En mayo de 2020 el senador Mario Bergara advertía sobre los efectos de modificar con la Ley de Urgente Consideración (LUC) los controles financieros por parte del Banco Central y la inclusión financiera.
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El legislador aseguró que los cambios en la inclusión financiera como las transacciones hasta 100.000 dólares en efectivo como propone la ley de urgencia les van a facilitar los procesos a los narcotraficantes.
Afirmó también que hay otros artículos que bajan la prevención del lavado de activos. «Uruguay tiene una buena calificación internacional respecto a esto y no podemos perder ese sello de identidad» con «este capítulo vinculado a la marcha atrás a la inclusión y relajar los mecanismos del lavado de activos».
En efectos los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) durante el primer semestre de este año fueron 11, presentados por sujetos obligados del sector no financiero, mientras que en 2020 fueron 68.
Los escribanos por ejemplo presentaron en este semestre cuatro ROS, y 20 ROS durante 2020, y las inmobiliarias un solo reporte hasta ahora y nueve durante 2020.
El director de la UIAF expresó ante la comisión parlamentaria que si se proyectan estos resultados, tendrán menos reportes que en 2020 en un sector considerado de alto riesgo.
Brindó como dato que las operaciones inmobiliarias habían tenido un crecimiento del 41% durante el primer trimestre de 2021 respecto al mismo período sin pandemia durante 2020 y que el hecho de que se presenta un solo ROS es inconsistente con respecto al nivel de actividad y el alto riesgo de blanqueo que existe en ese rubro.
En la memoria anual de la UAIF, difundida a fines de marzo, se indicó que en 2020 recibió 694 ROS, una baja del 10,5% frente a los 775 del año anterior.
La amplia mayoría de los informes responden al sector financiero (casas de cambio, bancos, aseguradoras, empresas de transferencias de fondos, corredores de bolsa y otros agentes, pero la marcada caída de los ROS y donde residen las sospechas de blanqueos esta en el sector no financiero).
¿Cómo se explica la caída de los reportes de 68 durante 2020 frente a los 149 del año anterior y la tendencia a la baja?
Para la diputada Bettiana Díaz, integrante de la Comisión Especial de Lavado de Activos y otros legisladores de la oposición, buena parte de la causa está en la LUC y si bien la menor movilidad por la pandemia puede explicar la baja en 2020, no convence durante 2021, tomando en cuenta el aumento del sector inmobiliario (14 ROS de 35.000 actividades inmobiliarias en 2020). Tres de los reportes correspondían a inusualidades detectadas y 11 a notas de prensa negativas sobre los involucrados).
Para Néstor López si solo el 1% o 2% del total de las operaciones hubiera tenido algún tipo de inusualidad, la UIAF debería haber recibido entre 350 y 700 ROS del sector.
Agregó además que incluso si en el 70% de casos inusuales se pudiera demostrar que no existe riesgo, las inmobiliarias podían haber generado entre 100 y 200 reportes y no los tres que recibieron durante lo que va de 2021.
El informe de la UAIF señala que “no parece razonable pensar que la pandemia explique por sí sola esta caída”.
Algunas fuentes consultadas por Caras y Caretas recuerdan el llamado de las autoridades a empresarios y ciudadanos argentinos a invertir en negocios inmobiliarios en Uruguay.
Otras voces expresan que esto va mas allá de la LUC, tras señales que habría dado el secretario nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, el doctor Jorge Chediak, que en declaraciones públicas sostuvo que por un lado los cambios en la LUC eran para facilitarles la vida a los escribanos y que los niveles de lavados de activos en Uruguay eran muy bajos”.
Si se toman en cuenta algunos números desde el año 2018 y junio de 2020, la UIAF había recibido 1.872 ROS y si bien había una carencia en asignar 1.301 ROS, la caída en los reportes es más que evidente.
Otro tema de preocupación que expresaron nuestras fuentes es la tendencia decreciente de la judicialización de irregularidades detectadas y pusieron como ejemplo el sector Casinos, que tiene en general un buen nivel de reportes, pero no se sabe de casos que llegan a la Justicia, en un sector con bastante complejidad de presentación de los reportes financieros.
La Memoria UIAF 2020 señala en el capítulo Cooperación Nacional que “en la cooperación y/o asesoramiento que la Unidad ha prestado a requerimiento de las autoridades judiciales uruguayas ha continuado la tendencia decreciente en materia de pedidos de información iniciada en 2018 […] recibió 93 pedidos en el 2020 un 21% menos que en 2019 (117 pedidos) y un 36% menos que en e 2018 (146 pedidos).
El otro argumento
El presidente del Banco Central, Diego Labat, manifestó ante la comisión parlamentaria que “en mi primera presentación ante el Comité Ejecutivo de Dirección del banco relativa a la prevención de lavado de activos, planteé cuatro puntos que para mí representaban el enfoque que debíamos dar a este asunto. Con esto no digo -por eso la aclaración- que no se trabajara antes, sino que marcamos hacia dónde queríamos ir. El primer punto es que Uruguay debe tener un sistema de prevención de lavado de dinero basado en las mejores prácticas internacionales. El segundo, por tanto, es que debemos cumplir todos los acuerdos internacionales que el país haya firmado. Un tercer punto -acababa de salir una evaluación del Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) en este sentido- era mejorar la evaluación de Gafilat a partir de un plan elaborado a esos efectos. Proponíamos que, junto a otros actores, tratáramos de avanzar con miras a la siguiente evaluación. Por último, planteamos trabajar en prácticas que provoquen menos dificultades a los agentes económicos de bajo riesgo, en el entendido de que si bien la ley prevé un enfoque basado en riesgos, cuando uno termina mirando el bosque del sistema, ese enfoque basado en riesgos -esta es una percepción personal-, no siempre se cumple, y a veces cargamos más a los de bajo riesgo que a los de alto riesgo o, mejor dicho, por cargar a los de bajo riesgo, terminamos despreocupándonos de los de alto riesgo, porque los recursos y los tiempos de todos son limitados […] Todo esto lo hemos hecho en colaboración con la Senaclaft y otros actores. Hemos tenido reuniones con las distintas gremiales de la industria financiera, con la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), con muchas de las gremiales de sujetos obligados, como la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU) o el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau). De ese intercambio han ido surgiendo ideas y sobre esa base hemos ido tomando medidas”.
La diputada Bettiana Díaz enfatizó en dos puntos que le parecían sustanciales que fueran aclarados.
Uno hace a la organización de recursos para los controles y el otro al categórico informe de la UIAF a lo que el presidente del BCU respondió: “Sobre los recursos, yo no creo que haya que asignar más recursos, sino hacer un mucho mejor uso de los recursos que hoy tenemos. Por eso yo hacía mención al tema del enfoque basado en riesgos. Como seres humanos, sabemos que el día tiene 24 horas, por lo que si dedicamos ocho a mirar la tele, ese tiempo no lo dedicamos a otra cosa. En este caso, es igual. Si el país le dedica tiempo a actividades de bajo riesgo, automáticamente le está dejando de dedicar ese tiempo a las actividades de alto riesgo. Respecto a las apreciaciones sobre la cantidad de reportes, creo que esa es una aseveración que se viene haciendo desde 2011, desde los primeros reportes de la UIAF, donde desde ahí se entendía que había un bajo reporte”.
El vicepresidente del BCU fue directo a la incidencia de la LUC que hace referencia la diputada Díaz y expresa: “La diputada hacía referencia a la última, que es la LUC, y claramente la LUC no ha implicado que aquellas operaciones que antes eran sospechosas con posterioridad a la LUC lo hayan dejado de ser. No obstante ello, puede ocurrir que agentes que no están tan acostumbrados a declarar o que están empezando a hacerlo desde hace no mucho tiempo requieran guías, prácticas, diálogos y capacitación, que es parte también del trabajo de la unidad. La frase lo que maneja es la hipótesis de que puede haber habido una baja percepción del riesgo vinculada con la aprobación de un nuevo marco normativo, que va a llevar un proceso de adaptación. Lo que sí es un hecho objetivo es que hay reportes provenientes de ciertos sectores de actividad que en el año 2020 bajaron; eso es un hecho, no solamente los escribanos, sino otros”.
En las misma comisión, el director de la UIAF Néstor López refirió: “En el caso de la LUC, no decimos si la LUC sí o si la LUC no. Se trata de una ley vigente. Nosotros no estamos haciendo una valoración política en ningún sentido. Simplemente, decimos que una vez que se aprueba la norma vinculada a algunos temas de debida diligencia -como decía el señor presidente Diego Labat-, quizás haya una etapa en la que se tenga que acomodar su implementación. Seguramente haya sido muy positiva en ciertos aspectos, pero pudo haber tenido algunos elementos que hayan generado un afloje mayor de lo esperado. Pero no va mucho más allá de eso. Es una hipótesis de trabajo en la que tenemos que seguir trabajando”.
Lo objetivo y reconocido es que la tendencia a la baja en los ROS del sector financiero son escasos y es de esperar un ajuste de todos los elementos administrativos que, desde el oficialismo, se argumenta que falta ajustar.