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Editorial coronavirus | Mides | pandemia

32 infectados y 2 fallecidos en el residencial La Dolce Vita

Está llegando la hora de hacerse cargo

Por Alberto Grille.

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Caras y Caretas Diario

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Montado el show, rodeado de varios ministros y con el coronavirus instalado en al menos tres instituciones de larga estadía para adultos mayores, Álvaro Delgado reconoció que este problema de la relación de los ancianos con la sociedad es un problema que el país tiene de  muchos años atrás y que ha atravesado muchos gobiernos con distinto signo.

Sin embargo, el funcionario no resistió evitar la tentación de insinuar lo que han sido muchas de las intervenciones de las autoridades en estos dos meses de gobierno, responsabilizar de los males a los gobiernos anteriores.

En esta oportunidad, con su mejor cara de “yo no fui”, los ministros anunciaron que desde ahora, y “por primera vez”, el Mides y el Ministerio de Salud Pública van a coordinar para fiscalizar y eventualmente erradicar estas “situaciones espeluznantes” con las que se han encontrado al llegar al gobierno.

Para los lectores es obvio que las ruedas de prensa de todos los días no son para informarnos, informan poco y mal, sino para hacer política, lo que supone que todo lo que se puede esperar es que los que gobernaban antes son culpables de todo lo malo que se encuentre y los que gobiernan ahora están haciendo las cosas muy bien intencionados y además muy bien.

Esa es la ventaja, cuando saben utilizarla, de los que gobiernan y tienen los medios a su favor y militando para el poder y para beneficiarse del poder. Por lo tanto hay que ubicarse, todo lo que sucedió en los últimos quince años, lo que gusta y lo que no gusta, de lo que se hizo y lo que no se hizo, es principalmente responsabilidad de los gobiernos anteriores y todo lo que suceda desde el 1º de marzo, será principalmente responsabilidad del gobierno actual.

Hay que saber, además, que los que gobiernan y los que quieren gobernar están enterados de todo y cuando se hacen los que recién se enteran, nos están mintiendo.

Las mentiras ya son costumbre en autoridades que no han asumido que les llegó la hora de ponerse las pilas y dejarse de echarle la culpa a otros.

El Mides y el MSP coordinan permanentemente, desde 2014, cada uno en su área, en la tarea de controlar y fiscalizar estas instituciones en la dimensión sociosanitaria en que se desempeñan.

Tampoco es cierto que estos 1.208 residenciales para adultos mayores hayan caído del cielo, para sorpresa de los ministros Bartol y Salinas, ni para el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

La realidad sin maquillajes era conocida por todos desde hace muchos años, aunque la circulación del coronavirus en el territorio la ha puesto en el foco del gobierno, en virtud de que la experiencia de países como Estados Unidos, Francia, Italia y España ha hecho evidente que las principales víctimas de la pandemia han sido los adultos mayores y particularmente quienes se alojan en residencias para ancianos.

En Uruguay el tema que hoy desvela al gobierno está en el foco de INMayores, en el Mides, desde 2014, año en que por la Ley de Rendición de Cuentas, el control de estas instituciones pasó de la órbita del Ministerio de Salud Pública a la del Mides. Esta disposición  se discutió en el Senado que integraban Álvaro Delgado y Lacalle Pou, en las comisiones legislativas y en los medios de comunicación. También se discutió lo que se encontró el Mides cuando abrió la caja de Pandora y se debatieron los planes de acción que se adoptaron en esta área, que era y es de extrema complejidad y  cuestiona la sensibilidad de toda la sociedad.

Hasta 2014, los llamados “geriátricos” eran solamente un trámite en el MSP. Estas instituciones estaban registradas a través de actos administrativos como pedidos de habilitación, regularización o denuncias.

Cuando la tarea de regularización, control y fiscalización pasó al Mides, cruzaron 18 de Julio 540 expedientes que después de un cuidadoso peinado realizado por INMayores  quedaron reducidos a 340 instituciones que eran las que verdaderamente existían administrativamente.

A partir de allí comenzó un intenso trabajo que lleva cinco años y que logró el relevamiento de mil y tantas residencias en todo el país, a las que se ha localizado, identificado a sus dueños, visitado, fiscalizado y en muchísimos casos, controlado, sancionado y regularizado. Contribuyó mucho el hecho de que a partir de 2007, con el Sistema Integrado de Salud, los ancianos adquirieron derechos que no tenían y los prestadores privados y ASSE formalizaron historias clínicas que arrojaron luz sobre una realidad que era bastante desconocida. El Ministerio de Desarrollo Social dividió el universo de estas instituciones en aproximadamente tres tercios; un tercio son las que están habilitadas, en trámites más o menos avanzados de habilitación o que cumplen en general con la normativa vigente.

El segundo grupo, el más numeroso es el de las que no tienen incumplimientos de gravedad, es decir, cumplen la mayoría de la normativa administrativa y respetan los derechos de los ancianos. El tercer grupo, algo menos de un tercio, son los que tienen problemas graves y son visitados frecuentemente por el Mides, se les hacen intimaciones y recomendaciones se les fiscaliza y controla. La mitad de ellos funciona con precariedad porque se desenvuelven en contexto de pobreza, en donde dueños y ancianos internados son pobres.

En estos casos no hay maltrato aunque funcionan en condiciones que comprometen una vejez digna de los allí instalados.

Los ancianos no quieren salir de allí porque a veces viven mejor que como han vivido siempre.

El Mides a veces los orienta, ayuda en la formación del personal que los cuida, apoya con préstamos blandos para comprar frazadas, camas, cocinas y colchones.

El otro grupo, cien y pocos, es el más problemático, porque allí se presumen irregularidades, se comprueban maltratos, violaciones de las normas laborales o de las obligaciones con la Seguridad Social o la DGI. En la medida que el Mides no tiene facultades punitivas, colabora con la fiscalía para producir pruebas en los casos en que se sospecha la comisión de delitos y los denuncia. A veces las denuncias tienen andamiento y a veces resultan archivadas por la Justicia. En estos años, 30 residenciales fueron clausurados y siete dueños de geriátricos fueron condenados y algunos enviados a prisión. Otras veces, como en el residencial La Dolce Vita, de la calle Agraciada y Hermanos Gil, en donde resultaron infectados por Covid-19 32 ancianos y muerto uno de ellos, la Justicia no encontró mérito para actuar y la denuncia del Mides fue archivada.

Es difícil y costoso gestionar cuidados en poblaciones muy vulnerables y el Estado tiene recursos escasos. Los ancianos en situación de dependencia que habitan en estos hogares colectivos, que fueron detectados por el Censo de Hogares de 2011, son aproximadamente 16.000, el 2,4% del total de adultos mayores en el país.

Hay más de 1.200 establecimientos de este tipo que operan en la órbita privada. Los hay para ricos y para pobres, en el este y en el oeste, de 120.000 pesos por mes, y de 9.000 pesos mensuales, con camas articuladas y camas turcas, con jardín y baño privado y de cinco en un cuarto, con un pasillo entre las camas y la ropa en una valija debajo de la misma. En ese universo las autoridades y toda la sociedad deben trabajar para evitar que el virus haga estragos con nuestros viejos, recordando que el virus no hace asco a los ricos ni a los pobres, pero que los pobres se enferman y se mueren más.

Si bien hay distintos tipos de residenciales, la inmensa mayoría no tiene condiciones para enfrentar los riesgos de una emergencia sanitaria de las características de esta, no tienen condiciones para cumplir los protocolos de bioseguridad, ni realizar el aislamiento de los eventuales infectados ni los distanciamientos imprescindibles de los contactos.

El 18 de marzo, hace un mes y medio, la Sociedad de Geriatría alertó sobre el problema que se venía y realizó las recomendaciones apropiadas para residentes, familiares, trabajadores y propietarios de tales instituciones. El 19 de abril las reiteró manifestando una creciente preocupación que no se veía reflejada en las acciones del MSP y el Mides, los que no adoptaron disposiciones tales como la realización de testeos masivos y focalizados, fiscalización enfocada de las residencias más comprometidas, preparación de espacios para el aislamiento de las cohortes infectadas, salas hospitalarias para aquellos ancianos con patologías previas que comprometieran su evolución y casas de medio camino entre los residenciales y los hospitales que permitieran una vigilancia intensiva. El Sindicato Médico del Uruguay también llamó la atención de las autoridades y reiteró las recomendaciones que ya son conocidas y que en el caso de los geriátricos se vuelven alarmantes.

Las anteriores advertencias que han realizado los médicos y especialistas y que, por ahora, no han sido debidamente atendidas, no deben hacer olvidar las más elementales, hacer cumplir el protocolo de desinfección y limpieza, tomar precauciones para el personal involucrado y realizar la restricción de las visitas, teniendo en cuenta que las familias, además de ser un fuerte sostén afectivo, son como el Mides, los únicos que tienen legitimidad para denunciar infracciones y los únicos que en verdad  denuncian.

Está bueno que las autoridades se pongan las pilas y anuncien, al fin, que “iniciarán” la fiscalización de los residenciales más “espeluznantes”, también está muy bien que testeen en todos los residenciales a los funcionarios y a los internados. La verdad es que no parecían estar tan preocupados porque para nombrar a la directora de INMayores, la psicóloga especializada en infancia Malva Torterolo, de Cabildo abierto, se tomaron más de 35 días desde que decretó la emergencia sanitaria.

El coronavirus ya infectó a algunos ancianos en tres residenciales de los más grandes, en los que viven cerca de 150 adultos mayores, y hay fuerte riesgo de que la situación se extienda a otros establecimientos. El Ministerio de Salud Pública tiene el deber de hacerse cargo del control de los residenciales para adultos mayores y la recientemente nombrada subdirectora Nacional de Salud, la Dra. María del Luján Giúdice, sabe mucho de estos hogares porque en 2018 se cerraron dos residenciales que eran de su propiedad en la ciudad de Florida, con deudas laborales, impositivas y a la Seguridad Social, denuncias y sentencias judiciales y embargos en su contra.

La posibilidad de que el virus ocasione casos de infectados graves en estos residenciales era previsible y esperable. Las autoridades lo saben y tienen que estar preparadas para ello. Tendrán el apoyo de toda la sociedad y la responsabilidad social de toda la comunidad, pero en esto del virus, no hay cómo echarle la culpa al otro.

En verdad, llegó la hora de hacerse cargo.

 

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