Mejor se ponen sombrero,
Que el aire viene de gloria.
Si no los despeina el viento,
Los va a despeinar la historia.
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Mario Benedetti
Ellos te hablan en contra de la grieta cuando ellos fueron sus creadores, porque la verdadera grieta es la tremenda diferencia que existe entre los más poderosos y los que crean sus riquezas. Grieta es la que existe entre los que viven en palacios mientras que los que los construyen cada año pasan la mitad de sus vidas pagando una vivienda modesta.
El Frente Amplio creó 175.000 viviendas; en cambio ellos, de nuevo en el poder, han recortado el presupuesto para el Ministerio de Vivienda de 315 millones de dólares que le daba el Frente Amplio a 187 millones.
Ellos te dicen que el trabajo dignifica y cada uno debe progresar por su propio esfuerzo; pero se oponen al impuesto a las herencias.
Ellos, desde el Poder Ejecutivo, proponen en la Rendición de Cuentas un programa de erradicación de asentamientos mediante un “Fideicomiso de Integración Social y Urbana”, lo cual no estaría mal si no fuera porque se crea con recursos que se le quitarán al Instituto Nacional de Colonización. Como dice Lucía (nuestra querida y legendaria Lucía): “No hay que desvestir a un santo para ponerle un taparrabo a otro”. “Saco esos 20 millones del Instituto de Colonización, un proyecto viejo, emblemático, que hay otros países que vienen a mirarlo, que ha dado oportunidades a la gente… Todo ese proyecto se ve colapsado con sacarle recursos”. “Una inversión no es lo mismo que un gasto; y la plata en tierra y alojo de colonos que produce Colonización es una inversión, una inversión en un momento que precisamos inversiones como el pan”.
El punto es que ellos nunca quisieron al INC para beneficiar a los más humildes, sino a los más poderosos, caso de Álvaro Delgado y Enrique Antía, entre otros correligionarios.
En tanto, el fin solidario del Mides se va perdiendo cada vez más. Tras haberse nombrado a Martín Lema en sustitución de Pablo Bartol porque se buscaba un perfil político, ahora se sustituye a la directora general, María José Oviedo, por la contadora Susana Perri, porque se busca un perfil “ejecutivo y gerencial”. ¿Cuántos cambios han realizado en un año y medio los que “estaban preparados para gobernar”? Proselitismo y mercantilismo mientras el número de personas que viven en la calle se ha disparado.
Ellos criticaban al Frente Amplio porque en 2019 teníamos a 2.518 personas en situación de calle; pero ahora tenemos a 3.907, un 55% más.
Ellos siempre han usado el poder para beneficiar a sus partidarios. En la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande, aparte de crear cargos para premiar a sus militantes y amigos, se llenan las vacantes sin llamar a concurso, como hacían las autoridades del Frente Amplio. Mónica Cabrera, presidenta del Frente Amplio en Salto, expresó a Salto al Día que cuando Gabriel Rodríguez era presidente, “los ingresos fueron mediante concurso de oposición y mérito. Estaba en la página web de la CTM y en los diarios de todo Salto cuando había llamados públicos y todos los salteños en forma democrática e igualitaria podían concursar para los lugares donde había vacantes”. Como dijo Luis Lacalle Pou: “¡Se terminó! ¡Se terminó!”
Ellos te dicen que si dejamos que el mercado regule todo, todos viviremos mejor; pero ese criterio fue el que llevó, entre otros males, a que en 2005 la derecha entregara al Frente Amplio un país con 41% de informalidad. La izquierda trabajó sobre eso y le devolvió a la derecha un país con un 25% de informalidad. Los neoliberales se quejan de que tenemos un Salario Mínimo Nacional muy alto y han propuesto bajarlo. De hecho, lo hicieron. Hasta marzo de 2020 Uruguay tenía el SMN más alto de América Latina y el Caribe, gracias a la gestión frenteamplista, que lo multiplicó por 4. Con dicho salario podías comprar 500 dólares; 70 dólares más que Chile, segundo en el ranking. A un año y medio de gobierno herrerista, estamos peleando por el cuarto lugar de esa tabla. Perdimos salario real y poder de compra, aumentó la corrupción y el abuso policial, aumentó el desempleo y cerraron miles de empresas. También aumentaron los privilegios de la clase gobernante. Gracias a la ley Gandini, los legisladores ya no tienen que devolver viáticos cuando regresen de sus misiones al extranjero.
Ellos te dijeron que el Frente Amplio fundió al país; pero lo cierto es que al 40% de pobreza heredado en 2005 lo bajó a 12% para 2019. Ellos nos entregaron 2.500 millones de dólares en reserva; pero la izquierda les devolvió 14.750 millones de dólares.
El Frente Amplio tuvo 15 años de crecimiento sostenido y las pasividades aumentaron siempre por encima de la inflación y el sueldo de maestras y maestros se cuadruplicó. Ellos terminaron con eso.
Tal como ha recordado la compañera Cecilia Cairo en el Parlamento, el Frente Amplio terminó con el denigrante “carné de pobre” creado por la derecha y ahora todos tenemos Fonasa, a la vez que, de los 130.000 pasivos, 55.000 dejaron de ser pobres durante la gestión frenteamplista. En cambio, al herrerismo le bastó un año y medio para crear 100.000 nuevos pobres, en parte por la crisis económica derivada de la pandemia; pero en buena medida porque Uruguay fue el país que menos invirtió para contrarrestar dichos efectos.
El presidente se negó a tocar los ingresos de las familias más poderosas, mientras que desde los medios de prensa oficialista comenzó una campaña persistente para demonizar el concepto de solidaridad. En ese contexto ideológico, la canasta de emergencia alimentaria del Mides ha bajado de 2.400 pesos a 1.200, la mitad. Como era de esperar, no fue noticia; porque ellos deciden lo que debe estar en el tapete para discusión y lo que no.
Ellos te dicen que los combustibles bajarán si desmonopolizamos Ancap; pero tal desmonopolización será, en los hechos, el cierre de esta empresa uruguaya para favorecer a una multinacional con el pretexto de bajar los combustibles y pasaremos de tener un monopolio público a tener un monopolio privado. Las ganancias de ese operador privado se irán al extranjero y seremos meros consumidores, sin contar con que miles de trabajadores quedarán sin empleo.
Solidaridad obligatoria
Ellos, por intermedio del vocero de Un Solo Uruguay, Marcelo Nougué, dicen que la desmonopolización evitará que el Estado siga recaudando a través de los combustibles para subsidiar a otros sectores.
A USU le molesta, por ejemplo, el subsidio al boleto de los trabajadores. Ellos, obviamente, no viajan con la negrada en colectivo; pero es extraño que estén en contra de la “solidaridad obligatoria”, considerando todas las áreas en que han sido beneficiados por la nuestra. Liliam Kechichian les ha recordado que el IRPF financia (entre muchas cosas):
1) al Fondo Arrocero, que beneficia a 560 productores;
2) al fideicomiso lechero, creado en 2015;
3) al Fondo de Garantías para el sector lácteo;
4) la rebaja de la tarifa eléctrica, lo que implicó un costo fiscal de casi 5 millones de dólares;
5) la congelación del pago de renta para productores familiares lecheros en tierras del Instituto Nacional de Colonización y compras de ración o concentrados a productores ganaderos afectados por la sequía;
6) la devolución del IVA en las compras de gasoil a productores de leche, arroz, flores, frutas y hortalizas y apícolas y a los productores de ganado bovino y ovino, que no tributen el IRAE;
7) la exoneración del 18% en la contribución inmobiliaria rural, más un 10% de descuento adicional para los productores con una superficie menor a las 1.000 hectáreas, lo que beneficia al 91% del total de estas explotaciones rurales;
8) la exoneración tributaria que beneficia a la mitad de los pequeños y medianos productores agropecuarios, que no son contribuyentes directos de la DGI;
9) tratamiento favorable para los mismos con respecto al Impuesto de Primaria y al Patrimonio;
10) la trazabilidad, con la cual el Estado invierte 12,5 millones de dólares y permite la apertura de mercados internacionales a nuestras carnes;
11) el Fondo Agropecuario de Emergencia, que destina cerca de 16 millones de dólares para enfrentar sequías e inundaciones;
12) el apoyo del Estado a 750 productores, por medio de la ley de riego, con 3 millones de dólares más otros 2 millones para 400 productores como complemento por el mismo monto a inversiones privadas y
13) la vacunación antiaftosa, con una inversión de 13 millones de dólares.
Les molesta también el subsidio al gas y ya sabemos que dentro de poco el costo de la garrafa se irá por las nubes. A las quejas de USU, por las promesas incumplidas de Lacalle Pou, el presidente de Ancap, Alejandro Stipinicic ha respondido que los precios de las exportaciones agropecuarias han subido más que los de los combustibles, por lo que los reclamos de los productores solo apuntan a incrementar su lucro.
Claro, no es lo que les dijeron durante la campaña electoral. Como afirma la presidenta de la Federación Rural (y es razonable), “estresa esperar todos los meses una suba del combustible”. Claro que todas estas organizaciones hicieron lo imposible por sacar al Frente Amplio del gobierno. Ya es tarde para lamentarse; pero no lo es para rever las ideas.
Ya sabemos que ellos, los derechistas neoliberales, dejarán morir lo que no puedan vender.
Con Antel pasa lo mismo que con Ancap. Las medidas tomadas por Lacalle Pou han beneficiado a sus competidoras privadas y debilitado al ente público.
Ellos recibieron un país elogiado por el mundo; nos devolverán los despojos en 2024.
De todas maneras, lo cierto es que lo devolverán.
Lo cierto es también que costará mucho tiempo reconstruir lo dañado.
Y lo cierto, al final del día, es que si no los despeina el viento, los va a despeinar la historia.
Ya falta menos.