Hay que dar otra vuelta a la perilla

En eso se puede estar de acuerdo, así como en la aspiración manifestada por actores políticos de diversas orientaciones de recuperar una perspectiva de diálogo y de tolerancia que no nos impida tener miradas comunes.

Sin embargo, esas diferencias, ese debate entre gente que piensa diferente es parte de la realidad y no puede soslayarse.

La manera en que se discute, el grado de encono, la soberbia, el agravio o el insulto son manifestaciones que deberían desaparecer si se quiere, al menos, comprender las diferentes visiones.

Yo, por ejemplo, soy contrario a la LUC, a la ley de medios, a las políticas que lleva adelante la coalición de gobierno y que afectan las empresas públicas, a algunas de las políticas económicas y de seguridad ciudadana.

Esto quiere decir que estoy en desacuerdo en casi todo.

Pero no soy un obcecado, comprendo que esas políticas responden a convicciones, a programas políticos consensuados entre los partidos que gobiernan y que el gobierno ha sido elegido por cinco años para gobernar.

Que no sea tan turro no quiere decir que no me oponga a lo que no estoy de acuerdo, que escriba contra esto, que observe los matices, que firme contra la LUC o que vaya a una manifestación pacífica si la ley vigente lo permitiera.

Aunque el lector no lo crea, yo quiero entender a todo el mundo y leo todo lo que me llega a las manos, diarios de derecha, autores de derecha, libros de derecha, economistas, políticos y filósofos de derecha. No obstante, yo no entiendo por qué el gobierno no adopta las recomendaciones que propuso el GACH, siendo que estas han sido estudiadas, meditadas, elaboradas por una entidad que el gobierno propuso e integró y que ha demostrado ser muy competente y estar muy alejada del debate político.

En realidad lo entiendo aunque no lo comparto, porque las posiciones del gobierno están impresas con un sesgo ideológico ultraliberal que a quienes no compartimos esta ideología nos resulta arcaico, injusto e inhumano.

Me parece patético que se diga que el GACH recomienda según criterios científicos y el gobierno resuelve según criterios políticos. Si fuera así, ¿cuáles son sus criterios políticos tan determinantes? ¿Por qué no los exponen? ¿Por qué no los explican?

Todos suponemos que las razones principales que esgrime el gobierno son una supuesta prudencia económica que le impide restringir más la movilidad social y la llamada “libertad responsable” que podría ser algo así como el derecho al suicidio, principio filosófico que le impide adoptar resoluciones que ejerza sobre la población o sobre los individuos, limitaciones a sus conductas incluyendo las que se tomen para asegurar la salud pública.

Tales razones suponen un orden de prelación que pone la magnitud de la crisis sanitaria por detrás de la economía y “la libertad responsable”.

¿Es razonable esta manera de pensar? Esa es la cuestión y por eso a quienes nos parece que estamos ante una catástrofe sanitaria tremenda, a quienes vemos que hay una matanza de casi 2.000 compatriotas por mes que al menos, podría procurarse mitigar, nos parece que estamos gobernados por gente que no está en sus cabales o que se rige por un fanatismo extremo.

No está bien que el presidente, desbordado por una realidad que no puede o no atina a controlar, culpe a la gente y a su circulación comunitaria del virus y la vincule al fracaso de la humanidad.

No se trata de una batalla política por quién gana la cabeza o la voluntad electoral como consecuencia de los errores o los aciertos del gobierno. Se trata de señalar los errores y de procurar que se tomen medidas bastante obvias para disminuir la incidencia de los contagios mientras se avanza en la vacunación de la población con el propósito de controlar o atenuar la propagación del virus, la gravedad de los contagios y la muerte de la población más vulnerable.

Por supuesto que hay matices o gradientes diversos que el Ejecutivo ha denominado “perillas”, que admiten más o menos restricciones, más o menos aportes a los sectores más vulnerables, más o menos limitaciones a la libertad de circulación y a la movilidad social.

Por supuesto que esta administración tiene más información y más capacidades de actuar o no actuar que el resto de la ciudadanía, la opinión pública y los partidos opositores.

Pero cuando las medidas que se toman no están dando los resultados esperados, hay que adoptar otras y así sucesivamente hasta que se mitiguen los efectos devastadores de la epidemia hasta el grado de que se pueda considerar limitada a lo mínimo posible.

Es evidente que cuando hablamos de medidas crecientes entran a jugar factores que pudieran considerarse dentro de lo que se podría calificar como relatividad. No se pueden postergar las medidas todos los meses diciendo que lo que no se blindó en abril se blindará en mayo y lo que no en junio o cuando la vacunación cumpla su hipotético efecto.

Si el gobierno actúa con prudencia y sabiduría debería tomar en cuenta otros factores políticos y sociales que representan parte considerable de la ciudadanía y que merecerían fuerte consideración y atención para gobernar mejor.

El Frente Amplio es más o menos la mitad de la población, los trabajadores organizados son una cuarta parte de los uruguayos, el Partido Colorados y Cabildo Abierto son parte sustancial de la coalición gobernante, los científicos, la Universidad de la República y el Instituto Pasteur han realizado una contribución potente a la lucha del Estado contra la pandemia, el GACH, algunas organizaciones empresariales y las instituciones representativas de las pequeñas y medianas empresas han hecho sentir de diversa manera su voz, promoviendo políticas más activas al presidente.

Sin embargo, las respuestas son muy modestas medidas, limitadas, austeras y no han sido eficaces para contener el avance de la pobreza, la indigencia y la desocupación, ni han logrado contener la magnitud de la expansión de la pandemia que ha llegado a ser en Uruguay una de las localizaciones que hoy tiene mayor número de contagios y de muertes en el mundo en relación con la población.

Tratando de consensuar entre los más amplios sectores sociales y los principales protagonistas de todo el espectro político, podrían adoptarse disposiciones de emergencia más intensas, como el otorgamiento de un ingreso básico de emergencia a los cuentapropistas, la suspensión de lanzamientos y los cortes de servicios de UTE, Antel y OSE, el diferimiento de cuotas de vivienda para los sectores más necesitados y aumento del seguro de desempleo y la flexibilización de su uso.

Se podría amparar a los trabajadores con mayor riesgo y con comorbilidades más severas mediante el otorgamiento de licencias especiales y priorizándolos, además, en la administración de vacunas.

Podría disponerse más apoyo a las micro y pequeñas empresas, sobre todo a aquellos sectores más perjudicados y volver a las restricciones de abril de 2020, adoptando medidas que restrinjan aún más la movilidad.

Seguir haciendo oídos sordos a estas propuestas nos lleva a un callejón sin salida.

Por eso a algunos nos parece irresponsable y temeraria la actitud del presidente de la República, porque no se puede ignorar a la inmensa mayoría de la sociedad organizada que quiere otra respuesta más comprensiva de las demandas sociales y de los reclamos de la comunidad científica; y quiere gobernantes que se muestren menos autosuficientes, negando la realidad o esperando la fatalidad de los daños sin actuar en consecuencia.