El peor de la clase

El contenido del informe de Cepal titulado Panorama social de América Latina 2020 que ilustra lo hecho por los gobiernos para evitar el empobrecimiento con políticas de asistencia es concluyente y lapidario para con la gestión de la asistencia social por la pandemia en Uruguay.

Suponemos que lo dicho por Cepal a mediados de 2020, identificando a Uruguay como el país de la región con menos inversión social en la pandemia no es novedad. Que salió en buena parte de la prensa que el presidente pidió a la Cepal -a través de la cancillería- revisar esos números  tampoco lo es. Que la Cepal revisó los cálculos y le volvieron a dar lo mismo ya no es un hecho tan conocido, pero que muchos meses después, en otro documento destinado a revisar la situación de América Latina y el Caribe, con un análisis sobre los efectos de las políticas implementadas para contener el avance de la pobreza, se muestren los resultados que comentaremos, es un asunto desconocido y no informado.

El shock socioeconómico de 2020 fue dramático a nivel mundial y no existen al día de hoy más que valoraciones preliminares de sus consecuencias. La Cepal pronosticó una caída del 7,7% del PIB promedio para América Latina (AL) y el Caribe y una caída de 2,6% del empleo; muchas personas se retiraron directamente del mercado de trabajo, lo cual lleva a no apreciar la magnitud del asunto a través de la tasa de desempleo.

Pero los impactos de la pandemia lejos están de poderse calcular por aproximaciones económicas observadas por algunos pocos indicadores. Además de las contracciones en el mercado de trabajo, 32 países de esta región cerraron en algún momento de 2020 sus instituciones educativas afectando a 165 millones de estudiantes con los consiguientes trastornos sociales imaginables: pérdida de vínculos educativos y sociales, rezagos en los aprendizajes, desvinculación, dificultades nutricionales, aumento de problemas de salud mental, trastornos en la conducta por excesiva exposición a pantallas, problemas vinculares comunitarios y familiares, incluyendo obviamente muchos eventos y menos detecciones de situaciones de violencia y abuso.

A través de metodologías de simulación, la Cepal proyectó un aumento de la tasa de pobreza promedio para América Latina que pasaría de 30,4 a 37,2% y de pobreza extrema que pasaría de 11,3 a 15,8% entre 2019 y 2020, pero estos guarismos se vieron reducidos por la explosión de más de 260 programas de emergencia asistencial a lo largo de los 32 países analizados que dejarían en definitiva la pobreza en 33,7% y la pobreza extrema en 12,5% (1).

O sea, podemos considerar que para el promedio de América Latina y el Caribe el aumento de la pobreza fue la mitad de lo que hubiera sido sin medidas para atender la emergencia y el aumento de la pobreza extrema fue la cuarta parte.

Las razones del empobrecimiento son varias y consistieron en la disminución de horas de trabajo, la disminución de salarios y cobertura de seguridad social y la suspensión o destrucción de empleos, entre otras.

A su vez la reducción de ingresos asociada a estos factores no se dio en forma pareja en toda la sociedad: mientras en el primer quintil de ingresos (el 20% más pobre) la caída de ingresos laborales fue de un 40%, en el quinto quintil (el 20% más rico) fue apenas del 7%. En la misma línea el aumento del desempleo fue de unos 6 puntos en el primer decil de ingresos (10% más pobre) llegando a un guarismo de 22%, mientras en el último decil (10% más rico) se situaría, en total, en algo más de 2%. También los resultados mostraron sesgos que acentúan las distintas desigualdades sociales preexistentes con una sobrerrepresentación en las mujeres, los jóvenes, los afrodescendientes, los indios y toda la población con bajo nivel educativo.

Ello muestra además la fuerte tensión hacia el aumento de la desigualdad que se viene dando en las sociedades y que debería ser compensada por políticas progresivas.

Los apoyos implementados por la emergencia tuvieron un acento importante en el pilar no contributivo (informales) dado que la media de afiliación al pilar contributivo en América Latina y el Caribe ronda el 50% de la población, y la integración a los sistemas de salud el 60%.

Las iniciativas de políticas que proliferaron en los países de la región pueden organizarse de la siguiente manera:

-transferencias monetarias (un total de 147 medidas en 30 países);

-entrega de alimentos y medicamentos (73 medidas en 29 países);

-aseguramiento y facilitación del acceso a los servicios básicos -agua, energía, teléfono e internet- (43 medidas en 26 países).

Dentro de estas modalidades, las transferencias monetarias son las que ocupan un lugar principal, no sólo por ser las más extendidas en cantidad de programas y en coberturas, sino por el volumen dentro de la inversión que significan.

La extensión de la asistencia permitió alcanzar coberturas de apoyos mínimos de casi la mitad de la población (49%), más que duplicando el promedio de cobertura de los programas convencionales para atender a la pobreza, que llegaban a menos del 20%.

Estos apoyos implicaron un presupuesto cercano a 1,25 puntos del PIB en la región destinado a asistencia social de emergencia, lo cual casi duplica (1,9 veces) el gasto corriente anual en programas contra la pobreza y la pobreza extrema. Además, si se deja de lado el Caribe y se considera solo América Latina, el promedio de la inversión en asistencia social asciende a 1,55 puntos del PIB.

En suma, la ayuda social en la región triplicó lo habitualmente destinado a programas de combate a la pobreza, cubriendo a la mitad de la población con transferencias de ingresos y alimentos, las cuales si bien fueron insuficientes para contener el avance de la pobreza y la pobreza extrema, permitieron reducir dicho aumento a un 50% en el caso de la pobreza y a un 25% en el caso de la pobreza extrema.

La situación de los países es muy heterogénea y está razonablemente afectada por el tamaño de la población informal y sin cobertura de transferencias contributivas, como puede ser el seguro de desempleo, más que significativo en países como el nuestro. Una posibilidad para comparar de manera más precisa a los países, teniendo en cuenta la incidencia de la informalidad en cada uno de ellos, es aplicar un factor de ajuste o corrección (2). Dicha corrección ayuda a justipreciar la inversión en emergencia, ponderada por el nivel de informalidad, de modo de considerar ese efecto en los resultados (3).

La columna llamada “Relación de gasto con Uruguay controlado por informalidad” expresa la relación entre la inversión hecha por cada país en función del producto teniendo en cuenta la informalidad. La columna llamada “Contención de la pobreza por las medidas asistenciales” presenta la estimación del resultado de contención de la pobreza que muestran las medidas presentadas por Cepal para cada país, y la columna llamada “Riesgo país EMBI promedio enero-marzo 2020” presenta un indicador de costo de financiamiento habitualmente utilizado como índice de riesgo país (Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes), calculado para fechas cercanas al inicio de la pandemia. Este último indicador muestra la posibilidad real, más allá de discursos políticos, de endeudarse a ciertos precios si se tomara la decisión de frenar el crecimiento de la pobreza recurriendo a financiamiento.

El cuadro muestra que por cada peso que invirtió Uruguay en la asistencia de los más pobres durante el 2020 para atender la crisis social producida por la pandemia, América Latina en promedio invirtió seis. (Columna titulada “Relación de gasto con Uruguay controlado por informalidad”).

Por ejemplo: Chile invirtió 13 pesos por cada peso que invirtió Uruguay y logró atajar el 95% del empobrecimiento (ver columna “Contención de la pobreza por las medidas asistenciales”), el Brasil de Bolsonaro invirtió incluso hasta bajar la pobreza y Uruguay no llegó a contener más que el 9% del aumento.

Es entonces que queremos recordar las variadas conferencias de prensa y las decenas de titulares de diarios o informativos machacando insistentemente en “la gran inversión social del gobierno en los que más lo necesitan” y también la eterna justificación de que acá se hizo “todo lo que se pudo”, así como la afirmación, repetida hasta el cansancio, de que lamentablemente teníamos una condición fiscal que no nos permitía más esfuerzos.

Sin embargo, los tercos datos que presenta el informe muestran cómo Chile, Argentina y Costa Rica, con estructuras sociales relativamente comparables a la nuestra, invirtieron 13 veces los dos primeros y 7 veces el tercer lo que invertimos nosotros en atender a los más pobres, y dos de ellos con mucha menor fortaleza financiera que la nuestra, obteniendo muchos mejores resultados. Comparaciones similares dan resultados equivalentes con todos los restantes países, salvo Ecuador, que empareja nuestros pobres resultados.

Podemos afirmar, entonces, con total convicción y evidencia que no es cierto que hicimos el mayor esfuerzo, ni siquiera es cierto que hicimos un esfuerzo para evitar el empobrecimiento. Incluso al revés, las estimaciones sobre los apoyos a la emergencia social en Uruguay documentados en la propia memoria del gobierno enviada al Parlamento en el aniversario de la asunción hablan a las claras de 5.200 millones de pesos destinados a la asistencia de 1.070.000 personas durante los 9 meses de 2020, lo que constituye un apoyo de 18 pesos por persona por día.

El aumento tarifario, por partida doble (marzo 2020, enero 2021), que conjuntamente se aproxima a un 15% en todas las tarifas, más los 40 millones de dólares de recaudación obtenidos por quitar dos puntos de IVA del descuento de gastos con tarjeta, más la caída en salarios públicos y jubilaciones, ya sobrepasan con creces los gastos de emergencia contenidos en el misterioso Fondo Coronavirus destinados a la asistencia social. Tengamos en cuenta además que para 2021 solo por ley de Presupuesto se recortaron en educación, salud y vivienda alrededor de 7.860 millones más (4).

La pandemia de 2020 pasará a la historia y quedará en todos los registros como un evento que cambió sustantivamente la vida de toda la población del planeta. En algún rincón muy triste de esos registros se señalará a Uruguay, aquella aldea al sur del mundo, hasta ahora conocida por su fútbol y algunas rarezas sociales, políticas y culturales, donde un gobierno cegado por su fanatismo económico se volvió indolente e ignorante, les negó la ayuda a los que más lo necesitaban y se sentó a mirar cómo crecían la pobreza y la desigualdad, buscando excusas que ante el mundo eran inexplicables y entreteniendo al público con un excelente manejo comunicacional, mientras se retrocedían años de desarrollo social difíciles de recuperar.

La receta para viabilizar este crimen es un ejemplo de estudio de construcción y manejo de “opinión pública” que se rigió por la máxima “De lo que todos hablan, todos hablamos, y lo que nadie lo dice, nadie lo sabe”.