Hacía pocas horas que un hombre rechazado en un refugio del Mides, luego detenido y vuelto a las calles, moría de frío, cuando el diputado Alejo Umpiérrez, en la Cámara de Representantes, daba el informe en mayoría para aprobar la Ley de Urgente Consideración.
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El mes de julio se inició con la discusión en diputados de la Ley de Urgente Consideración. En la jornada del 1º de julio se aprobó en general y el 2 de julio en particular.
Las escasas modificaciones sufridas harán que la ley vuelva al Senado y si los senadores no aceptan los cambios, pasará a la Asamblea General.
Un trámite parlamentario más sin ninguna urgencia, ni siquiera para el gobierno que la reclama, pero que ha podido sobrellevar estos 100 primeros días de su gestión, pandemia mediante, sin necesidad de dicha ley.
El Frente Amplio, manteniendo una visión muy crítica sobre la LUC, ha valorado positivamente que más del 70% del proyecto original se modificara y quedara sin efecto por vía de esa ley la posibilidad de una fuerte privatización de Antel y la desmonopolización de Ancap.
Ese parcial “logro legislativo” en temas tan caros para la sociedad uruguaya parece descartar, según expresaron algunos dirigentes políticos de la oposición y del Pit-Cnt, la posibilidad de convocar un plebiscito.
No obstante, reconocer que una recolección de firmas para la defensa -nuevamente- de los entes permitiría aglutinar un campo mayor de fuerzas populares; queda pendiente cómo se posicionará la oposición y el conjunto de organizaciones sociales frente a otros aspectos bien complicados que serán aprobados en las modificaciones introducidas en materia de seguridad pública, de los Servicios de Inteligencia del Estado, en el Instituto Nacional de Colonización, en materia educativa, económica y de vivienda.
En el horizonte cercano esta el tratamiento del nuevo Presupuesto Nacional, y casi sobre la aprobación de este, las elecciones municipales.
La brasa que arde desde abajo
Fuera de los muros de mármol del Parlamento, la verdadera urgencia empieza a desandar otros caminos en búsqueda de respuestas, que claramente no solo no están en la LUC, sino que no dependen exclusivamente de los contenidos aprobados en ella.
Desde la declaración de la emergencia sanitaria, se realizaron cuatro movilizaciones convocadas y organizadas desde la central sindical y la Intersocial, a la que se sumó el Frente Amplio.
El 1º de mayo, una movilización contra la LUC a fines del mismo mes, el paro general parcial del 4 de junio y la movilización del 27 de junio, a 47 años del golpe de Estado.
La central obrera, organizaciones sociales y gente autoconvocada vienen sosteniendo desde la declaración de la pandemia las ollas populares.
El gobierno sigue negando la posibilidad de habilitar, como en otros países, la creación de una renta básica de emergencia para los sectores más vulnerables, que se calculan en unas 30.000 familias.
La propuesta no prospera en las filas del Poder Ejecutivo y aunque el Parlamento no tiene constitucionalmente iniciativa presupuestal, tampoco ha tomado ninguna medida ante una realidad que rompe los ojos.
A medida que se prolonga la necesidad de mantener las ollas, sostenerlas no es tan sencillo como al principio; decaen las donaciones y las finanzas en las organizaciones que asumieron el rol de abastecer a la gente de canastas y viandas.
Sindicatos como Fuecys, por ejemplo, ha sentido en sus arcas el impacto de los miles de trabajadores enviados al seguro de paro, que no pueden sostener el pago de la contribución sindical.
Cientos de pequeños almacenes, panaderías, puestos de frutas y verduras han debido cerrar sus puertas.
La Intersocial y el Pit-Cnt han lanzado una recolección de firmas entre las ollas populares y organizaciones sociales para reclamar la renta básica de emergencia, promoviendo además una instancia de coordinación de las ollas populares.
Fernando Macedo, del sindicato de la construcción (Sunca) y encargado de dicha coordinación, explica que “desde la declaración de la emergencia sanitaria venimos apoyando las ollas desde los zonales del Pit-Cnt. Pedimos donaciones y empezamos a distribuir y llegó un momento que solo en Montevideo se abastecieron 300 ollas y merenderos, sumando más de 500 en todo el país. Hoy algunas han dejado de funcionar y nosotros seguimos entregando canastas de comestibles con frutas y verduras, y artículos de limpieza, debiendo lamentablemente rotar las entregas a las distintas ollas porque no podemos abastecerlas a todas juntas. Se empezaron a organizar redes de ollas por barrios, Cerrito, el Cerro, Piedras Blancas, Malvín Norte, barrio Lavalleja, para poder sustentarse entre las mismas y los fuimos convocando a un encuentro en Sutel. Allí fue la mayoría de las redes de ollas de Montevideo, de San José, de la Costa de Oro, de Las Piedras y lamentablemente no pudieron venir del interior. Se definió realizar una recolección de firmas para el Ingreso Básico de Emergencia que vamos a entregar el 7 de julio con concentración en plaza Independencia a las 13 horas”.
A la crisis de los sectores más humildes, se suman, como deslizándose por un tobogán, pequeños y medianos comerciantes, gente de la cultura, cuentapropistas y los cientos de contratados por el Estado a los que no se les renovarán los vínculos.
En el caso de estos últimos, además del drama de la pérdida de ingresos en esta situación de pandemia y crisis económica, se suma que mucho de ellos cumplían funciones claves en el área de la asistencia social, de cuidados y de control del medioambiente.
Otros de los lugares donde caen contratos son sitios tan sensibles como Vivienda, ASSE y el Inisa.
Por un lado son trabajadores que no cuentan con capacidades para una rápida reinserción laboral, si existiera posibilidad de acceder a nuevos empleos, sino que, además, muchos de ellos tienen un perfil técnico que queda, en principio, sin cubrir, salvo con base en improvisaciones.
Por estas horas, trabajadores de Utmides, Sutiga y de la Dirección Nacional de Medio Ambiente se encuentran en preconflicto, al igual que los choferes del Inisa.
Después de 15 años, la falta de trabajo vuelve a ser la principal preocupación de los uruguayos, y la inseguridad pasa, a nivel perceptivo, a un segundo plano en la medida que los grandes medios de comunicación han centralizado el discurso en la pandemia y en difundir los números dados por el Ministerio del Interior.
Un país donde se muere de plomo, de Covid-19 o de frío.
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