El negro final del gobierno de Lacalle: escándalos y represión (*)

Por Alberto Grille.

El "inolvidable" gobierno del Partido Nacional

La serie de escándalos que marcaron el último tramo del gobierno de Lacalle Herrera dejó huellas profundas en la sociedad uruguaya. Un caso único, terrible, en la historia del país. Nunca hubo en la historia del Uruguay democrático una sucesión de escándalos que involucraran al presidente de la República, a sus principales ministros y allegados, como el que ocurrió hacia el final del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera. Esos escándalos tuvieron consecuencias durante varios años más, y algunos culminaron con sonados procesamientos judiciales y con severas condenas. Él llamó a ese torbellino “la embestida baguala” para asociarla con la persecución política que sufrió su abuelo, el caudillo Luis Alberto de Herrera, pero la comparación no es válida. Sobre Herrera, en la muy conocida necrológica de quien fuera su adversario implacable, el doctor Carlos Quijano, se lee: “No tenemos necesidad de calumniarlo para ser sus adversarios. […] Nos sentimos mejor, en cambio, si reconocemos y decimos que amó a su tierra entrañablemente, que tuvo un orgulloso y quisquilloso sentido nacional y que fue de una probidad ejemplar y sin tacha. Al servicio de su devoradora pasión por la causa pública puso toda su vida y sacrificó, con señorío, espontaneidad, elegancia, simplicidad, eso que llaman intereses”. Nada de esto recoge la posteridad sobre su nieto, el expresidente Luis Alberto Lacalle: ni sentido nacional, ya que se sometió gratamente a la sumisión a los Bush y Thatcher de este mundo, ni sobre su probidad, que fue enjuiciada por una generación entera y que lo hace hoy, mucho más que a otros, posiblemente en forma exagerada, símbolo de la corrupción en la clase política. Por eso reiteramos el “alerta roja” sobre la posibilidad de un gobierno que esté inspirado por él, y recordamos que el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), fiel a sus convicciones ideológicas -mencionemos solamente la vocación autoritaria y oligárquica, la concepción económica neoliberal y antiestatista, el agrarismo, la desindustrialización, la ausencia total de interés por las clases medias y bajas, trabajadores y jubilados, y la propensión a la apertura indiscriminada al capital extranjero-, trabajó con todas sus fuerzas por un país que fuera una plaza de servicios, preferentemente financieros de carácter colonial; con neto predominio de la actividad agropecuaria (sector al que pertenecía); desmantelamiento del aparato industrial y, hasta donde pudo, de la actividad sindical (a la que quiso reglamentar), la destrucción de los mecanismos de protección social a los trabajadores -como los Consejos de Salarios- y la eliminación de toda forma de subsidio a los sectores más vulnerables, a las empresas y bancos públicos, a los que quiso privatizar en un fallido intento que fue frenado en plebiscitos por el pueblo uruguayo. Como si no fuera suficiente, para no pasar inadvertido este tejido tan coherente, se superpuso a una constelación de acusaciones de corrupción que lo marcaron para siempre. Comenzamos en el capítulo pasado relatando el “ajustazo fiscal” y el apoyo a la forestación como negocio familiar, el intento de vender el patrimonio público de los orientales y la venta de los bancos gestionados. Hoy continuaremos con otros episodios que completan el retrato del horror neoliberal.   El final de una gestión para el recuerdo La sucesión de episodios, como veremos, fue frenética y estuvo llena de figuras inolvidables, una suerte de “Corte de los Milagros” a la uruguaya, algunos de los cuales trabajan hoy para “el príncipe encantador”, pero nadie los ve ni los nombra: los hermanos Carlos y José Rohm, que “se hicieron cargo” del Banco Comercial, ambos procesados por estafa por la Justicia argentina en su momento; Daniel Cambón, exsecretario de Lacalle, procesado por conjunción del interés personal con el público; Julio Grenno, expresidente del Banco de Seguros, procesado por abuso de funciones; Stephane Benhamou, vaciador del Banco Pan de Azúcar; Enrique Braga, ministro ausente y firmante, que fue procesado por abuso innominado de funciones, y sobre el cual hay consenso que no se quedó con nada, pero al que sus “amigos” le negaron los 50.000 dólares que necesitaba para curar su enfermedad en Estados Unidos; Iván Coronel, exdirector de AFE, procesado por fraude; y personajes como Igor Svetogorsky, Juan Carlos Raffo, Jorge Sacchi, José Luis Ovalle, Agustín de Urtubey e Ignacio de Posadas, el inventor y difusor de las SAFI. La República publicó poco después de finalizado ese período: “Cuando Luis Alberto Lacalle ocupó la Presidencia de la República, a mediados de su gestión anunció o alertó a la ciudadanía sobre la existencia de una especie de conflagración contra su persona y su administración. Consideraba que se trataba de un golpe bajo, ya que hasta ese momento el balance de su gestión, mirado desde su óptica, era muy positivo, con grandes avances para el país. Fue el momento en que las transnacionales y los organismos internacionales encontraron un oído receptor en nuestro país para llevar adelante una apertura de mercado sin límites para la cual, parece innecesario puntualizarlo, nadie estaba preparado. El resultado no podía ser otro que grandes ganancias para aquellas y la destrucción del aparato productivo nacional al que no se le otorgó, salvo honrosas excepciones, la oportunidad de adecuarse a la nueva política. Fue el gran momento de la especulación, de las importaciones, de los buenos sueldos para los afortunados que tenían trabajo, del fortalecimiento de la plaza financiera, de las sociedades anónimas offshore. La euforia herrerista llegó a acuñar sentencias lamentables, como “ellos hacen como que trabajan, yo hago como que les pago”, “a los jubilados les vamos a ir atrasando los pagos de manera que a fin de año en vez de 12 remuneraciones reciban 11”, “el país está muy bien, miren los índices de venta de 0 km”. Solamente le faltó afirmar, como lo hizo su contemporáneo y amigo Carlos Menem, que el país formaba parte del “primer mundo”. A medida que la oposición a la política oficial aumentaba, el entonces presidente Lacalle advirtió que se estaba tramando una gran conspiración contra su administración, a la cual, hombre de campo al fin, definió como “embestida baguala”. Los hitos gubernamentales que siguieron fueron el intenso proceso de desindustrialización mediante la reducción de tasas arancelarias. Durante su gobierno, la industria manufacturera pasó de representar 25% del PIB a 16%, y se perdieron 90.000 puestos de trabajo, fundamentalmente por la eliminación de aranceles y el atraso cambiario. Las industrias más afectadas fueron las textiles y el calzado, grandes consumidores de mano de obra, y empresas emblemáticas como Onda y Funsa cerraron sus puertas. Disolvió los Consejos de Salarios e intentó reglamentar el derecho de huelga. Un episodio que combinó la represión sindical con la sensación de inseguridad -que, junto con el desempleo, iba creciendo en la sociedad uruguaya- fue la huelga policial de noviembre de 1992. El presidente acudió al Ejército, para el cual la tarea de patrullar las calles era ofensiva, lo que motivó severos desencuentros con la cúpula. Los policías infligieron humillaciones a los gobernantes, como un corte de luz que produjo un apagón que abarcó todo el Edificio Libertad, entonces sede del gobierno, y obligó a que el presidente y sus ministros bajaran por las escaleras a oscuras. En 1993, durante 83 días tuvo lugar la huelga de la construcción más duradera de la historia del país. Un episodio que podría juzgarse jocoso si no fuera trágico fue que en 1991, el entonces ministro de Salud Pública, Dr. Carlos Delpiazzo, vinculado al Opus Dei, suspendió el reparto de preservativos a los centros sanitarios debido a sus convicciones religiosas. Fue interpelado por el Parlamento, que no lo censuró. En lo internacional, Lacalle trabó fuertes vínculos con George Herbert Walker Bush, el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, el de Argentina, Carlos Menem, y el de Brasil, Fernando Collor de Mello, todos de fuerte impronta neoliberal. Los cuatro latinoamericanos fueron procesados en distintos momentos por la Justicia de sus respectivos países. Tuvo a su favor la defensa del Mercosur, como entidad puramente comercial, y el impulso a la hidrovía. El fin de su gestión estuvo marcado por dos episodios definidores: el caso Berríos y el del Hospital Filtro. El científico chileno Eugenio Berríos, vinculado a la dictadura de Augusto Pinochet y presunto inventor del gas sarín, exagente de la DINA, fue enviado y mantenido en Uruguay por un operativo conjunto de los servicios de inteligencia chileno y uruguayo, para evitar que fuera citado por su vinculación con el asesinato de Orlando Letelier. En marzo de 1993, Pinochet visitó Uruguay. Berríos había sido asesinado en febrero de ese año tras una supuesta fuga y el episodio motivó un escándalo político que determinó incluso el retorno del presidente Lacalle de su viaje oficial a Inglaterra. Fue destituido el jefe de Policía de Canelones, coronel Ramón Rivas, el jefe de Inteligencia del Ejército, general Mario Aguerrondo (h), y se interpeló a los ministros de Defensa, Mariano Brito, del Interior, Juan Andrés Ramírez, y de Relaciones Exteriores, Sergio Abreu. De alguna manera, todos habían ocultado que en nuestro país se encontraba refugiado un criminal prófugo de la Justicia chilena. En febrero de 1994 Lacalle solicitó venia parlamentaria para ascender a dos militares responsables de crímenes en la dictadura: Tomás Casella, hoy detenido en Chile por el secuestro y asesinato de Berríos, y Sergio Caubarrere, vinculado al asesinato de Vladimir Roslik. En marzo de 1994 se adjudicaron canales de TV cable a ciudadanos vinculados al partido de gobierno. Pero mucho más grave fue el episodio del Hospital Filtro. En plena campaña electoral, el gobierno quiso extraditar a tres supuestos guerrilleros de la ETA. La izquierda convocó a manifestar a favor de los detenidos, y el ministro del Interior, Ángel María Gianola (seguramente buscando un episodio polarizador que favoreciese electoralmente al herrerismo), ordenó un choque frontal con la Policía el 24 de agosto de 1994, en el curso de la cual se produjo un muerto -Fernando Morroni- y varios heridos. Sin perjuicio de este lamentable resultado, el final pudo ser una masacre de proporciones. Tras el fin de su gestión se produjeron acusaciones sobre irregularidades en las privatizaciones del Banco Pan de Azúcar y del Comercial, llevadas adelante por gente allegada a Lacalle: su exsecretaria personal, Martha de Fuentes, por entonces casada con el excomandante en jefe de la Armada, James Coates; el diputado Jorge Machiñena, y posteriormente el nominado “delfín” del presidente, el doctor Juan Andrés Ramírez. En 1996 dos legisladores del Frente Amplio, Carlos Pita y Leonardo Nicolini, denunciaron actos de corrupción referidos a la compra de equipos médicos en España por un valor cercano a los 100 millones de dólares, financiada con dinero proveniente de Fomento de Comercio Exterior SA (Focoex).   Aclaración sobre la aclaración En la edición anterior mencioné que “brigadas especialmente dirigidas se dedican a insultarme con los más agraviantes epítetos en las páginas de internet, acusándome, entre otros improperios de carácter más personal, de no ser imparcial ni neutral, de no ejercer un periodismo ético y de estar lleno de odio hacia Luis Lacalle Pou. Aclaré que el primer punto era cierto, porque soy un militante de una causa muy, pero muy, legítima, pero que el segundo y el tercero no lo son. Corresponde agregar algunas apreciaciones. La primera es que nadie ha impugnado ni uno solo de los hechos relatados; solamente se limitan a insultarme. La segunda es que algunas de las 350.000 visitas a la página web dicen que soy un “genio” o me piden que imprima estos escritos y los distribuya casa por casa por todo el país. Algunos más jóvenes, más equilibrados y con aprobaciones menos disparatadas, simplemente me estimulan a seguir recordando hechos que no recuerdan o que no vivieron y que los ayudan a entender. Lo estoy pensando. Bueno, a decir verdad, ya lo pensé. En los primeros días de noviembre editaremos un pequeño libro que distribuiremos al precio de costo con el contenido de estos 11 capítulos. La tercera es que yo voy de frente y desde la trinchera opuesta. Eso lo saben Luis padre y Luis hijo, sus hermanos y su madre, Julita, y muchos de sus colaboradores, como Borsari, Trobo, Penadés, Giuria, Álvaro Delgado y Nicolás Martínez, su más cercano asesor. Algunos de ellos son amigos, otros adversarios y otros enemigos, pero todo lo que he dicho de ellos ha sido con mi firma. Con mi firma escribí que Trobo está vinculado a la CIA y a la gusanera de Miami y denuncié su deplorable gestión en el Ministerio de Deporte; con mi firma comenté un memorable discurso de Lacalle en ADM, relato que hasta hace bien poco estaba expuesto en la pared de su despacho; con mi firma critiqué las apreciaciones injustas que hiciera Luis Borsari sobre la gestión de la Dra. Graciela Ubach al frente del Hospital de Clínicas y lo invité a que visitara el hospital universitario y que evaluara personalmente lo hecho por Ubach, y lo hizo; bajo mi responsabilidad desestimé los infundios sobre Penadés que recientemente publicara alguna prensa y se difundiera por las redes sociales; con mi firma dije hace bien poco que no creía que Nicolás Martínez anduviera incendiando contenedores de basura; y con mi firma escribí una breve pero muy sentida nota necrológica con ocasión del fallecimiento de esa extraordinaria mujer que era Hortensia Herrera de Lacalle, la madre de Luis Lacalle Herrera y abuela del candidato herrerista Luis Lacalle Pou. Así que no me duelen prendas, porque cuando tengo que criticar o atacar lo hago con toda responsabilidad y con mi firma. Y lo hago así para que no haya dudas ni suspicacias. ¿A qué voy? A que hoy están al lado de Luis Lacalle Pou, muy a su lado, en el mismo herrerismo, gentes que fueron ministros y altos funcionarios del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, que en ese entonces, mientras lo adulaban en público, en sus propios gabinetes lo insultaban, lo llamaban “ladrón” y “corrupto” y decían de su esposa las peores cosas, lo que yo no he hecho ni haré. Hoy esos reptiles están pegados a Lacalle Pou esperando más dádivas, pero dijeron, y dicen por lo bajo, cosas que nosotros nunca dijimos ni diremos. Cuarto y último: en estos años se han manejado cantidad de datos verdaderos o falsos, dimes y diretes, sobre episodios vinculados a la vida privada de la familia Lacalle Pou y a muchos de sus allegados en todos los ámbitos. No los creemos, ni nos importan, ni los esgrimimos. En esta “revista pedorra” mientras esté yo, se habla de frente y sin miedo. Así que no hay que inventar perfiles falsos en las redes sociales, ni insultar anónimamente, ni pagar operadores para tirar basura. MANEJO PATRIMONIAL  Acusan a Lacalle de enriquecimiento Quien más severamente enjuició al expresidente Luis Alberto Lacalle fue su “delfín”, el doctor Juan Andrés Ramírez, quien no bien finalizada su gestión, emitió acusaciones en tal sentido. A partir de 1995, se retiró del herrerismo, luego del surgimiento de graves acusaciones de corrupción contra algunos de sus dirigentes, entre ellos, el propio Lacalle. Acompañado, entre otros, por Álvaro Carbone y Álvaro Alonso, fundó entonces el sector Desafío Nacional, por el cual fue precandidato a la presidencia en las elecciones internas de abril de 1999, acompañado por Jorge Larrañaga, Carlos Julio Pereyra y su primo Gonzalo Aguirre Ramírez. Las acusaciones recrudecieron al acercarse las elecciones de 1999, y en ese sentido citamos un artículo publicado en La República el 17 de abril de 1999, titulado “Ramírez: ‘El patrimonio de Lacalle creció un millón de dólares en un año’”. A ocho días de las elecciones internas, el precandidato blanco Juan Andrés Ramírez realizó nuevas acusaciones contra el expresidente Luis Alberto Lacalle, señalando: “Tengo reservas fundadas, serias” sobre su manejo patrimonial. El líder de Desafío Nacional acusó al líder herrerista de ocultar información sobre su estado patrimonial, el cual afirmó que “creció un millón de dólares en un año y medio”. Ramírez afirmó que esperó desde 1995 a la fecha “una actitud franca, transparente, sincera” de Lacalle. “No caben dudas de que la corrupción arrojó sombras sobre su aumento patrimonial, las causas, los orígenes. Creo que todos los uruguayos esperamos una rendición de cuentas […] y no la tuvimos; lo que tuvimos fueron evasivas, respuestas equívocas, ambiguas, ocultamientos de aumentos patrimoniales”. Opinó que una oportunidad para demostrar su estado patrimonial fue cuando llevó adelante un juicio contra el periodista Carlos Peláez, de La República; “sin embargo desistió de su propia apelación cuando el juez ordenó levantar el secreto sobre sus cuentas bancarias”. Durante una entrevista en Agenda confidencial, el líder de Desafío Nacional aseguró que “hubo ocultamientos importantes” sobre el patrimonio de Lacalle. “El Dr. Lacalle dice claramente que lo único que adquirió son 344 hectáreas y la casa en la que actualmente vive, en 525.000 dólares. Los datos que nosotros tenemos son otros: hay un apartamento en avenida Italia, en Carrasco, que nunca fue declarado. Podrá estar declarado en los registros de impositiva, pero ante la opinión pública, no. Es un apartamento que costó 100.000 dólares [y] consta en los certificados de registros que sigue estando en el patrimonio del Dr. Lacalle y fue adquirido en diciembre de 1993”. En cuanto a la actual casa de Lacalle, ubicada también en Carrasco, recordó que tuvo una reforma que costó 75.000 dólares. Ramírez se refirió a las propiedades rurales del expresidente. “En ese patrimonio familiar ha tenido un incremento importante por una partición con su hermana, por la que pasó de tener a medias 1.044 hectáreas, a tener en propiedad exclusiva 1.005. Eso implica un incremento importante”. “Uno va sumando las cifras y eso da un incremento patrimonial aproximadamente de un millón de dólares en un año y medio. Podrá haber ventas de otros bienes, pero que los aclare. Creo que no hay explicación razonable”. Al respecto, indicó que Lacalle explicó su incremento basado en su capacidad de ahorro durante su gobierno, “porque, según dijo el presidente, gasta sólo en farmacia y vestimenta, y tiene la posibilidad de ahorrar todo su sueldo, 10.000 dólares por mes”. “No es así. No es correcto porque el presidente tiene cargas familiares importantes y, además, tiene otro tipo de gastos que no se los debería pagar el Estado. Parecería que el presidente tiene un salario absolutamente neto, con capacidad de ahorro neto, y además tiene una jubilación sin tope, privilegiada. Son excesos que no corresponden a un Estado republicano”. Cabe recordar, además, que en febrero de 1995, un mes antes de que Lacalle entregara el mando a Julio María Sanguinetti, el servicio de prensa de Presidencia dio cuenta del dinero donado por el expresidente extraído de su propio sueldo, que alcanzaba a la mitad de los haberes. Lacalle, durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia, prometió que donaría todo su sueldo. La sucesión del doctor Pou Otro punto que Ramírez cuestionó fue la explicación del crecimiento patrimonial de Lacalle a través del “fallecimiento de su suegro, el Dr. Pou”. Indicó que el padre de Julia Pou murió en 1995, “un año después de las adquisiciones patrimoniales, por lo tanto no está ligada una cosa con la otra, y tampoco el patrimonio del Dr. Pou da satisfacción a la falta de posibilidad para justificar ese incremento patrimonial”. Ramírez habla con precisión sobre el punto, ya que él realizó la sucesión del suegro de Lacalle. Para Lacalle que lo mira por TV” A la salida de la entrevista televisiva, Ramírez era aguardado por un grupo de jóvenes simpatizantes de las Listas 903 y 904, quienes combatieron la fría noche montevideana con cánticos como: “Y ya lo ve, y ya lo ve, el presidente es Juan Andrés”; “Y ya lo ve, y ya lo ve, es pa’ Lacalle que lo mira por TV”; “Un minuto de silencio para el Cuqui que está muerto”. El apartamento que Lacalle no declaró La República accedió a documentación en el Registro General de Transacciones de Dominio que prueba una de las afirmaciones realizadas por Juan Andrés Ramírez sobre el patrimonio personal del expresidente Luis Alberto Lacalle. Ramírez afirmó en el programa Agenda confidencial que Lacalle “no mencionó todas sus propiedades y dio datos parciales sobre su situación patrimonial”. Uno de los “olvidos” de Lacalle mencionados por Ramírez es “un apartamento situado en avenida Italia que vale 100.000 dólares”. El apartamento en realidad fue comprado por María Julia Pou Brito del Pino en US$ 120.000 (ciento veinte mil dólares) a Felipe de Haedo el 2 de setiembre de 1993. Cabe recordar que, como se ha señalado en otras oportunidades, Lacalle no tiene separación de bienes con su esposa, Julia Pou. La operación de compraventa se completó con la certificación de las firmas por parte del escribano Jesús F. Marticorena. Tras ser derrotado por Lacalle en 1999, Ramírez permaneció desde entonces retirado de los primeros planos de la actividad política, si bien le brindó su respaldo a la precandidatura de Jorge Larrañaga en las internas de 2004. El 22 de abril de 2008 presentó su nuevo movimiento político, Idea Nacional (separado de Álvaro Alonso). En julio de 2008, Idea Nacional se unió con el grupo del diputado Javier García para crear la lista 40, que apoyó la candidatura de Jorge Larrañaga a la presidencia en las elecciones internas de 2009. Siguiendo a Ramírez, se unieron a este nuevo grupo el exdiputado Sebastián da Silva, Rodrigo Goñi, Nicolás Orrico, Walter Sobrero, Marcus de Alburquerque, Adriana Costa y Cristina Reyes, esposa del fallecido Álvaro Carbone, entre otros. Al perder las elecciones internas del Partido Nacional frente a la candidatura de Luis Alberto Lacalle, el Dr. Ramírez dejó de participar, al igual que muchos de sus adherentes. Casi todos los mencionados, por una vía u otra, votan hoy a Luis Lacalle Pou. Así es la vida.   (*) Este editorial fue publicado en la edición de Caras & Caretas correspondiente al viernes 17 de octubre de 2014.  

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