El Referéndum contra la LUC gobierna al gobierno

La estrategia es increíblemente grotesca. Es obvio que estamos ante un congelamiento de la política de precios de combustibles que ellos mismos introdujeron en la LUC, cuyo objetivo es sólo circunstancial y electoral: mantener hasta el referéndum a la mayor cantidad de gente posible engañada sobre los efectos graves de la ley en este asunto tan sensible. Más allá de ser una grosería política, rayan con la deshonestidad desfachatada, la hoja de ruta que el gobierno ha decidido seguir hasta el referéndum tiene la virtud de demostrar claramente que la mejor forma de defender la LUC es no aplicarla.

Aunque todos los voceros oficialistas salgan en masa a defender esta operación cosmética, atribuyéndole finalidades superiores y enmarcándola en el territorio de la buena gestión, la gente ya sabe que el gobierno está aguantando su agenda impopular, como la reforma previsional o las subas de combustibles -que arrastra todos los precios hacia arriba –  porque se viene el referéndum. Y esa conciencia extendida de la maniobra va a seguir creciendo y, probablemente, no le va a dejar al gobierno ningún camino verdaderamente convincente.

Fíjense que ellos mismos pueden estar pensando en derogar en el Parlamento los artículos impugnados vinculados con los combustibles, con la esperanza de que extirpando esos artículos se salve el resto. Este tipo de conductas ya tiene precedentes.

Recordemos al presidente Jorge Batlle y su intento de privatizar Antel mediante dos artículos del presupuesto nacional: los artículos 612  y 613, en los que se limitaba el monopolio de Antel a la telefonía básica y se armaba una empresa distinta sobre la telefonia celular que podía ser privatizada en buena medida. Han pasado casi 20 años y la vida demostró que los sindicatos y la izquierda, en la oposición política en ese entonces, tenían toda la razón: la telefonía básica iba a la desaparición, el negocio migraba a la telefonía celular, que justo era lo querían privatizar, dejándole a Antel el futuro clavo de los teléfonos fijos. Pues bien, Batlle mandó esos artículos en una ley de presupuesto, aunque no eran presupuestales, para evitar el referéndum. Pero los sindicatos y y el Frente Amplio igual salieron a juntar las firmas y las juntaron. ¿Por qué? Porque ha habido gobiernos neoliberales, como fue el de Jorge Batlle, como fue el de Lacalle padre y como es el de Lacalle Pou, pero lo que nunca tuvo Uruguay fue un pueblo neoliberal. Por el contrario, la ideología nacional de los uruguayos es el batllismo del viejo Batlle, la que mira al Estado como el escudo de los débiles.

Bien, como el movimiento popular reunió las firmas, Batlle mandó a derogar esos artículos al Parlamento, de forma de quitarle al referéndum su motivo. Pero los referéndums no derogan, anulan. Es decir, cuando se anula una ley, se decide que la ley no fue válida desde el principio y tanto su texto, como los efectos que haya producido deben eliminarse. La diferencia con la derogación no es menor. Porque la derogación no tiene efecto retroactivo como la anulación, por lo que sólo implica que desde el momento en que se deroga, la ley ya no existe, pero que mientras existió, existió y fue válida y, por lo tanto, los efectos que haya producido no pueden simplemente retrotraerse. ¿Qué consecuencias tuvo la derogación de Batlle? Que el referéndum ya no se pudo hacer, porque Batlle había eliminado las leyes por las cuales se convocaba. Pero como Batlle solamente derogó los artículos, los efectos que habían tenido mientras estuvieron vigentes no podían simplemente echarse atrás.

El gobierno se dirige a una derrota monumental con el próximo referéndum y alguno de sus más avispados integrantes lo tienen claro. Porque la ley es mala, es muy mala, muy larga y muy compleja, muy difícil de defender y sus beneficios, si los tiene, no son claros. Es ridículo, por ejemplo, sostener que gracias a la LUC mejoró la seguridad pública, sin tomar en cuenta una pandemia que atravesó el mundo, pero que a poco que se retira, muestra de que los delitos se siguen cometiendo y no bajaron ni por casualidad.  Llegar a afirmar que si se anulan los 135 artículos de la LUC no vamos a poder caminar por la calle o estas decisiones con los combustibles muestran el nivel de desesperación que cunde en tiendas oficialistas. Por eso el argumento más fuerte que tienen es que no se produjo ninguna catástrofe. Todo lo cual no es cierto: simplemente que la LUC se aprobó en la mitad de la mayor catástrofe sanitaria del siglo en todo el mundo, que opacaba el resto de las catástrofes cotidianas, como esta de los combustibles, que ahora la gente ve y tiene muy claro: si el referéndum no anula los 135 artículos, se vendrán aumentos mensuales y descomunales de combustibles sin que el gobierno tenga ningún motivo para perdonarlos. Porque los está perdonando solo para no perder en ese referéndum.