La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) recomendó el “cese inmediato” de las derivaciones de personas a los centros Beraca e iniciar investigaciones a los efectos de determinar eventuales responsabilidades de quienes dispusieron las derivaciones.
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Una resolución dada a conocer en la tarde del lunes y enviada al presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak, de la Inddhh señala que tras una entrevista con el titular de la iglesia “Misión vida para las naciones”, Jorge Márquez, tomó conocimiento de 37 derivaciones de menores de edad. Estas fueron dispuestas por el Poder Judicial y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU). De esta manera decidió iniciar acciones de oficio.
De estas surge que la SCJ no registra convenios entre Beraca e instituciones del estado, mientras que el INAU informó que “Beraca no gestiona servicios en convenio” con la institución.
A partir de estas respuestas, la Inddhh entiende que el Estado uruguayo “no cumple con su deber de garante de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en instituciones privadas por decisión de instituciones claves en el funcionamiento del aparato estatal”. “Resulta evidente que no se realiza ningún tipo de control ni de las condiciones en que esas personas cumplen su privación de libertad”, subraya a continuación.
Para la Inddhh la derivación de personas, “institucionalizadas por decisión estatal”, a los hogares Beraca “sin previo convenio que establezca obligaciones” constituye “una flagrante violación del deber de garantía de los derechos humanos de estas personas por parte del estado uruguayo”.
En consecuencia la institución recomienda el cese de la derivación de personas a los hogares Beraca y el comienzo de investigaciones administrativas para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios. Además, para el caso de ser necesario derivar personas centros privados suscribir previamente los convenios que aseguren el cumplimiento de los derechos de esos individuos y dar un plazo de 15 días para informar acerca del cumplimiento de la notificación.
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