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Exilio y persecución marcan las elecciones en Ecuador

La pugna por el control de las administraciones estatales está en uno de sus puntos más altos desde el final del Plan Cóndor en los años 80. La represión directa por medio de prácticas como el secuestro, el asesinato y la desaparición no son lo que está hoy en el primer renglón de la agenda de la disputa.

Las operaciones de lawfare se vienen moviendo con fuerza, en algunos casos con más y en otros con menos resultado, pero la presión hoy está en operaciones jurídico mediáticas para apartar del camino al progresismo. Evo Morales y Rafael Correa están hoy en la situación que ayer (y aún) han tenido que vivir Cristina Fernández y Lula da Silva.

En Bolivia, el gobierno de facto busca hasta el último momento la posibilidad de evitar que el Movimiento al Socialismo se presente a las elecciones del 18 de octubre, luego de que la población saliera a las calles a presionar la fecha definitiva luego de que, siempre con la excusa de la pandemia, las elecciones fueran aplazadas en dos ocasiones más. Lograron inhabilitar a Evo Morales para que se presentara a cualquier cargo, pero no han podido evitar que el MAS presente un candidato presidencial, que según los últimos sondeos, lleva una enorme ventaja al segundo, al punto de que es posible que gane en primera vuelta, tal como había ocurrido en octubre cuando entre los militares, Estados Unidos y Almagro al servicio de estos, propiciaron el golpe de Estado.

Con Rafael Correa la situación no es diferente; una vez llegó a la presidencia, desde el discurso presidencial, Lenín Moreno marcó una diferencia con el expresidente. No es mentira que había tensiones entre los sectores sociales, algunos de los cuales no compartieron varias de las decisiones de gobierno de Correa y otros que se habían separado de su administración hacía algún tiempo por diferencias “de estilo” en el modo de conducir el Estado.

Las medidas de Moreno fueron anunciadas inicialmente como el camino para resolver dichas diferencias y fortalecer la unidad nacional. De forma gradual, pero a gran velocidad, el discurso de Moreno fue variando y empezó a centrar su gestión en el aspecto económico, anunciando un diagnóstico que ya se había dejado escuchar en Argentina y Brasil. La pesada herencia fiscal dejada por el gobierno anterior, que se dedicó a gastar recursos de forma desmedida en políticas sociales, fue el ariete con que Moreno rompió por completo con el proyecto que lo había llevado a la presidencia.

La respuesta dentro del mismo gobierno y de los sectores que respaldaban la gestión anterior no se hizo esperar. Pero la historia es para aprender de ella y Moreno tenía seguramente muy fresco el recuerdo del proceso que terminó con la expulsión de Lucio Gutiérrez de la presidencia en 2005, justo antes de la elección de Correa en la elección del año siguiente.

Una vez Gutiérrez se decidió por implementar las políticas neoliberales derivadas de un acuerdo stand by firmado en 2003 con el FMI, los sectores sociales que le habían apoyado empezaron a retirar su respaldo públicamente, generando un fuerte debate nacional respecto al rumbo del gobierno.

Moreno aprendió que permitir que el debate se diera desde el interior del gobierno y que ese debate fuera en términos de la política estatal y el rumbo de esta respecto a las conquistas logradas por la población de Ecuador lo iba a poner en apuros para explicar las razones de las decisiones que estaba tomando en contravía del mandato que lo puso como sucesor y continuador de la “revolución ciudadana” de Rafael Correa.

El camino más corto para ahorrarse este dolor de cabeza y volver los ojos de la población hacia otro lado fue hacer primero una gran purga interna de los elementos que continuaban leales al legado correísta. El más emblemático de los afectados como parte del gobierno de Moreno fue el vicepresidente Jorge Glas, quien desde 2017 paga una condena de seis años por el caso llamado Sobornos 2012-2016, el mismo por el que se sentenció con ocho años de prisión a Rafael Correa.

El objetivo de la condena a Correa tiene que ver no solamente con desvirtuar el legado político de su gobierno, sino con apartarlo de la posibilidad de regresar al ejecutivo, como fue su deseo manifiesto una vez Moreno implementó una agenda de contraria a la pactada como fuerza política.

Las elecciones en Ecuador están convocadas de manera oficial para el próximo 7 de febrero. Igual que en los demás países, se juega la continuidad o el cambio de un modelo de Estado. Las posibilidades del retorno del modelo progresista son altas; la fórmula planteada sería con Andrés Arauz como presidente y Rafael Correa a la vicepresidencia. Las encuestas favorecen la fórmula Arauz-Correa con más del 67% según encuesta Pollie y con el 63% según otros medios.

En ese sentido, la ratificación de la condena en su contra inhabilita como posible candidato vicepresidencial a Correa. El tribunal de casación emitió su sentencia el pasado 7 de setiembre, por lo que, aunque al cierre de la presente edición el Consejo Nacional Electoral no se ha pronunciado oficialmente, la inhabilitación seguramente quedará firme.

Pero la situación no para ahí; el progresismo ecuatoriano teme que se inhabilite también a Arauz, con lo que, a cinco meses de las elecciones, la fórmula quedaría desmantelada. Es importante recordar que no solo las directivas del movimiento que aglutina hoy al progresismo han sido perseguidas, como Paola Pabón, quien permaneció durante varios meses detenida, o Gabriela Rivadeneira, a quien se le ha otorgado asilo desde la Embajada de México.

Es importante recalcar que la persecución contra los gobiernos progresistas y sus representantes no es nueva. En el caso de Rafael Correa, se descubrió hace algunos días que una compañía española espiaba a dos de sus hijas y al mismo Correa cuando iba a Francia, España y Bélgica, país de origen de la madre de sus hijas.

Esta situación se dio a conocer luego de que un funcionario de la empresa UC Global SL revelara que los teléfonos asignados a las hijas de Correa llevaban, como parte de su sistema, un tipo de virus que permitía a la compañía robar información confidencial de los mismos.

De igual manera, se conocieron reportes por medio de los cuales se descubrió que los escoltas de la familia Correa pasaban información de itinerarios y movimientos a sus jefes. Esta compañía había sido contratada con el fin de brindar seguridad a las hijas de Correa mientras aún se desempeñaba como presidente y sus servicios fueron suspendidos debido a las sospechas de espionaje que despertó en la familia.

Aunque aún no se ha revelado quién o quiénes fueron los destinatarios finales de la información de la familia de Correa, sí se ha logrado establecer que posiblemente hayan tenido vinculación con el caso de Julian Assange, quien estuvo casi seis años asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, hasta que el mismo Lenín Moreno rompió el asilo y lo entregó a la policía.

El proceso electoral en Ecuador es altamente complejo y la derecha, hoy encabezada por Lenín Moreno, está moviendo todas sus fichas para sacar del camino el proyecto progresista que todavía persiste en la región pese a la persecución mediática, política y judicial.

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