Informe de tortura en País Vasco

El informe preliminar, presentado en junio de 2016, identificó a 4.009 personas que fueron víctimas de distintas formasde tortura en el período considerado. Desde entonces, el documento ha sido analizado en el congreso “Verdad y reconocimiento para las víctimas de la tortura, tratos inhumanos y degradantes’ de la UPV/EHU, y ha sido ampliado y detallado. El trabajo de investigación ha estado liderado por el forense Francisco Etxeberria, que ha contado con la ayuda de tres médicos, un jurista y 40 investigadores. Según aquel primer documento, 4.009 personas fueron identificadas como víctimas de torturas o malos tratos. No obstante, ya entonces de matizaba que el número podría ascender a 4.810 personas, ya que algunas de ellas habían dado cuenta de más de un episodio. Dos mil casos fueron analizados con profundidad, y a unos 200 se les aplicó el Protocolo de Estambul. Sobre la presunta autoría de los hechos, la Guardia Civil fue responsabilizada por un total de 1.589 denuncias, la Policía Nacional por 1.561, la Ertzaintza (policía vasca), por 310, las Policías Municipales por 4, los funcionarios de prisiones por 19 y otras agencias, por 39. La presentación del informe, afectó las relaciones entre el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Partido Socialista de Euzkadi (PSE), socios en el Ejecutivo autonómico.  Mientras el primero admitió la veracidad del informe, que revela que la tortura fue una práctica sistemática en el País Vasco en las últimas décadas, el PSE lo niega de manera tajante. El Gobierno Vasco se ha mostrado autocrítico al expresar que «la tortura y sus víctimas necesitaron una mayor atención y respuesta por parte de todos», aunque ha cargado la responsabilidad particularmente  todo en el «ámbito estatal», donde ha pedido una «reflexión crítica» y un «reconocimiento del daño causado».