El impuesto a las jubilaciones militares no tendrá el voto 50

Por una vez habría que darle la derecha a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Al menos en lo que se refiere a los costos que representa para la seguridad social la deficitaria caja militar. De acuerdo a los datos hechos públicos por el subsecretario de la cartera, Pablo Ferreri, el déficit de la Caja Militar, que en el último año trepó a US$ 480 millones, es equivalente al del Banco de Previsión Social. La diferencia estriba en que mientras la caja militar atiende a 50.000 pasivos, el BPS lo hace con 600.000 jubilados y pensionistas.   Números asimétricos Esas cifras hablan por sí solas en cuanto a la asimetría entre ambas cajas y los privilegios acumulados por los retirados militares (particularmente los de mayor rango), pero el tema no termina allí, sino que además, el déficit de marras se duplicó en términos reales en los últimos diez años. Estos números no dan cuenta acabada de la naturaleza de esa abismal diferencia, ya que sólo el 20% de los retirados militares perciben jubilaciones por encima de los $ 50 mil. O sea, que el núcleo del problema se remite a unos diez mil jubilados y pensionistas castrenses. De acuerdo a Ferreri, el déficit de la caja militar responde a varias razones. Una de ellas es la relación entre activos y pasivos; otra, la inexistencia de un tope jubilatorio, lo que las dispara muy por encima del promedio de las jubilaciones del BPS, y un tercer elemento es que los retiros se producen a edades muy tempranas, en muchos casos apenas cumplidos los 40 años. A esta anomalía concurre el hecho de que el cómputo de las jubilaciones militares comienza no con el ejercicio activo de su profesión, sino desde que ingresan al Liceo Militar. Un cuarto elemento, que no menciona Ferreri, es que la plantilla en actividad de las FFAA viene siendo progresivamente reducida, lo que contribuye a explicar la asimetría entre activos y pasivos. Para mitigar el peso que ejerce este déficit sobre Rentas Generales, el gobierno presentó un proyecto, que ya tiene media sanción en el Senado, por el cual se gravarían las jubilaciones y pensiones militares por franjas, a partir de los jubilados que perciben entre $ 54.000 y $ 57.700, los que tendrían un descuento del 2%. Esa progresividad se incrementaría hasta llegar a las jubilaciones de $ 144.000, a las que se descontaría 20%. La iniciativa no es nueva, pero fue bloqueada en 2016 por el MPP, que condicionó su aplicación a la reestructura de la Caja en su conjunto. Por añadidura, sería transitoria. Se aplicaría por un lapso de 18 meses, hasta que esté instrumentada la reforma integral del sistema, y recaudaría unos US$ 40 millones al año. En términos porcentuales, esto sería aproximadamente un 10% del déficit anual generado por la caja militar.   Los acuerdos políticos y la Academia Llegar a un acuerdo sobre el tema no le resultó fácil a la bancada del FA. En principio, el sector IR, de la diputada Macarena Gelman, planteó extender la vigencia del impuesto de 18 meses a 15 años, así como equiparar la tasa de reemplazo de las jubilaciones militares a las policiales, de manera que no supere 85% lo que no fue aceptado por la mayoría de la bancada del FA. Por su parte, el grupo Casa Grande, de la senadora Constanza Moreira, también planteó modificar las tasas de reemplazo, subir la edad de retiro y disminuir los topes jubilatorios previstos en el proyecto de ley que finalmente el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento. Desde una óptica opuesta, el diputado Rafael Michelini intentó flexibilizar el proyecto presentando una propuesta para disminuir la carga del impuesto y al mismo tiempo extender el período para su aplicación, lo que tampoco tuvo andamiento. Teniendo en cuenta tropiezos legales anteriores (como, por ejemplo, la negociación con los judiciales), la Comisión de Hacienda solicitó informes jurídicos a las cátedras de Derecho Constitucional de las universidades. Tanto la Universidad Católica (UC) como la Universidad de la República (Udelar) se pronunciaron en sentido negativo. El informe de la UC establece que el impuesto que se pretende aplicar es inconstitucional, ya que impone la doble tributación, lo que entra en contradicción con el artículo 67 de la Constitución en la medida que “vulnera el principio de igualdad”, al gravar a un grupo de personas “sin que el mismo manifieste una capacidad contributiva mayor que justifique la diferenciación”. Asimismo el informe de la UC apercibe acerca de la violación del principio de igualdad, previsto en el artículo 8 de la Constitución, que en materia tributaria dispone que todos deben contribuir a las cargas públicas de acuerdo a su capacidad contributiva, por lo que no es admisible que a igual capacidad se grave más a uno que a otro. A parecidas conclusiones arriba el informe de la Udelar, que advierte que para recurrir ante la insuficiencia del producido de recursos diferidos, no corresponde gravar jubilaciones y pensiones, sino recurrir a la asistencia financiera del Estado. A esos informes se aferra el diputado de la Liga Federal Darío Pérez para restar el decisivo voto 50, que aseguraría la aprobación de la ley en la cámara baja. Hay que añadir a esto que, por idénticas razones, Unidad Popular también se alinea con la oposición (que no votará el impuesto por considerarlo “confiscatorio”) y no otorga su voto a la iniciativa. En sincronía con las advertencias de la Academia, los centros y círculos militares amenazan con presentar recursos ante la Suprema Corte de Justicia, impugnando lo que consideran una “doble tributación”, ya que los militares en retiro ya tributan el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). Lo curioso de la alarma que generó el informe de la Academia es que el expediente impositivo ya ha sido utilizado para aliviar el déficit de la caja bancaria sin que mediaran fallos de inconstitucionalidad al respecto. A esto habría que agregar que el impuesto proyectado para la caja militar es menos gravoso que el de la caja bancaria, ya que mientras el mínimo no imponible en la bancaria es de 6 BPC, el que se impondría a la militar lo haría a partir de las 15 BPC. Por añadidura, mientras la recaudación del IASS va a Rentas Generales, el impuesto proyectado estaría destinado a contener el propio déficit que genera la caja militar, ya que lo recaudado se destinará en forma íntegra al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas.   El dueño de la pelota A todo esto, Darío Pérez aparece como el árbitro del fiel de la balanza. Desafiando la disciplina partidaria, expresa que no votará el impuesto, aun cuando existiera mandato político al respecto. Visiblemente no se trata de un tema que involucre a la Liga Federal, ya que su compañero de bancada, Sergio Mier, dará su voto al proyecto. El tema se remite a la particular configuración que tiene la correlación de fuerzas a nivel parlamentario, donde el voto 50 es decisivo, lo que le confiere especial protagonismo a Darío Pérez, que de alguna manera recoge el legado del diputado Gonzalo Mujica, luego que este renunciara a su banca en el mes de setiembre. Sin embargo, las diferencias entre Darío Pérez y el conjunto de la coalición vienen de lejos y recientemente se manifestaron al votar junto a la oposición para aprobar el proyecto de ley de vivienda presentado por Unidad Popular, al cual el oficialismo califica de bueno, pero carente de soporte financiero, ya que su ejecución implicaría entre 1% y 2% del PIB. Pero además ya actuó a contrapelo de la bancada del FA al no votar dos artículos de la ley de Presupuesto. El primero referido a la disolución de la Policía Caminera y el segundo a la no reposición de 50% de las vacantes de soldados en las FFAA, lo que lo llevaría, junto a su compañero de agrupación, Sergio Mier, a comparecer ante el Tribunal de Conducta Política. Pero más allá de esas disonancias, Pérez ya manifestó su desacuerdo con la legalización del aborto, con la venta de marihuana en farmacias, con la ley de riego y con la reestructura del Banco República. No obstante, ninguno de estos desacuerdos lo puso en el ojo de la tormenta. De alguna manera, las dudas que manifestaba respecto a los temas mencionados sintonizaba con las que tenía buena parte de la opinión pública. Pero en este caso fue un paso más allá y su disidencia se expresó en dos puntos particularmente sensibles: uno, el referido al tema de la previsión social y el otro a los privilegios que en esa materia tienen un grupo de jubilados y pensionistas castrenses. En lo inmediato, no pasará nada. La consideración del proyecto se reanudará en marzo, una vez pasado el receso, y probablemente entonces se llegue a una fórmula de acuerdo. Desde esa óptica, es posible decir que la contumacia de Darío Pérez no pase de ser un episodio más y que acá no haya pasado nada. Empero, es posible pensar también que lo peor está por pasar y que el tema previsional sea una de las claves para avizorar un futuro sombrío. Pocos días atrás se llegó a un acuerdo acerca de las jubilaciones de los “cincuentones”. Se pondrá coto a la exacción de las administradoras privadas (AFAP) y 80.000 compatriotas podrán jubilarse cobrando 10% menos de lo que les correspondería por el régimen público (en lugar de entre 20% y 30% de rebaja que habrían significado los términos de retiro de las AFAP). Mientras en esta orilla mostrábamos satisfacción por la solución alcanzada, Argentina ardía ante la rebaja de 8% que la coalición de gobierno dispuso para los jubilados. Distintas reacciones ante dos modalidades distintas de expoliación y ante una estrategia de saqueo generalizado que ya generó el fenómeno que se conoce como “infantilización de la pobreza”, pero que se generalizará, tomando como primer objetivo a los más vulnerables. Tal vez le asistiera razón a Saramago cuando afirmaba que “hay venenos tan lentos que cuando llegan a producir efecto ya ni nos acordamos de su origen”.