Inquilinos del poder

A horas de asumir (e incumpliendo una promesa electoral), el gobierno aumentó las tarifas de OSE, UTE y ANTEL en un 10% promedio. En el mismo acto disminuyó la reducción del IVA para las compras con tarjetas de débito (de 4% a 2%,) y de crédito (de 9% a 5%) en servicios turísticos. Para rematar, aprobó el decreto  90/2020 talando parejo el 15% del presupuesto previsto para 2020; sin mediar evaluación, ni mitigar consecuencias.

En esos días nos alcanzó la pandemia. No es reprochable la improvisación, ni los vaivenes. Lo que sí preocupa es el reflejo. Para juntar plata rápido y seguro, crearon el Fondo Coronavirus. El costo lo asumiría el asalariado con ingresos fácilmente atrapables, sin progresividad ni sofisticación alguna. El gran capital no contribuyó, ni hubo renuncias genuinas del sector agro exportador. El presidente fue claro, al capital no le tocaba empujar “porque a ellos les tocaría levantar el país”. Toda una confesión.

Este conjunto de medidas (las adoptadas y las ausentes) es profundamente clasista y regresivo; echa mano a los ingresos fijos, encarece los servicios ineludibles y aumenta impuestos indirectos que, por su naturaleza, no reparten parejo, como el IVA.

Dice mucho el reflejo, pero mucho más habla todo lo que no dice.

Para confirmar que el temporal seguirá cayendo sobre el lomo de los mismos, el P.E. presentó, el 5 de junio, la propuesta de ajuste salarial que regirá hasta junio de 2021. El ministro Mieres explicó el «ajuste puente» que, en sus propias palabras, no es nada menos que  la “pérdida de salario real por un año hasta que se recupere la economía”.  Nos dejó el «compromiso» de que esa «pérdida de poder adquisitivo del salario será compensada en cuando la economía recupere la senda de crecimiento”. Si hay algo incompensable son los bienes y los servicios que todos pagamos con el salario, sencillamente porque no hay chance de comer, ni de campear el invierno “retroactivamente”.

Era muy poética la imagen de campaña que proponía enseñar a pescar, pero de nada sirve si nos secan el río.

Se dirá que al gobierno le cayó encima la crisis sanitaria. Claro que hay variables completamente fuera de su control. Eso explica algunas consecuencias pero en ningún caso justifica las opciones. Reducir el Estado cuando más falta nos hace es una decisión. Apretar siempre los mismos cinturones; elegir del tablero las mismas perillas; cargar la noche a la cuenta del coronavirus y de la “herencia maldita”; no solo es falso, sino que cava el hoyo retórico sin fondo, que justifica la tierra arriba de los de siempre.

Perspectiva normativa

Con el país pausado, el gobierno de Lacalle apuró la ley de urgente consideración (LUC). Una versión de Truman Show donde es natural discutir de tapabocas “urgencias” como la contención de los piquetes -como si viviéramos en una asonada permanente-; o la libre des-inclusión financiera del salario, -cuando la gente no sabe si vuelve del seguro de paro.

El articulado propone un Estado fuertemente centralista, desconfiando y prescindente de las construcciones colectivas. Aun caótica en su redacción y tratamiento, trasparenta el peso de los platillos de las relaciones de poder.

A pesar del esfuerzo del Frente Amplio y de las alertas de la academia, el Senado aprobó un proyecto regresivo y autoritario. Legitimó el endurecimiento penal como solución y consagró la inflación punitiva al servicio del mensaje. La normas sobre legítima defensa, empoderamiento policial y militar; la restricción de la libertad  ambulatoria y de expresión son la derrota de toda la doctrina garantista que reserva el derecho penal a la última ratio. Prometer seguridad a cambio de libertad es, además, una cachetada a los dos últimos plebiscitos sobre el tema.

Difícilmente decrezcan los delitos, pero sí viviremos con más violencia, más discrecionalidad policial, con cárceles más clasistas y aún más colapsadas. Tampoco esto parece inquietar demasiado. Mayo registró seis muertes dentro de nuestras cárceles sin la más mínima reacción de las autoridades. No perdimos el miedo, lo cambiamos por uno más grande.

En las puertas de una crisis económica, social y laboral, la LUC restringe el derecho a huelga y declara ilegítimos los piquetes en espacios de circulación, al facultar a la policía a disolverlos, incluso con ayuda del Ejército. La aplicación de la LUC a la “vida real” renovará este debate, porque las certezas de una época son los problemas de las subsiguientes.

Perspectiva de la gestualidad

Los anuncios de gobierno de Lacalle pasaron de un relámpago en el cielo claro a una nube negra permanente. El mayor peligro es acostumbrarnos, desentrenar la indignación, naturalizar el deterioro del debate democrático, o de la transparencia. Porque ni el Estado es un quiosco, ni los uruguayos tenemos anestesiada la criticidad. Como el poeta que enseña que “uno no es culpable de lo que ama, sino de lo que perdona”. Igualito sucede con los pueblos.

No abundaré en cada fogonazo, solo comparto algunas perplejidades:

Las cadenas negadas al PIT-CNT y a “Familiares”. La estética moral del desprecio: uno hacia los trabajadores, sus luchas y sus conquistas colectivas; otro, una ruindad inmerecida con un colectivo de viejas que ya bastante tiene con las respuestas negadas por más de 40 años y con los uruguayos que cada año marchamos por verdad, memoria, justicia y nunca más.

El despilfarro en una encuesta comparativa de aprobación entre el Ministro Bartol y el MIDES del FA.

Las designaciones en la JUTEP, recurriendo a directores de entes ya en funciones, confundiendo, deliberadamente, controladores y controlados.

Las destituciones de un flamante jerarca en la CND y la marcha atrás en la designación de otro en ASSE (ambas desencadenadas tras desafortunadas declaraciones públicas de los involucrados), indicadores de que, finalmente, no estaban tan preparados.

Las gravísimas señales a la comunidad científica, cuando más evidente son: su aporte, el carácter siempre insuficiente de los recursos y la inmensa responsabilidad de su asesoramiento. En nada contribuyen las declaraciones del director de OPP, ni los recortes presupuestales, justamente hoy que la crisis sanitaria la cuerpea la UDELAR, la UTEC, el Instituto Pasteur y la ANII.

La puesta en escena de la auto-interpelación por el proyecto UPM 2, sin consecuencia alguna, como era esperable.

El ministro de Educación de Lacalle cuestionando el “gasto” –así le llaman- en comedores escolares y su planteo de reducirlos.

La marcha atrás en el Día del Patrimonio, cuando el Estado había anunciado, el 14 de setiembre de 2019, dedicar esta fiesta al centenario de Mario Benedetti.

Los actos del inquilino, tomados en el conjunto y en el tiempo, construyen o deterioran. Si al final del arrendamiento hubo derrumbes, todo se reducirá a quién tenía la piedra sobre la cabeza y quien la tenía en la mano.