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Julio Rey fue fundador y presidente de la Federación de Cannabicultores del Uruguay, agrupación creada en 2014 pero que está inactiva hace algunos años. Posteriormente, participó como uno de los gestores para la fundación de la UPACC (Unión de Productores de Aceites y Cremas de Cannabis).
Actualmente, se define a sí mismo como unos de los referentes de ACCA, «un grupo de cultivadores domésticos de cannabis registrados y afines», reunidos «en defensa y ampliación» de sus derechos, según consta en el sitio web de la agrupación. De acuerdo con Rey, el grupo se fundó «a raíz de las avanzadillas» del anterior ministro del Interior, Jorge Larrañaga, sobre los registros de cultivadores.
Caras y Caretas Portal conversó con el referente para conocer su opinión sobre los cambios que el gobierno pretende implementar en la Ley 19.172, de Regulación y Control de Cannabis, incluidos en la Rendición de Cuentas ingresada al Parlamento el miércoles pasado.
La nueva redacción del artículo 8 de la mencionada ley, establece que «solo la información relativa a la identidad de los titulares de los actos de registro (cultivos) tendrá carácter de dato sensible». A partir de esta modificación, el Ministerio del Interior (MI) podrá acceder a los datos relativos a la ubicación de los cultivos y realizar «inspecciones y controles regulares».
Rey opinó que el eventual acceso a los datos por parte del MI, es «violatorio de las garantías que la ley ofrece». Además, señaló que la medida sería «principalmente una traición al contrato social». Con la aprobación de la Ley 19.172 en 2013, «se invitó a registrarse en el sistema a un montón de gente con la condición de que sus datos fuera protegidos, incluidas las direcciones y hoy parte del ejecutivo pretende revertir eso», agregó.
Sobre el hecho de que la policía o funcionarios del ministerio del interior realicen «inspecciones y controles regulares», Rey sostuvo que contradice principios de la Constitución, ya que «afecta lo que es el artículo referente a las actividades privadas de los hombres que no afecten a terceros, las cuales están exentas de la autoridad de los magistrados».
Cree que esto se agrava al considerarse que «son personas que están realizando una actividad lícita y que voluntariamente participaron de un registro y se les pretende controlar mediante el ingreso de la policía a su hogar». Destaca además que «hasta el día de hoy, el hogar es un sagrado inviolable según nuestra constitución y solo puede ser intervenido orden de un juez mediante».
El referente también discrepó con los argumentos de seguridad pública esgrimidos como motivo para la modificar la ley. «Estamos realizando una actividad legal, un cultivo legal, estamos consumiendo y cultivando marihuana legalmente, entonces ¿Cuál es la amenaza para la seguridad pública?», se preguntó.
Apuntó que en la medida «además hay una contradicción muy fuerte con la filosofía de libertad responsable que proclama este gobierno». «O sea que yo soy libre enfermarme si quiero, también soy libre de morirme por un virus si quiero, eso como respuesta a la emergencia sanitaria, y sin embargo una actividad lícita desarrollada en la intimidad de mi hogar está siendo cuestionada, me parece poco coherente», acotó.
Rey advirtió también sobre la peligrosidad de los allanamientos contra cultivadores que vienen registrándose. «Se ha procesado a gente que no ha cometido ilícito ninguno, más allá de este artículo 72 (de la Rendición de Cuentas) y del articulado de la LUC en cuanto a la seguridad pública», señaló.
Critica que «mediante la figura del juicio abreviado y una vieja figura de la ley de drogas, la 14.294 en nuestro país, que es la hipótesis de tenencia no para consumo, se han estado realizando allanamientos que encima son a partir de denuncias anónimas».
Según el referente, a algunos cultivadores «se les ha allanado, incautado y pesado flores verdes de marihuana sin secar», proceso por el cual la cosecha pierde entre «un 70 u 80 por ciento de peso».
«O sea, que están interrumpiendo los procesos de cultivo mediante allanamientos sumamente cuestionables y Fiscalía termina acusando (..) y formalizando personas hasta con prisión, peor aun procesándola por hipótesis de tenencia no para consumo, en base a que eso que se incautó es excedente, cuando en realidad está verde y ni siquiera constituye el stock aún. Esto es demostrable de nuestra parte y de los abogados defensores que están llevando los casos», añadió.
En un artículo recientemente publicado en el sitio web de ACCA, en donde la organización se manifiesta contraria a la pretensión del gobierno de acceder a los datos, se dan cuenta también de estas situaciones.
Julio Rey culminó sus declaraciones advirtiendo del peligro que significa para los cultivadores que la modificación de la Ley 19.172 prospere. «Los cultivadores registrados o no de nuestro país estarían expuestos al control policial, a la incautación y a formalizaciones o incluso privación de libertad, entonces lo que propone este articulo 72 es gravísimo», concluyó.
De esta forma, el referente y la agrupación de la que es parte (ACCA), se suman a las voces contrarias al cambio propuesto en la Rendición de Cuentas, al igual que la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay (FECCU) y el propio Secretario General de la Junta Nacional de Drogas y presidente del IRCCA, Daniel Radío.
