El Reglamento General de la enseñanza a distancia como una de las medidas para enfrentar la pandemia de la Covid-19 en Bolivia fue aprobado el 6 de junio pasado como Decreto Supremo 4260 y en sus 11 artículos deja al descubierto las ineficiencias de las actuales autoridades en el sector.
Para Luis Alberto Callapino López, profesor en Políticas de Formación Docente, es evidente la falta de coordinación del Ministerio de Educación con sus diferentes instancias para producir textos y materiales audiovisuales con vistas a la distribución, teniendo en cuenta las limitaciones tecnológicas y de acceso a internet en algunos lugares.
Callapino López, citado por la versión digital del diario La Razón, comentó que según lo establecido en el artículo ocho de la cuestionada normativa, los estudiantes tendrán que seguir esperando por el resultado de la obra intelectual de maestros e incluso de sus mismos compañeros.
Lamentó que la plataforma educativa para la educación virtual entre sus exigencias mínimas requiera de un servidor, software de gestión académica, foro de educación, entre otras, que en la actual crisis económica que presenta el país es difícil de implementar.
Señaló el académico cómo la cartera de Estado deslinda toda responsabilidad de garantizar el acceso a la educación de calidad e igualdad de oportunidades, y deja esa decisión a las autoridades departamentales y distritales del sector, así como a las gobernaciones y alcaldías.
Asimismo, destacó la falta de un marco jurídico para respaldar las evaluaciones de los maestros en la modalidad a distancia y la rigidez en la superación profesional, donde sólo es válida la capacitación promovida y autorizada por el Ministerio de Educación de Bolivia.
Por otra parte, el descontento del magisterio en ciudades y zonas rurales fue evidente el pasado 16 de julio cuando el titular del sector del régimen de facto, Víctor Hugo Cárdenas, al presentar fragmentos en video de las reuniones, las intervenciones, sólo se enmarcó en pedir su renuncia.
Dos días antes, cientos de bolivianos en la ciudad de El Alto (La Paz) y en otros departamentos marcharon en contra del decreto supremo y de otras políticas gubernamentales que afectan a la salud y la estabilidad laboral durante la pandemia.
Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, rechazó la normativa porque requiere de inversiones como la instalación de una fibra óptica que familias de bajos recursos no podrán costear.
‘No estamos en condiciones. Hoy tenemos un problema económico, y ese problema económico dentro de la cadena productiva ya ha afectado a muchos sectores a nivel nacional desde obreros, los trabajadores informales. Merman los ingresos en varios sectores’, declaró Huarachi a medios de prensa locales.
Mientras tanto, la pobreza extrema aumenta y, según pronósticos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el 16,8 por ciento de 11,6 millones de habitantes de Bolivia serán afectados.