El procedimiento incluye controles detallados: emisiones acústicas, intensidad y alineación de luces, alineación del tren delantero, equilibrio y eficacia de frenos, estado general del chasis, ejes, ruedas y sistemas hidráulicos. Además, se realizan pruebas de emisiones contaminantes para motores tanto diésel como nafta.
Una vez finalizado el proceso, el vehículo recibe un Certificado de Aptitud Técnica con validez según los resultados obtenidos:
Aprobado: vigencia de un año.
Aprobado con observaciones: defectos leves, vigencia de un año.
Condicional: defectos graves, vigencia de 60 días para reparación.
Rechazado: defectos muy graves, vigencia de 48 horas para reparación y reinspección.
Cada inspección genera además un informe técnico detallado que sirve de guía para las reparaciones en los talleres mecánicos. El MTOP recibe la información en tiempo real y fiscaliza mediante sistemas automatizados de lectura de matrículas, aplicando sanciones a los vehículos con certificados vencidos o rechazados.
Un parque automotor envejecido, pero en mejora
Casal destacó que el parque vehicular inspeccionado —unas 85.000 unidades al año— tiene una antigüedad promedio de 14 años, una cifra similar a la de otros países latinoamericanos. Los defectos más frecuentes detectados son fallas en iluminación, frenos y tren delantero, aunque la mayoría de ellos son de fácil corrección.
A pesar de la obligatoriedad de la inspección y los costos asociados, el representante de APPLUS subrayó que existe una conciencia creciente sobre su importancia. A nivel mundial, la implementación de sistemas de ITV ha contribuido a reducir la siniestralidad entre un 15% y un 40%, con ejemplos concretos como España (-18%) y Costa Rica (-41%).
En Uruguay, el sistema está plenamente operativo para vehículos pesados, pero aún no se ha extendido a los automóviles particulares a nivel nacional, con excepción de Montevideo.
Montevideo, pionera pero rezagada
La capital uruguaya fue pionera en Sudamérica al establecer en 1991 la inspección vehicular, gestionada por Eviancar S.A. Autotest, cuyo director, Germán Aguinaga, recuerda que Uruguay fue el primer país de la región en implementar este tipo de control. Sin embargo, reconoció que el sistema ha quedado desactualizado, ya que otros países avanzaron en su modernización, mientras que en Uruguay la obligación se mantiene únicamente en Montevideo.
La Ley de Tránsito N.º 18.951 (2007), que creó la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), contempla la inspección técnica vehicular en su artículo 29, pero aún no ha sido reglamentada, por lo que su aplicación nacional sigue pendiente.
Aguinaga subrayó que el vehículo es uno de los tres factores determinantes en los siniestros de tránsito, junto al factor humano y las condiciones del entorno. En Montevideo, entre un 35% y un 40% de los vehículos que concurren a la inspección son rechazados, principalmente por deficiencias en luces, frenos o tren delantero.
Los defectos leves deben corregirse en el siguiente período de inspección, mientras que los graves exigen reparación y reinspección en un plazo de 30 días.
Seguridad vial y costos sociales
La problemática de la seguridad vial sigue siendo crítica. Según Aguinaga, en Uruguay se registran alrededor de 500 muertes por año y miles de lesionados en siniestros de tránsito. Las consecuencias económicas son igualmente graves: el país destina cerca de mil millones de dólares anuales —aproximadamente un 2% del PIB— a gastos derivados de accidentes, como reparaciones de infraestructura, pensiones y tratamientos médicos.
Reducir aunque sea un 10% estas cifras representaría un ahorro significativo y un impacto social positivo.
La experiencia internacional demuestra que la inspección técnica vehicular es una herramienta eficaz para mejorar la seguridad vial y proteger el medio ambiente. En Uruguay, aunque la medida funciona de manera sólida para los vehículos pesados, su extensión a los automóviles particulares a nivel nacional continúa siendo un desafío pendiente.
La implementación plena de la ITV podría no solo salvar vidas y reducir costos, sino también modernizar el parque automotor uruguayo y colocarlo a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad y sustentabilidad.
