El exterminio del Partido Comunista en Colombia, la verdad tarda pero llega

Desde que hubo movimientos armados en Colombia, el discurso dominante iba dirigido a que desde la legalidad era posible conquistar los cambios que se deseaban y que cualquier propuesta se podía exponer con libertad al electorado, quien sería el encargado de aceptar o rechazarla.

De esta propuesta nació un partido amplio, incluyente y dirigido a todos aquellos que se sintieron excluidos durante todas las décadas anteriores. Unión Patriótica fue el nombre de esta apuesta. A este espacio llegaron, no solo los cuadros destacados desde las FARC, sino muchas personas organizadas en espacios locales, principalmente en las zonas más alejadas, y por orientación definida desde el Comité Central, el Partido Comunista Colombiano.

En las primeras elecciones en que participó, la Unión Patriótica (UP) logró cientos de concejales, varias alcaldías y gobernaciones en todo el país, varios representantes a la cámara y el senado, y un candidato presidencial que, aunque no estuvo entre los opcionados, logró una votación que fue la sorpresa de las elecciones de 1986.

A partir de este momento, la UP se convirtió en el blanco de las balas de la sanguinaria ultraderecha colombiana. En 1987, un año después de las elecciones, Jaime Pardo quien fue el candidato presidencial, cayó asesinado. Para ese momento ya se había desatado una persecución implacable, principalmente en las regiones.

Para 1989 las FARC ya habían determinado que no existían las garantías en Colombia para el ejercicio de una apuesta legal, y los cuadros orientados a participar en la política abierta retomaron la clandestinidad y regresaron a las montañas. Pese a todo lo anterior la UP continuó con su actividad política y electoral, compuesta principalmente por los cuadros del Partido Comunista Colombiano.

Operaciones organizadas

Desde las fuerzas de la ultraderecha colombiana agrupados en sectores ganaderos, industriales y militares, mezclados con un recién aparecido pero creciente sector vinculado con el narcotráfico, se organizó una operación que apareció en los libros oficiales de la inteligencia militar como “El baile rojo”, dirigido a arrasar con cualquier expresión que pudiese ser asociada con el comunismo en Colombia.

El baile rojo se desarrolló entre 1984 y 1998, esta fue la época con mayor cantidad de militantes asesinados. Entre 1999 y 2003, se desarrolló la operación “golpe de gracia”, cuyo objetivo era rematar lo poco que hubiese podido quedar del Partido Comunista y la UP. Al final de estos sangrientos años, el resultado fue el asesinato de dos candidatos presidenciales, ocho congresistas, 13 diputados departamentales, 70 concejales, 11 alcaldes y 5000 militantes de base.

La lucha jurídica

El Estado colombiano nunca reconoció por sus propios medios la existencia de un plan dirigido desde las fuerzas militares y patrocinado por fuerzas gubernamentales para acabar con la UP-PCC, sólo hasta que la Corte Interamericana de DDHH no emitió una sentencia en que se responsabiliza al Estado colombiano por el asesinato en 1994 del congresista Manuel Cepeda, no hubo un acto de perdón desde el Estado.

La lucha jurídica continúa y hace algunos meses, el Estado colombiano emitió una comunicación en que reconocía sólo 230 asesinatos, es decir, menos del 10% de los que han sido documentados por diferentes instancias de DDHH.

El acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno colombiano abrieron escenarios para que este tipo de hechos fueran investigados por instancias independientes del gobierno, para lo que se creó el Sistema Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, dentro del cual se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Este escenario, que ha sido el más atacado por la derecha colombiana, no suplanta a la justicia ordinaria, pero es capaz de formular penas alternativas a quienes se acojan a ella. Esto ha implicado descubrir hechos que se mantuvieron ocultos por décadas, pero sobretodo, empezar a ubicar a los verdaderos responsables de dar las órdenes que terminaron en la ejecución de miles de víctimas y que fueron determinantes en el desplazamiento y exilio de millones de colombianos.

En los últimos días, la Jurisdicción Especial para la Paz ha admitido el caso del Partido Comunista dentro del macro caso de la Unión Patriótica (macro caso 06), lo que permite empezar a citar posibles responsables y recibir testimonios que permitan iniciar el duro y largo camino para la construcción de una verdad que se mantiene oculta.

Sistemáticamente el gobierno colombiano ha negado la persecución política y anticomunismo institucional que tuvo su máxima expresión en el exterminio de la UP-PCC, pero que no tuvo su fin ahí. El anticomunismo armado en Colombia existe y opera aun, por lo que es fundamental iniciar con el establecimiento de las responsabilidades individuales y colectivas.

Es posible que tarde unos años, pero la verdad seguramente se irá dando a conocer. El caso de la UP-PCC ha sido catalogado como un caso claro de genocidio, junto con el holocausto, el genocidio de los Tutsi en Ruanda o los casos documentados en los Balcanes. El camino a la verdad es largo, el Cono Sur lo sabe bien, pero en Colombia, gracias a los acuerdos de paz y aun en medio del derramamiento de sangre que ocurre hoy, los primeros pasos ya se están dando.