La licenciada Mónica Giordano, referente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) en el área de Salud Mental, se comunicó con el fiscal de Flagrancia Diego Pérez para recibir información sobre el caso que involucra al relacionista público Fernando Cristino.
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Para el fiscal de Corte Jorge Díaz la intervención viola la reserva para terceros establecida en el artículo 259.2 del Código Penal. Además, aseguró que el hecho no fue comunicado al director general de la Fiscalía General de la Nación, como debe suceder. Por ello, expresó preocupación y solicitó que la INDDHH «informe sobre las razones que motivaron la actuación de la referida funcionaria».
En respuesta, la INDDHH publicó un comunicado en el que relata lo sucedido. Según declaran, el 3 de junio recibieron una comunicación del personal de salud del hospital Vilardebó por la situación de Cristino, que había sido internado luego de un altercado con un oficial de policía en un hotel, y (les dijeron) debía declarar sin estar en un condiciones.
Entonces, la directora de salud mental de la INDDHH, la doctora María Josefina Plá, solicitó a Giordano que se encargara de la situación. De los registros del procedimiento con el fiscal «surge que se desarrolló un intercambio profesional, correcto y colaborativo entre ambos profesionales». Aseguran, también, que no se pidió información reservada.
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