Mientras el presidente y la ministra de Economía festejan haber ahorrado 600 millones de dólares en plena pandemia, trasciende que en los comedores escolares se les niega la posibilidad de repetir el plato a los niños y las niñas para quienes, en muchas ocasiones, esa constituye su principal comida diaria. Para colmo, la directora general de primaria, Graciela Fabeyro, defiende la medida con argumentos sanitarios insostenibles y afirma ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes que es una forma de combatir la obesidad infantil.
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En la misma semana de la celebración del ahorro, el Mides revela que en el último año aumentó 16% la cantidad de personas en situación de calle con respecto a 2020, alcanzando la cifra de 3.907 personas viviendo en la calle. El crecimiento alarmante se acumula con el año pasado, primer año de este gobierno, y si se comparan los 3.907 de hoy con los 2.518 que había en 2019, el incremento de personas en calle se va a un dramático 55% con relación al número legado por el gobierno anterior.
El ajuste es tenebroso en todos los sectores. El gobierno juguetea con la idea de eliminar el subsidio del gas, aunque lo disfraza de una mejor focalización que evitaría subsidiar a gente que no lo necesita, pero todos sabemos que si se lleva adelante, cientos de miles de uruguayos observarán un incremento sustantivo en el valor de las garrafas que la inmensa mayoría de la población utiliza para cocinar y calefaccionarse. A la vez, los aumentos mensuales de los combustibles son acalambrantes y el salario real se esfuma tarifazo tras tarifazo.
La justificación para aumentar los combustible muy por encima de la inflación y del precio de paridad de importación recaen sobre un factor X que se adjudica a los sobrecostos de Ancap y con ese factor se anticipan nuevos ajustes, porque los sobrecostos serían el subsidio del gas o el subsidio que permite abaratar los boletos de transporte público o los emprendimientos de Ancap. Así que, de modo explícito, el gobierno extorsiona a la sociedad entera: seguirán aumentando los combustibles todos los meses salvo que se le permita tomar medidas que desmantelen políticas sociales, inversiones o a la propia empresa, en el caso de que se elimine el monopolio de los combustibles.
Completar el panorama del ajuste es contar nuevas iniciativas contra la gente. Los lineamientos para la novena ronda de los Consejos de Salarios marcan que los trabajadores van a seguir perdiendo capacidad adquisitiva y el supuesto aumento irrisorio para las pasividades, al ser un adelanto del aumento que les corresponde por el ajuste por ley de cada año, implica un retroceso de lo que los jubilados habían logrado, en un contexto en que, además, el índice medio de salarios cae en su valor real y las jubilaciones también perderán contra los precios por segundo año consecutivo.
El neoherrerismo, secundado por la coalición multicolor, está llevando adelante un tremendo achique de la economía de la gente y lo está haciendo sobre el desparrame que ya provocó la pandemia, por lo que cabe esperar que la pobreza continúe aumentando, mientras que, por otro lado, los beneficios para los grandes capitales no cesan. Ahora es la propia Secretaría Contra el Lavado de Activos que alerta que han caído tanto las denuncias de operaciones sospechosas, a partir de que la LUC multiplicó por 25 el monto de las transacciones en efectivo que podían hacerse sin llamar la atención, de 4.000 dólares a 100.000. Ahora es la propia secretaría la que advierte que, en cualquier momento, nos van a pedir explicaciones desde el exterior, porque es obvio que esta caída de las operaciones sospechosas y, por supuesto, de las cosas que se investigan, supone un aumento enorme de las operaciones de lavado de dinero, algo que era evidente que iba a pasar y se avisó, por lo que no cabe otra interpretación que aceptar que se hizo eso en la Ley de Urgente Consideración con un propósito convergente, con arreglo a fines, aunque alguno se ofenda. Parece escandaloso porque es escandaloso.
El gobierno de Lacalle Pou es una versión actualizada del gobierno de su padre, con la misma orientación, las mismas iniciativas que ya fueron derrotadas por la gente y, para peor, con los mismos vicios. ¿Cómo es posible que a la esposa del presidente de la República se le ocurriera intentar registrar a su nombre un programa de Presidencia financiado por el Estado? Saltó antes porque lo publicó Búsqueda, y ahora es obvio que no le va a quedar otra que poner marcha atrás, pero si no saltaba, lo hacía. Se manejan con la lógica del “si pasa, pasa”. Algunas cosas no han pasado, como esta o la de Isaac Alfie, pero ¿cuántas habrá que sí? El tiempo va a traer muchas respuestas y, más temprano que tarde, la gente va a poner las cosas en su lugar. Lamentablemente, ya han hecho mucho daño y seguirán haciéndolo por un tiempo más.