no es un invento de las actuales derechas.

Pinochet y los Chicago boys

El general Augusto Pinochet ejerció el Poder desde 1973 hasta 1990 al frente del Poder Ejecutivo; siguió como comandante del ejército hasta 1998 y luego se desempeñó durante dos años como senador vitalicio.

Fue el régimen de terror pinochetista el laboratorio ideal para llevar adelante la aplicación de las políticas neoliberales.

Bajo la influencia de los Chicago boys, economistas neoliberales orientados al libre mercado, el nuevo régimen implementó la liberalización económica, incluida la estabilización monetaria. También eliminó las protecciones arancelarias para la industria local, prohibió los sindicatos y privatizó la seguridad social y empresas estatales. Estas políticas produjeron un inicial crecimiento económico, que Milton Friedman denominó el “milagro de Chile”, pero que contrasta con un aumento dramático en la desigualdad de ingresos y que llevó a una devastadora crisis económica en 1982.

Durante la dictadura se cometieron graves y diversas violaciones de los derechos humanos. Pinochet persiguió a izquierdistas, socialistas y críticos políticos, lo que provocó el asesinato de entre 1.200 y 3.200 personas, la detención de unas 80.000 personas y la tortura de decenas de miles. ​ Según el gobierno chileno, el número de ejecuciones y desapariciones forzadas fue de 3.095.

Un neoliberalismo campante navegando sobre mares de hemoglobina.

(Talvi huevón)               

Como medidas concretas, se redujo el gasto público 27%, se despidió a un alto porcentaje de empleados públicos, se privatizaron unas 500 empresas nacionales, se aumentó el IVA, se disminuyeron drásticamente los aranceles comerciales a importaciones y se liquidó el sistema de ahorro y préstamos de vivienda. Estas medidas, conocidas como “el shock” y cuestionadas por los economistas más clásicos, no consiguieron revertir en un comienzo las cifras negativas, pero el modelo se comenzó a afianzar hacia 1977, iniciándose un fuerte crecimiento macroeconómico conocido como “el boom”, el cual, sin embargo, no consiguió corregir los altos índices de cesantía.

A ese Chile que Talvi nos vende como modelo se enfrentan hoy más de 60 organizaciones sociales del mundo de los sindicatos, poblaciones, defensa del medioambiente, pueblos originarios, feministas, estudiantes, derechos humanos, entre otros, que se unieron en la unidad social para convocar a una gran protesta nacional para el 5 de setiembre. Dice una parte de su manifiesto: “Un sentimiento de indignación, molestia y rabia recorre el país, al sentir que se acrecientan las injusticias, las desigualdades y la impunidad, y al observar que casi no hay sector de la sociedad que no esté afectado por la corrupción o por la crisis moral que corroe a gran parte de las instituciones de la república. Los sectores políticos promotores y defensores del neoliberalismo impusieron en dictadura y mantienen hasta hoy una Constitución ilegítima y un entramado social, institucional y económico que impide cambios democráticos y la recuperación de los derechos fundamentales”.