Este virus mata y mata

Ojo, que sube la marea

El recurso de anulación contra la adjudicación  de lo que se ha llamado el mass carrier lo presentaron los tres canales privados de la televisión abierta, los canales 4,10 y 12 a través de sus subsidiarias, las tres empresas de canales de TV para abonados, Montecable Visión SA, Tractoral SA y Riselco SA (Montecable, TCC y Nuevo Siglo).

En los días siguientes se guardó el secreto en la caja de seguridad y se hizo trascender que solamente una de las propuestas descartadas en el llamado a licitación, la de CUTA, había pedido la revocación del acto de adjudicación.

El verdadero cangrejo debajo de la piedra era el pedido de nulidad total de todo lo actuado, la eliminación lisa y llana de todos los canales adjudicados, por el verdadero poder, el que está atrás de toda la política de medios del nuevo gobierno, hasta el punto de ser quienes redactaron el texto de la nueva ley de medios que el Poder Ejecutivo propone al Parlamento.

26 años después, la historia vuelve a repetirse. Con el mismo linaje, los mismos intercambios de favores, la misma ruptura del Estado de derecho y la misma impunidad. En efecto, el 11 de febrero de 1994, el presidente Lacalle Herrera adjudicó la totalidad de los canales de cable de Montevideo a los mismos canales de televisión abierta, 4, 10 y 12, dejando afuera a las 8 empresas que se presentaron y cumplieron con todos los requisitos planteados por la convocatoria. La razón de Estado planteada sin rubor por el presidente Lacalle Herrera fue que no existía mercado para más canales y que si no entregaban los canales de cable a los canales abiertos, 4, 10 y 12, estos no resistirían la competencia y quebrarían, dejando sin televisión abierta a la población. La impúdica afirmación fue confirmada por el dueño de Canal 10, Jorge De Feo, en reportaje que le hiciera el semanario Búsqueda, en el que explicó que les dieron la concesión del cable en Montevideo para superar la crisis de la TV abierta.

En la Comisión de Transporte y Comunicaciones de la Cámara de Diputados que sesionó sobre este tema los días 12 y 20 de abril de 1994, una de las empresas descartadas para no perjudicar al monopolio, representada por Raúl Fontaina, dijo textualmente: “Quisiera reafirmar lo manifestado por el doctor Fasano en este ámbito parlamentario, en el sentido de que estamos frente a un gran complot, a un tipo de golpe de Estado comunicacional, antihistórico e incivilizado”.

Si el actual presidente Lacalle Pou sigue los pasos de su padre y les expropia sus derechos a los tres nuevos canales de televisión legítimamente ganadores de la licitación, dejando solo la voz oficialista en la televisión nacional, no trocará la tragedia informativa de hace 26 años en comedia, sino que volverá a ser tragedia, sepultando una vez más a la libertad de información, fortaleciendo la existencia de una sola voz en los medios de comunicación de masas. Es por todos conocidos que las tres nuevas señales ganadores representaban voces diferentes a las que hoy hegemonizan la televisión en todo el país.

De los 8 candidatos que se presentaron en 1994 para ampliar la oferta de la televisión en Uruguay y que fueron lesionados en sus derechos, solo Fasano continuó bregando por obtenerlos en 6 oportunidades (Canal Cable Comunidad, Canal 8, Señal 1, TV Libre, Utopía digital abierta y Eutopía TV); en el sexto intento, después de 26 años de presentaciones, ganó la licitación, que hoy peligra seriamente de nuevo ante la férrea oposición del monopolio.

Es difícil creer que los tres canales hegemónicos no hayan consultado al actual gobierno sobre este sorpresivo paso que acaban de dar. Es probable que se hayan distribuido la tarea sucia. Mientras el gobierno se prepara para derogar la ley de medios, que por primera vez amplía la democracia informativa y limita muy moderadamente el poder omnímodo del monopolio, le pasa la tarea de pedir la nulidad de las concesiones al propio monopolio para que este pague el precio político de su pretensión, a cambio de la eliminación de los artículos de la ley de medios que limitaban la cantidad de frecuencias que podían acumular y que los obligaban a una democratización de la publicidad política que, hasta ahora, tasaban a su antojo y según sus preferencias partidarias.

Llama también la atención que el semanario Búsqueda no haya publicado una sola línea informando a sus lectores del pedido de nulidad presentado el 9 de marzo pasado por los tres canales del monopolio, cuando desde que ganó la coalición multicolor, informa todo lo que sucede en el Ministerio de Industria y hoy mismo publica una nota exclusiva al ministro Fernando Paganini. La explicación puede estar en que los dueños del semanario Búsqueda también son dueños de Canal 12 y, por lo tanto, uno de los que piden la nulidad de todas las concesiones otorgadas para que no haya voces disidentes en el espacio informativo. Recordemos que cuando algunos de los propietarios de Búsqueda fueran mencionados en los Panama Papers, también el semanario que publicó abundante información sobre los papers omitió cualquier referencia a sus dueños.

En verdad, aún no sabemos cuál será la conducta del presidente de la República, Luis Alberto Lacalle, frente al recurso de los canales monopólicos, no obstante, anticipamos que estamos ante una gigantesca afrenta contra la libertad de expresión que es la contracara de las políticas de los gobiernos de izquierda que durante 15 años respetaron ingenuamente las concesiones espurias de los gobiernos blanco y colorados, realizadas sin llamado a licitación alguna, en las que una y otra vez obsequiaron con frecuencias del Estado a sus amigos y correligionarios a quienes enriquecieron infamemente con bienes del país.

Durante esos 15 años, los gobiernos de izquierda no solo no derogaron las concesiones ilegales, sino que dejan el gobierno sin haber autorizado un solo canal de televisión abierta o por abonados que represente en solitario los intereses del pueblo uruguayo. Quiero creer que fue solo ingenuidad, aunque imagino también debilidad y, por qué no, bastante cobardía y falta de confianza en su legitimidad política y moral.

 

Los hechos

El 29 de diciembre de 2014 se sanciona, especialmente en su artículo 117, la ley 19.307, que obliga a los servicios de televisión para abonados a incluir en su paquete básico hasta 3 señales nacionales de televisión que no tengan vinculación con otros servicios de TV abierta.

El 5 de junio del 2019 el Poder Ejecutivo emite el decreto 160/019 reglamentando la ley 19.307 en torno al llamado a interesados para subir 3 señales de televisión a los servicios de TV para abonados en todo el país.

En base a ese decreto, la Ursec, en acuerdo con la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), dicta el 10 de octubre de 2019 la resolución Nº 132/019 aprobando el Pliego de Condiciones que regirá el Concurso Público para seleccionar las señales comerciales previstas en el artículo 117 de la ley 19.307, señalando “que formarán parte del paquete básico de los servicios de televisión para abonados no satelitales”.

El 17 de octubre de 2019 la Ursec dicta una nueva resolución con el Nº 138/019 eliminando los dos vocablos “no satelitales”, incluyendo entonces también a los satelitales en la obligación de subir las nuevas señales de TV.

Presentadas las 5 propuestas de los oferentes, una se desestimó por haberse elevado una vez culminado el plazo y ya abiertas las ofertas, quedando 4 proyectos de televisión compitiendo para tres lugares. Los proyectos eran Canal U , TV Libre del Multimedio La República, Eutopía TV orientada por el periodista Federico Fasano y Cardinal SA, vinculada a canales cable del interior agrupados en la CUTA.

La Ursec convoca a una Audiencia Pública para el 16 de diciembre de 2019 que se llevó a cabo con total normalidad, exponiendo los 4 oferentes las bondades de sus proyectos.

Concretada la Audiencia Pública, la Ursec convoca a una Consulta Pública por 30 días, del 20 de diciembre de 2019 al 20 de enero de 2020, que se lleva a cabo con la participación de Andebu y algunas empresas portadoras del servicio de TV para abonados del interior del país.

El 24 de enero de 2020, el Grupo de Trabajo de la Ursec en acuerdo con Dinatel emite sus conclusiones sobre cada una de las 4 ofertas presentadas.

El 14 de febrero de 2020 el Poder Ejecutivo emite la resolución Nº 97/020 otorgando la concesión por 5 años a las empresas, en este orden, Canal U, calificada con 620 puntos, Eutopía SA, calificada con 530 puntos, y TV Libre calificada con 440 puntos, desechando la propuesta de la CUTA que obtuvo 410 puntos, muy cerca del tercer adjudicado.

La resolución del Poder Ejecutivo se publica en el Diario Oficial el 28 de febrero de 2020, abriéndose un plazo de 10 días corridos para las impugnaciones.

El 9 de marzo de 2020, al vencimiento exacto del plazo, los 3 canales de televisión abierta, 4, 10 y 12, titulares de los canales para abonados Montecable, TCC y Nuevo Siglo, a través de las empresas Montecable Video SA, Riselco SA y Tractoral SA, piden la revocación absoluta de la concesión y la suspensión de la ejecución del acto impugnado. El recurso es firmado además por Colonia Telecable SA en representación de Multicanal SA. La importante señal Directv, que también está obligada a subir las tres señales adjudicadas, se mantuvo neutral y no acompañó el recurso de nulidad.

Los fundamentos del reclamo fueron presentados 37 días después y se sumaron curiosamente 6 empresas más que no son parte del pedido de revocación.

El 21 de abril de 2020, el Ministerio de Industria da vista a las tres empresas concesionadas, Canal U, Eutopía TV y TV Libre, del recurso de revocación presentado por los 3 canales para abonados propiedad de los canales 4, 10 y 12,  y Multicanal. Estas tienen un plazo de 10 días hábiles para evacuar la vista conferida.

 

Los argumentos

Todo la ampulosa argumentación jurídica pidiendo la nulidad de la totalidad de lo actuado y la eliminación de las concesiones se basa en “falta de competencia de Ursec para la aprobación de los Pliegos del Llamado Público”.
Fundamentan esta afirmación en el principio jurídico de la especialidad, es decir que las personas públicas (el Estado) tienen un campo de actuación limitado por su especialidad. Y citan textualmente al dictador Aparicio Méndez tratando de ocultar su identidad con el nombre de Méndez Manfredini: “Como ha indicado Méndez Manfredini, la especialidad de un órgano a lo que él denomina como su elemento sustantivo está constituida por las atribuciones, así como por las funciones que este puede realizar de acuerdo a su objeto y las potestades o poderes jurídicos para la ejecución del o de los cometidos atribuidos”. Y al principio de especialidad agregan el principio de legalidad, afirmando que la Ursec se extralimitó en sus competencias porque “no existe ninguna disposición que atribuya potestades a la Ursec para la aprobación de Pliegos de Bases y Condiciones de los servicios sujetos a su competencia y mucho menos para las señales de televisión”. Sostienen los derogadores de este nuevo derecho conquistado por la sociedad, que el único que tiene potestades para aprobar los pliegos de bases para un llamado es el Poder Ejecutivo y la Ursec no integra en realidad el Poder Ejecutivo.

1) Lo que intenta el poderoso monopolio de la televisión privada, que desde hace 70 años impide que surjan voces contestatarias en la pantalla, es ganar en la liga lo que perdió en la cancha. Sin contar todos los dictámenes de la Suprema Corte de Justicia en contra de sus peticiones. Toda su argumentación se centra en que solo el Poder Ejecutivo podía convocar el llamado a interesados y que la Ursec no tenía facultades para elaborar el Pliego.
Hace trampas en su argumentación porque ignora que el Poder Ejecutivo dictó un decreto especial el 5 de junio del 2019 que lleva el número 160/019, señalando en su artículo 74 que mientras no se encuentre integrado el Consejo de Comunicación Audiovisual, será el órgano de aplicación el encargado de convocar a un concurso público y transparente para seleccionar las señales comerciales previstas en el artículo 117 de la ley que se reglamenta.
El Consejo nunca se integró y fue el propio Poder Ejecutivo el que resolvió el problema de la convocatoria a la que lo obligaba la ley 19.307 el que resolvió problema delegando en la Ursec la convocatoria así como la elaboración del Pliego de Condiciones. No otra cosa se desprende cuando dice que el encargado de esa tarea será el órgano de aplicación. Qué otro órgano de aplicación en el área de la televisión que no sea la Ursec puede haber querido identificar el Poder Ejecutivo. Que además no solo convalidó posteriormente el llamado de la Ursec, sino que aceptó las recomendaciones del Grupo de Trabajo de ese organismo, integrado por frenteamplistas, blancos, colorados y hasta por un militar de Cabildo Abierto y firmó las concesiones propuestas por la Ursec convalidando la legalidad de toda su actuación.
Decir que hay que anular todo porque el llamado lo hizo la Ursec y no el Poder Ejecutivo es tratar de violar la ley de medios y el artículo 332 de la Constitución nacional.

2) Es un verdadero escándalo esta chicana de último momento que esgrime el monopolio de la televisión privada, cuando no se presentó al Llamado ni siquiera con testaferros y carece de legitimidad activa en la reclamación, ya que ningún perjuicio económico le produce la decisión del Parlamento de que tengan que subir 3 señales más a las grillas de los servicios de televisión para abonados.

3) Por otra parte, el llamado fue público y se difundió en todos los medios de comunicación. Si entendían que la Ursec no tenía facultades para realizarlo, debieron impugnarlo antes de la presentación de las 4 propuestas y no después que se hubieran llevado a cabo todas las numerosas y transparentes instancias de la licitación, cuando se generaron derechos irreversibles. Por lo menos es una prueba más de la mala fe con que actuaron ahora y hace 26 años para impedir la competencia y el libre mercado en la comunicación televisiva.

4) Otra prueba de la mala fe es sugerir que la puntuación del Grupo de Trabajo de la Ursec, que insistimos estaba compuesto por técnicos mayoritariamente integrantes de la coalición multicolor, aunque la presidiera una técnica frenteamplista, y donde prevaleció la calidad técnica sobre las simpatías políticas, no fue aprobada por el Directorio del organismo. Dejan caer esa sospecha por la ausencia en las dos sesiones donde se aprobaron las gestiones, de la representante del Partido Nacional en la Ursec, Silvana Olivera. Efectivamente, la Directora  Olivera que ingresó a la Ursec a propuesta del Partido Nacional, faltó a esas dos sesiones por encontrarse en el interior en plena campaña electoral militando por su partido político. Pero el Directorio fue el que aprobó todo lo actuado.

5) Y como último mojón de esta deshonestidad ciudadana, debemos señalar que el monopolio juega a dos puntas y ahora vuelca todo su poder de fuego contra la Ursec, a la que le niega competencia, cuando en realidad su objetivo es impugnar al Poder Ejecutivo, pretendiendo revocar el decreto 260/019 del 5 de junio pasado que autorizó a la Ursec a elaborar el pliego de condiciones, ya que el Consejo de Comunicación no se había formado. Y tan es así que el monopolio intentó suspender las concesiones impugnando ese decreto, y como no lo logró, su demanda se encuentra en el TCA, donde carece de efecto suspensivo. Y al no lograr su objetivo, es que inventa esta nueva argumentación cuyo juez no es el TCA, sino el propio presidente Luis Lacalle Pou..

 

El epílogo

“Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos

que Dios protege a los malos cuando son más que los buenos”