Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Editorial

El desalojo del puerto

Por Leandro Grille.

La represión de los trabajadores que se manifiesten en lugares de tránsito, sean estos calles o las zonas de ingreso a puertos, fábricas o entidades empresariales de cualquier tipo es una antigua aspiración de las clases altas. De hecho, es uno de los cometidos esenciales de la policía, desde el punto de vista de la patronal. Por eso, a lo largo y ancho de la historia y del mundo, los obreros que luchan por sus derechos han tenido que soportar una carga importante de violencia estatal, y Uruguay no es una excepción.

Si bien el secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, luego del desalojo de los trabajadores del transporte de carga de la entrada del Puerto de Montevideo, afirmó que estas son las “nuevas reglas de juego”, haciendo alusión a los artículos de la Ley de Urgente Consideración que permiten la intervención policial cuando se pretenda “obstaculizar la libre circulación”, todos sabemos que hacer funcionar a la Policía como el brazo ejecutor de la patronal en los conflictos obreros es la única regla de juego que la derecha reconoce. Es una regla que los define en su relación con la seguridad y el Estado, porque esa es la función original del Estado que ellos conciben: un Estado de clase, al servicio de una clase, que combate a sus enemigos de clase. Así que nadie puede llamarse a sorpresa del nivel de felicidad de los partidarios de la derecha cuando se produjo la intervención de la fiscalía y el desalojo compulsivo de los obreros. Para los militantes más convencidos de la coalición debe haber sido como un regalo de navidad.

Ahora bien, la lucha de los trabajadores del transporte de carga no se va a detener por que le apliquen la LUC en todas sus variantes, como la conflictividad no va a disminuir porque el gobierno se prodigue en legislaciones para perseguir al sindicalismo. La apuesta represiva, en la medida en la que no va a contener la lucha ni va a solucionar nada es solo un instrumento de propaganda de un gobierno que aspira a saciar una sed de su base social haciendo ostentación de medidas antisindicales. Aunque probablemente había muchas formas pacíficas de desactivar la medida llamando a la negociación, el desalojo aparatoso fue una decisión comunicacional de cara al referéndum, como todo lo que hace este gobierno. En este caso, quizá evaluaron que les podía dar un rédito aplicar el artículo de al Ley de Urgencia, como en el caso de los combustibles y otros artículos, vienen evaluando consistentemente que la LUC es más popular cuando no se aplica.

Sin embargo, al rato del desalojo, por algún motivo invocaron el decreto del expresidente Tabaré Vázquez, que permitía desalojar piquetes. El decreto de Tabaré existe y fue pensado para los cortes totales de rutas o los también llamados “piquetes”, que suponen la interrupción total del tránsito por períodos además prolongados. Por supuesto que el decreto de Tabaré no fue pensado para manifestaciones obreras y el gobierno lo tiene bastante claro, pero lo que llama la atención es que hayan querido diluir la responsabilidad de esta acción represiva, como si no estuvieran del todo seguros del efecto comunicacional de lo que estaban haciendo.

Como sea, es muy importante que todo el mundo tome en cuenta que hay 135 artículos de la LUC impugnados que serán sometidos a referéndum el próximo 27 de marzo. Todo lo que hace el gobierno tiene que ver con esa instancia, y es bien importante que la oposición política y social incorpore esa observación permanente. Que la represión a los obreros movilizados pacíficamente por su salario o sus condiciones de trabajo es un horror es algo que está claro para todas las personas con sensibilidad progresista, ya ni de izquierda, pero acá el problema no es el carácter ontológico del hecho represivo, sino su carácter propagandístico ante toda la sociedad y no una parte. No podemos olvidar que a la represión que a muchos nos repugna otros la aplauden con las dos manos y piden más.

Indudablemente, los trabajadores camioneros llevan adelante reivindicaciones más que legítimas, toda vez que no se les respetan ni las horas extras y los empresarios del transporte tienen vía libre en la nueva administración para manejarse cada vez con menos controles. Su lucha está justificada y las medidas que tomen, desde ella, convocan nuestra solidaridad.  El riesgo de que los repriman nuevamente existe y el riesgo de que en la próxima oportunidad la violencia sea todavía mayor, es indiscutible. Eso solo depende de la evaluación que haga el gobierno sobre la conveniencia hacia el referéndum de pegar más o de no pegar.

Dejá tu comentario

Forma parte de los que luchamos por la libertad de información.

Hacete socio de Caras y Caretas y ayudanos a seguir mostrando lo que nadie te muestra.

HACETE SOCIO