El Poder Ejecutivo envió al Frente Amplio (FA) una evaluación del impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile a efectos de acelerar la sanción del acuerdo en la que asegura que se trata del «primer paso hacia un Uruguay más integrado en América Latina y abierto al mundo».
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Dicho informe fue elaborado por ministerios de Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas. Según se señala en la página web de Asamblea Uruguay (AU) Lista 2121, el sector del ministro de Economía Danilo Astori, el informe fue entregado el martes “como insumo para levantar el cuarto intermedio del Plenario Nacional, que -por 80 en 157 votos- había resuelto aplazar la decisión hasta contar con un informe de impacto antes de decidir la aprobación parlamentaria del proyecto de ley en cuestión”.
Sostiene el informe que el acuerdo traerá beneficios desde el punto de vista económico, político, medioambiental y social para Uruguay. Por esto se apela «a un modelo de inserción comercial cautelosa, pero también audaz e inteligente». Esto, agrega, supone una mirada global de «enfoque realista» y «pragmático».
Con respecto al pedido de que se negocien únicamente preferencias arancelarias para algunos bienes, agrega AU asegura que si bien hay escenarios que en lo teórico podrían parecer «deseables», en una instancia realista «no están a disposición de Uruguay, ni de ningún otro país».
«En el mundo, las negociaciones implican alcanzar compromisos regulatorios que refieren a un conjunto amplio de vínculos, en el que se pueden excluir sectores considerados clave por alguna de las partes, y con posiciones ambiciosas en aquellos con gran potencial para los intercambios económicos», señala.
Según el estudio de impacto, el mercado chileno resulta «sumamente interesante» para los servicios profesionales uruguayos, para los audiovisuales y de Tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Por tanto, se accede a un mercado de 17 millones de habitantes y se gana en sectores que demandan mano de obra calificada y no calificada y pagan sueldos superiores al salario promedio.
Asegura el informe que el acuerdo con Chile no supone «ningún costo» ni compromete la capacidad regulatoria del Estado uruguayo «en ninguna área o materia considerada estratégica».