El gobierno argentino autorizó a las fuerzas de seguridad a disparar a un sospechoso sin dar la voz de alto y sin que medie agresión directa previa. «Apruébase el reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad», establece la resolución 956 publicada este lunes en el Boletín Oficial.
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La normativa incluye un anexo en el que describe todas las causales por las que las fuerzas de seguridad están autorizadas a emplear las armas letales. Dicha resolución lleva fecha del 27 de noviembre y fue firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich con ocasión de la cumbre del G20 celebrada en Buenos Aires, aunque el reglamento entrará en vigor este martes.
El artículo 2 permite a los agentes a usar «las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos (…) para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención».
Por el artículo 5 se considera aceptable disparar por la simple presunción de que el sospechoso esté armado, «cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal».
También estipula el empleo de armas letales cuando el sospechoso «se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves».
De acuerdo al reglamento, se considera un peligro inminente «cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal».
El gobierno ya había advertido que cambiaría la doctrina con respecto a las fuerzas de seguridad en su defensa de un policía local, Luis Chocobar, quien hace casi un año disparó por la espalda y causó la muerte a un ladrón que acuchilló a un turista para robarle dos cámaras.
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