Era esperable que Canal 10 emitiera una declaración afirmando que la desvinculación de su coordinador de informativos durante los últimos 16 años no tenía, válgame Dios, motivaciones políticas.
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Nadie podía suponer que uno de los tres más importantes canales de televisión abierta admitiera que jerarcas del Poder Ejecutivo hubieran sugerido o presionado para que la empresa ejecutara semejante barbaridad que ya había sido denunciada por periodistas, por la Asociación de la Prensa y la Cainfo, Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, y puesta en conocimiento de las instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos.
Creo que desde el propio Canal 10 se ha difundido el rumor de que Eduardo Preve tenía un mal relacionamiento con los trabajadores y la propia empresa sugiere que el despido es motivado por el desgaste de la relación con los directivos de la misma.
No obstante, es curioso que si la relación fuera tan mala, Preve hubiera permanecido al frente del principal programa del mencionado Canal durante 16 años.
Lo cierto es que durante varios días, casi una semana, las autoridades de Canal 10 negociaron con el abogado de Preve, el Dr. Juan Ceretta, y como consecuencia acordaron una indemnización y un texto de acuerdo que no incluye los motivos del despido, pero sí incluye una cláusula de confidencialidad.
La cláusula de confidencialidad parece correr solo para el trabajador despedido porque la empresa ha justificado el cese en el desgaste del relacionamiento con la empresa.
Ayudaría mucho a la transparencia si el trabajador fuera liberado por Canal 10 de la cláusula de confidencialidad que establece el acuerdo antedicho, lo que daría por terminado el desgraciado episodio si Eduardo Preve confirmara la versión de sus patrones.
Por nuestra parte reconoceríamos el error de haber informado algo que no ocurrió aunque lo que informamos es de muy buena fuente, insospechable, clarísima, fidedigna y políticamente desinteresada.
También parece estar confirmado que el Dr. Martín Villar, director de Canal 10 visitó la Presidencia de la República esta semana, aunque tampoco se conoce el motivo de tan extraña visita, justo unos días después de haber despedido al más importante jerarca del área periodística de su informativo central.
Llama la atención el silencio de las autoridades aunque naturalmente no puede esperarse otra cosa que una negativa a reconocer haber realizado estas gestiones.
Tal vez, el presidente cree que diciendo a Nacho Álvarez que no tolerará que se diga que su gobierno presionó para que se cesara a un periodista, apaga todos los rumores o asusta a los periodistas que siguen trabajando en algunos medios tan sensibles a las sugerencias del gobierno.
Más llama la atención que el diputado Ope Pasquet pida al Poder Ejecutivo que aclare si ha habido tales presiones; ni es posible siquiera imaginar que Pasquet es un ingenuo ni el reconocimiento por parte de las autoridades podría imaginarse además de que sería inútil y relativamente gracioso.
Así la cosas, parece cerrarse un nuevo caso de atropello a la libertad de prensa y un retorno a acciones arbitrarias del pasado que parecían desterradas de la práctica política en Uruguay. No es la primera denuncia de este tipo, que se suma a otras que afectan la libertad de expresión y de conciencia de los periodistas y en alguna oportunidad a su propia seguridad.
Si hay alguien que no lo ve, le recomendamos ir hoy mismo al oftalmólogo de su confianza, si logra sortear los obstáculos de la no presencialidad.