El próximo martes debatirán los senadores Óscar Andrade y Guido Manini Ríos sobre los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que serán sometidos a Referéndum el próximo 27 de marzo. El debate se desarrollará en los estudios de Cardinal TV, en la ciudad de Florida, será moderado por tres periodistas del interior: Fabricio Álvarez, de Florida, Fernanda Perrone, de Las Piedras y Fernando Marrero, de San José. Así mismo, podrá verse en todos los canales del interior de la Cámara Uruguay de Televisión para Abonados, y será retransmitido por TV Ciudad y por diversas plataformas de internet, entre ellas Caras y Caretas TV.
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Esta instancia de intercambio y polémica entre los dos dirigentes que se ubican en las antípodas del espectro político viene organizándose hace varios meses y, originalmente, iba a emitirse por televisión abierta, en la señal pública Canal 5 y también en alguno de los canales privados, pero finalmente ninguno accedió a transmitirlo y el Canal 5, que había confirmado su participación, desistió de hacerlo invocando un cierto deber de “ecuanimidad”, de acuerdo a lo expresado por su director, el ex periodista, Gerardo Sotelo.
Más allá de los argumentos elegidos, es evidente que la decisión unánime de los canales abiertos de no transmitir un debate sobre la LUC que, claramente, contaría con un rating importante, toda vez que los polemistas en pugna se cuentan entre las figuras más taquilleras del país y el tema es el más importante de la agenda hace bastante tiempo, obedece a un criterio político, cuando no a una orden directa que bajó de las alturas de la Torre Ejecutiva: no se transmite ni a palos.
La pregunta qué cabe es ¿ por qué? Y la respuesta no puede ser otra que la más simple: no les conviene. No les conviene un debate entre un animal de la polémica como Óscar Andrade y uno de los líderes de la coalición que, por un lado nunca debatió, pero además no pertenece al núcleo duro del presidente y más temprano o más tarde va a ser un competidor dentro del nicho electoral de la derecha. Pero además de las características de los polemistas, no les conviene porque un debate de esta naturaleza va a poner sobre el tapete el contenido de artículos muy significativos de la Ley de Urgencia que el gobierno no sabe cómo defender. ¿O es que acaso alguien cree que el gobierno intenta transformar este Referéndum en una batalla electoral entre los que están a favor de la democracia y los que quieren poner un palo en la rueda por casualidad? No, busca situar ahí la decisión, porque tiene claro que esta impresentable ley ómnibus no es fácil de defender ni en el procedimiento excepcional de aprobación ni en el contenido de sus artículos.
El gobierno no confía en Manini para este debate, pero además no quiere que la ley se conozca en sus detalles y, por lo tanto, se encarga de que los principales medios de comunicación de masas, los únicos que tienen penetración en casi todos los hogares del país, no lo transmitan. Porque, además, el gobierno no ignora que los consumidores habituales de televisión abierta no son el conjunto de los habitantes de Uruguay, sino un sector de la población que, justamente, es el menos politizado y el más vulnerable a las campañas de propaganda.
Estamos ante una censura que revela un miedo atroz del gobierno y una grieta a la interna de la coalición puede tener consecuencias, porque semejante desautorización al senador Manini no ha caído bien en Cabildo Abierto. De hecho, en Cabidlo Abierto piensan que a Manini no le prestan las cámaras de los canales abiertos por un motivo completamente opuesto a su presunta incompetencia para debatir: no quieren dejarle jugar, porque no quieren que Manini crezca y compita en igualdad de condiciones dentro de la coalición multicolor. Y esta decisión del más alto nivel de bloquearle la exposición pública todos saben que no tiene nada que ver con la ecuanimidad ni otros argumentos igualmente increíbles.
Así las cosas, el martes el esperado debate entre Andrade y Manini no se podrá ver por los canales, pero la gente se va a encargar de multiplicar el rating de los medios que se atrevan a transmitirlo, demostrando la arbitrariedad anti democrática y anti comercial de la decisión de censura. La gente quiere conocer sobre la ley que se va a someter a referéndum y tiene derecho a ello. La gente quiere escuchar lo que tienen para decir los que impugnan una parte de la LUC y qué tienen para decir los que la defienden. El debate va a ser un éxito y esperemos que los polemistas estén a la altura de lo que exige una hora en la que hay que tomar decisiones como país sobre una Ley tan importante. El gobierno continúa obstaculizando la campaña de los que promueven la anulación de los 135 artículos y ahora también impidiendo que cobre protagonismo el intercambio de opiniones. Quieren ganar este Referéndum a puto grito, pura falacia y pura persecución, pero sin argumentos, sin hablar de la ley. Quieren ganar a blindaje que, por el momento, parece ser una estrategia exitosa, pero la única estrategia.