Para cumplir los objetivos del proyecto se realizaron capacitaciones, formación de posgrados a través de becas, acciones de incidencia en el territorio, campañas de sensibilización y estudios sobre las distintas manifestaciones de la violencia de género en estas zonas del país. “No solo se investigaron los femicidios, sino que se abordaron las percepciones juveniles sobre desigualdad y violencia, y las relaciones entre la violencia basada en género y las conductas suicidas en jóvenes de estos departamentos. La última investigación se realizó partiendo de los femicidios concretados en estos territorios entre fines del 2017 y diciembre del 2021”, contó Darré.
“Partimos desde el 2017 porque desde ese año el femicidio en nuestro país está tipificado como agravante del homicidio, por lo cual nos interesó aportar evidencias que facilitaran la toma de decisiones en las políticas de prevención y protección. Cuando se miran datos regionales, o a nivel nacional, se obtiene información muy útil, pero insuficiente para comprender las características locales que adquieren los femicidios en los departamentos que tienen una alta tasa de incidencia durante un periodo prolongado en el tiempo. La tasa es una medida anual de homicidios de mujeres asesinadas por razones de género que se calcula a partir de una población determinada, por ejemplo, cada 100 mil mujeres”, agregó Fontela.
El enfoque metodológico del estudio abarcó múltiples fuentes de información, desde expedientes judiciales hasta archivos periodísticos y datos recopilados por organismos del Estado, como el Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, y organizaciones de la sociedad civil, como en el caso de los datos sistematizados por la página web de Feminicidio Uruguay. “Nos propusimos recopilar todos los antecedentes internacionales sobre protocolos y escalas de valoración de riesgo de asesinatos por razones de género y, por otro lado, analizar los factores de riesgo presentes en los femicidios concretados”, detalló Darré.
Con respecto a las escalas de riesgo, Fontela definió que “son sistemas que permiten medir, cuantificar o proponer una medida de valoración que depende de diversos componentes individuales y sociales”, destacando que se utilizan a nivel mundial desde los años 90 y que, en muchos casos, “han demostrado ser herramientas predictivas para la violencia letal”.
Otros hallazgos alarmantes
Las autoras enfatizaron que “es preocupante saber que alguien del entorno de la víctima de femicidio conocía la situación de violencia”, por lo cual una de las campañas de sensibilización realizadas durante en proceso investigativo se tituló “Siempre alguien sabe”, acción con la que buscaron profundizar en el concepto de naturalización de la violencia femicida, que para el 92 por ciento de los casos estudiados correspondió al ámbito de la pareja, expareja, o familiares. “Se sigue pensando que lo que sucede puertas adentro, en el ámbito doméstico, es un asunto privado”, cuestionó Darré.
Las edades de las mujeres asesinadas es otro de los datos perturbadores que reveló la investigación. “Las víctimas van desde los dos años de edad hasta los 80 años, es decir, todas las etapas de la vida están afectadas, con picos en los periodos entre 11 y 20 años y entre 41 y 50 años”, agregó la investigadora. Otra de las conclusiones relevantes son las diferencias “importantes” en los métodos utilizados para cometer los femicidios según cada departamento, señalaron las autoras. “En Tacuarembó, por ejemplo, predominó el uso de arma blanca, mientras que en Rivera el uso de armas de fuego y en Artigas los golpes. No contamos con elementos para explicar las diferencias, pero creemos que deberían complementarse con nuevos estudios basados en fuentes de datos más amplias, como, por ejemplo, las carpetas criminalísticas que están en poder del Ministerio del Interior. Esta información es confidencial, pero desde la institucionalidad podrían profundizar estudios que permitieran la creación de una herramienta basada en Inteligencia artificial que tuviera fines de predicción, prevención y que estuviera al alcance de cualquier dispositivo celular. Es necesario generar múltiples estrategias, no alcanza con una sola herramienta”, sugirió Darré.
Otro de los hallazgos que más resonó tiene que ver con los factores de riesgo que tuvieron mayor prevalencia. Estos son: los antecedentes de violencia denunciada o no, la tenencia y uso de armas, el odio reflejado en la crueldad del hecho, el aislamiento en sentido de distancias, pero también de alejamiento de la comunidad y de los vínculos familiares, el no darse cuenta, por parte de la víctima, del riesgo de las acciones previas. “En un conjunto de 26 factores estudiados, todos estos fueron altamente frecuentes al igual que el horario del crimen, que en general es de noche”, remarcó Fontela.
Reforzar políticas y “hacer cumplir la ley”
A la luz de estos resultados, ambas académicas coincidieron en que “falta mucho trabajo en las políticas públicas, en el ámbito comunitario y en la institucionalidad en general si se quiere avanzar en la construcción de estrategias efectivas que permitan comprender que la violencia de género es una violación grave a los derechos humanos”. En tal sentido, Fontela aseguró que la presente investigación puede contribuir a enfrentar la problemática de los femicidios, ya que “los estudios realizados en territorios permiten observar las particularidades de los fenómenos y la incidencia en las diferentes comunidades". Y sumó: "Las políticas no pueden ser homogéneas porque las características de los fenómenos y los contextos son variables. El diseño de políticas de prevención y protección debería estar basado en los comportamientos locales, las redes comunitarias, institucionales, entre otros aspectos. Además, es necesaria la evaluación de estas políticas, algo que en el país se práctica esporádicamente y que permitiría ajustar, en base a evidencias, las acciones que se emprenden”. “No es lo mismo vivir en una zona céntrica de la capital con acceso a servicios de atención, comisarías y centros de salud que vivir en zonas alejadas de la centralidad de las políticas”, apuntó Darré.
En síntesis, consideraron que este tipo de estudios “permiten generar evidencias que pueden ser de utilidad y servir como insumo para el diseño y la implementación de las políticas públicas incluso en sus procesos de evaluación”.
Sobre los desafíos del Gobierno en la prevención de femicidios, opinaron que “no se trata de agregar normativas, sino de hacerlas cumplir”. “La ley 15.280 de violencia de género instituye mecanismos y procedimientos de articulación a nivel territorial que es necesario priorizar y profundizar. En nuestro trabajo en territorio recibimos muchas demandas de formación permanente que es necesario atender”, sentenció la académica.
Más allá de la responsabilidad del Gobierno, las investigadoras remarcaron que la comunidad debe contribuir a la lucha contra la violencia de género. “Las políticas públicas no son un asunto exclusivamente de las instituciones gubernamentales. En los estados democráticos, la participación de la sociedad civil es clave para gravitar en los temas que importan. El proyecto Entramadas fue una evidencia de la importancia que tiene la sociedad civil que se moviliza en torno a un propósito. Las asociaciones ‘Somos Negras ¿y qué?’, ‘Riversidad’, ‘Bella feministas’, ‘Tejedoras de Derechos’, ‘Mujeres en Movimiento’, ‘Mujeres resilientes’, la Comisión de Género de la Mesa Intercooperativa de Tacuarembó y ‘Mizangas’, cumplieron un rol central en la movilización y la incidencia en sus localidades”, argumentó Darré.
Según las autoras, el rol de la prensa y de los medios de comunicación también cobra relevancia en la lucha contra la violencia de género. En tal sentido, valoraron el compromiso del periodismo a la hora de visibilizar el problema y generar conciencia pública. “La forma en que han seguido los casos de femicidios en cada localidad ha sido una fuente muy importante de información para este estudio, y las formas en que expresan las crónicas revelan un gran avance para la sociedad”.
¿Por qué aumentan los femicidios?
Al analizar los motivos que favorecen el aumento de los femicidios en Uruguay, reconocieron la existencia de “un contexto de debilitamiento institucional” en relación al tema y coincidieron en que el alcance de las herramientas disponibles en cada departamento es diferente, así como los presupuestos que manejan las políticas nacionales o departamentales.
Por otro lado, se refirieron al entorno social y al factor cultural y definieron a la violencia femicida como “el último acto disciplinador en la vida de las mujeres, que se amplifica en medio de discursos machistas y sexistas que entienden que el varón es siempre superior”. “En algunos períodos históricos la incorporación de los derechos de las mujeres en la agenda pública ha despertado respuestas y discursos adversos y conservadores. A modo de ejemplo, nunca se escribió tanto sobre la inferioridad de las mujeres respecto a los varones, como cuando el movimiento sufragista luchaba por el voto femenino hace más de cien años”, recordó Darré.
Por su parte, Fontela criticó que “las acciones de políticas cubren de forma sistemática algunas manifestaciones de la violencia de género, pero no abordan otros aspectos que también tienen consecuencias en las vidas y que sientan las bases de la naturalización de la práctica”. Y añadió: “La violencia de género en las etapas de adolescencia carece de abordajes profundos y permanentes. Los servicios de atención nacionales solo atienden mujeres mayores de 18 años, lo cual es un problema. En Montevideo recién comenzó la atención en edades más tempranas”.
Otra de las carencias, prosiguió la experta, es la falta de atención a la violencia en los territorios, lo que, a su entender, “está adquiriendo manifestaciones renovadas que las políticas no acompañan”. A modo de ejemplo, destacó los procesos de transformación de las comunidades con nuevos actores que influyen en las localidades, como el narcotráfico. “Este fenómeno hay que estudiarlo porque lo estamos viviendo, pero no lo comprendemos en profundidad. La violencia de género es multicausal y tiene diversas aristas para comprender y abordar. Según datos de la CEPAL correspondientes a 2022, a pesar de que Uruguay ha implementado normas y políticas en relación al tema desde hace muchos años, continúa ocupando los primeros lugares en las tasas más altas de femicidios cada 100.000 habitantes, junto con El Salvador. ¿Qué nos muestra esto? Que continúa siendo necesario estudiar, analizar y ajustar las políticas públicas, sin olvidar que es obligación del Estado prevenir los femicidios y proteger a las víctimas”, concluyó.
Perfil de las autoras
Silvana Darré Otero es una investigadora y docente uruguaya que se doctoró en Ciencias Sociales por la Flacso Argentina y es magíster en Estudios de Género por la UNR (Argentina). Se desempeña como coordinadora académica de Flacso Uruguay y es fundadora del Programa Género y Cultura de la institución.
Lena Fontela Kopl es uruguaya, investigadora, docente. Es antropóloga egresada de la Universidad de la República, máster en Derechos Humanos y Democracia (Flacso México) y candidata a doctora en Ciencias Sociales por Flacso Argentina. Actualmente es la coordinadora académica de la Maestría en Género de Flacso Uruguay.
